A finales de abril pasado, los vecinos del autódromo de Medellín -una obra que se suponía proyectada para circuitos de carros fórmula profesional- fueron sorprendido por un ruido de motores acelerados a fondo y alguno de ellos imaginaron que era el día de la inauguración. Al aproximarse, vieron una caravana de carros oficiales de la gobernación de Antioquia pilotados por funcionarios oficiales. No había comisarios, ni boxes y tampoco ambulancias o bomberos para atender eventuales emergencias.
El portal especializado Ruta Noticias preguntó, al describir los autos en carrera como “pesados” y “gastones” si un eventual percance hubiera sido considerado como un accidente laboral, quién pagaría por el combustible y quién respondería por daños en un escenario cuya pista aún está en construcción.
Por los mismos días en que se produjo esa carrera de exhibición, Juan Pablo López. secretario Regional y Sectorial de Desarrollo Territorial Sostenible y Regenerativo de la gobernación y Carlos Ignacio Uribe, gerente de Indeportes, estuvieron explicando las irregularidades halladas en la contratación y ejecución de la obra y hablaron de sobrecostos y malversaciones por $ 112.000 millones.
En un país acostumbrado a mirar por el espejo retrovisor, las responsabilidades han sido achacadas a Luis Pérez, gobernador de Antioquia entre 2016 a 2020, durante cuya administración fue ideado y contratado el proyecto de construir en Bello, en el área metropolitana, un complejo deportivo donde uno de los principales atractivos sería el autódromo. Sus especificaciones corresponderían a las señaladas por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) que ya había anunciado su aval.
Más allá del impacto político que podría tener la denuncia, ya que Pérez es visto desde ya como un actor clave en las elecciones regionales de octubre próximo, lo cierto es que el proyecto se debate entre las categorías de obra inconclusa y elefante blanco, establecidas por la Contraloría cuando se trata de mirar posibles detrimentos patrimoniales.
La entrega de la obra, en la que han sido invertido hasta hoy más de 167.000 millones, estaba prevista precisamente para octubre. Sin embargo, su estado sugiere que ese objetivo no será alcanzado. Un estudio de la Red de Veedurías de Colombia advierte que de la inversión inicial no menos de $37.000 millones fueron usados para gastos de burocracia o intermediación, a través de VIVA (Empresa de Vivienda de Antioquia).
Las obras contratadas recientemente no corresponden a todas las exigidas por la FIA para hacer apto el escenario para competencias de Fórmulas 2 y 3. El avance neto de las obras es del 17 % . Por lo demás, más del 80 % del proyecto no está asegurado porque no han sido contratadas oportunamente las pólizas.
Una mesa de concertación que incluya a la gobernación, a los órganos de control y a las veedurías ciudadanas es vista como una fórmula de excepción para buscar el rescate del proyecto, cuyo motor administrativo parece fundido.
Aunque la inversión excede ese monto, el costo inicial de la obra calculado por Indeportes -aunque la contratación la ha hecho Viva- era de $141.988.092.382. Los contratistas han sido INGECON S.A.S y COMPUSER S.A.S.
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A la situación se suman los pleitos judiciales que han surgido después de que fue declarado el siniestro por el incumplimiento del contrato de obra número 450 de agosto de 2019, suscrito ente VIVA e INGECON por la “presunta apropiación indebida de los recursos del anticipo entregado al contratista”. La amortización de la inversión del anticipo no ha sido acreditada.
Una demanda de controversias contractuales de CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. contra Viva, que se ventila ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia. Entre otras cosas los abogados de la aseguradora alegan que, en medio de un escenario de incumplimientos atribuibles a manejos irregulares de servidores públicos, la firma no tiene obligación de pago alguno.
“El amparo de cumplimiento únicamente cubre los perjuicios que le sean ocasionados a la entidad contratante por causa de un incumplimiento atribuible al contratista”, recalca la demanda en uno de sus apartes.
Como resultado de una Intervención funcional de oficio la Contraloría General de la República hizo siete hallazgos administrativos, todos ellos con posible incidencia disciplinaria y uno con posible incidencia fiscal por $112.684.032.424.
Entre otros problemas el organismo de control encontró que los pagos soportados en documentos que no corresponden a los gastos administrativos realizados. Hizo evidente “la ausencia de algunos componentes y no finalización de ejecución de elementos trascendentales para el correcto funcionamiento de la estructura”. Igualmente, mayor cantidad de obra pagada respecto de la ejecutada.
En el entretanto las obras lucen deterioradas por el abandono del proyecto. Hay vandalismo y hurto de materiales en el autódromo.
Por ahora los motores para el estreno del complejo y su autódromo están muy fríos.
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