La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, imputó responsabilidad fiscal por $202.767.134.694, contra dos EPS, así como al Representante Legal de una IPS Pública, por irregularidades en la atención de los afiliados al régimen contributivo y subsidiado en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dentro de las vigencias comprendidas entre los años 2017 a enero de 2021 inclusive.
Las2orillas pudo determinar que las dos EPS involucradas son la Nueva EPS, la EPS más grande del país cuyo presidente desde 2009 es José Fernando Cardona, entidad a la cual la Reforma a la Salud busca capitalizar mediante las facultades extraordinarias solicitadas para el presidente Petro; y Sanitas EPS propiedad del Grupo Keralty donde el mayor accionista es el español Joseba Grajales, y cuyo presidente en Colombia desde 2019 es Juan Pablo Rueda Sánchez, quien ha estado vinculado a la empresa desde mayo de 2012 primero Gerente de Salud y luego como Vicepresidente de Salud.
La CGR determinó que estas dos EPS solicitaron a la ADRES $94.936.891.152, los cuales no se vieron representados en servicios de salud para sus usuarios en las Islas y a su turno estas EPS giraron a las Uniones Temporales prestadoras de servicios $2.905.830.271, los cuales tampoco se vieron representados en prestación de servicios de salud durante esas vigencias.
La IPS involucrada sería IPS UNIVERSITARIA, la IPS más grande de Antioquia y cuya sede principal es la antigua Clínica León XIII, que es de propiedad de la Universidad de Antioquia, que opera como una corporación mixta entre la Universidad de Antioquia y la Fundación de Apoyo a la Universidad de Antioquia, y cuya directora en el período cuestionado era la doctora Marta Ramírez Orrego, quién ocupaba el cargo desde el 2016 y renunció en febrero de este año por presiones de la Gobernación de Antioquia, ante un deuda a diciembre de 2022 por $ 48 mil millones con Savia Salud que tiene a la IPS al borde de la quiebra.
A esta IPS pública según la Contraloría le pagaron $87.172.819.868, cuando no estaba habilitada en ese departamento para prestar servicios de salud ni tampoco tenía contratos suscritos con las EPS para estas vigencias.
Por otra parte, se estableció que se le han dejado de pagar a la Gobernación de San Andrés $824.336.362, como contraprestación por la entrega de la infraestructura hospitalaria a la IPS Pública mediante el contrato interadministrativo celebrado entre ambas partes.
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