A mí no sorprendió nada el encontronazo entre el presidente Petro y el fiscal general Barbosa. Yo estaba seguro de que un conflicto de esta naturaleza tarde o temprano se produciría por razones que expuse en mi columna del 28 de febrero de este mismo año, titulada ¿Qué pasa con nuestra policía? Columna escrita a raíz de los asesinatos, en el Magdalena, del líder campesino Milton Rocha Peña y del líder indígena Marco López Enríquez en el departamento de Nariño, ambos ocurridos en el mes de febrero precisamente. Para mi fueron las gotas que rebasaron el vaso de la indignación por cuanto se sumaron a los mas de mil asesinatos de líderes populares y de exguerrilleros firmantes de los acuerdos de paz cometidos antes y sobre todo después de la firma de estos últimos. Baño de sangre que pone en evidencia la actuación tanto de la Policía Nacional como la de la Fiscalía, por lo poco o muy poco han hecho tanto para prevenir esos crímenes como para investigar y llevar oportunamente ante los jueces a los autores materiales e intelectuales de los mismos. Cuando la inacción de la justicia se prolonga en demasía se convierte en impunidad. Y la justicia sino es tan pronta como cumplida ya no es justicia.
En aquella columna propuse el nombramiento de una comisión parlamentaria con el propósito de enjuiciar políticamente tanto el desempeño de la Fiscalía como de la Policía Nacional en un asunto tan grave como este, que pone seriamente en cuestión la legitimidad de ambas. Nadie me escuchó entonces, pero como el problema sigue allí, por mucho que los medios hegemónicos lo ignoren, terminó reventando a plena luz del día. Debido a la petición que el presidente Petro a Francisco Barbosa de investigar las denuncias publicadas en la Nueva Prensa por el periodista Gonzalo Guillén sobre la sospechosa inacción de la Fiscalía en el caso de 14 asesinatos supuestamente ordenados del Clan del Golfo. Y Barbosa, en vez de tomar nota de esa petición y declarar su intención de abrir una investigación al respecto, prefirió montar en cólera, rasgarse las vestiduras y acusar a Petro de violar con su petición la separación de poderes. Ha llegado hasta el extremo, como se sabe, de denunciarlo ante la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes por este motivo.
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Si el fiscal general de la Nación se siente así de indefenso, qué pueden sentir y pensar la inmensa mayoría de colombianos
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Creo sin embargo que le ha perdido la locuacidad, el chorro de declaraciones altisonantes acogidas con no disimulada satisfacción por la prensa dominante, que no ceja en su campaña de asedio y derribo del gobierno de Petro. Porque es un ultraje a la memoria de los mil y pico asesinatos impunes mencionados antes, que Francisco Barbosa se declare tan indefenso como lo estuvieron ellos y que en consecuencia decida sacar a su familia del país porque tema por su vida. Si el fiscal general de la Nación se siente así de indefenso, qué pueden sentir y pensar la inmensa mayoría de colombianos que no logran ni han logrado obtener el mismo grado de protección policial que él si puede y debe obtener. Quizás Barbosa no lo pensó ni ha pensado que su patético anuncio pone de presente una vez más que la Policía Nacional no está garantizando suficientemente la vida, los bienes y la honra de los colombianos.
Como creo que tampoco nuestro pendenciero fiscal se ha dado cuenta de lo que significa en realidad esta otra declaración suya. Es “curioso que el presidente de la República se ponga a fijar tuits acusando a la Fiscalía de favorecer a los paramilitares, cuando él, a través de una firma le solicitó al fiscal hace cuatro meses soltar narcotraficantes y herederos del Clan del Golfo”. O sea que para él no fue motivo de escándalo que el presidente le pidiera favorecer a los herederos del Clan, pero en cambio si lo ha sido – y de qué manera- que el presidente le pida que investigue unos asesinatos supuestamente cometidos por el mismísimo Clan. Si esto no es favorecerlo no sé lo que es favorecer.
