Esta semana que termina el país estuvo muy atento por cuenta de la decisión que la Corte Constitucional debía de tomar sobre el derecho de adopción por parte de parejas del mismo sexo. Dejando de lado temporalmente esta discusión, que no termina ni terminará en la respuesta emitida por ésta, el panorama político se vio aún más agitado por la iniciativa que la senadora Vivian Morales encabeza, para impulsar un referendo que establezca constitucionalmente la forma en que el Estado debe garantizar lo que, según ella y el grupo que lidera, es la “familia óptima” para recibir un menor en adopción.
Teniendo la expectativa ciudadana sobre este asunto como telón de fondo, la senadora Morales argumentó a través de los medios que, según estudios por ella conocidos, y que abarcan varias disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología, la medicina, etc, la familia más idónea para que un menor se desarrolle lo más equilibrado posible es la que está conformada por un hombre y por una mujer.
Sin embargo, tampoco es este el tema que me interesa abordar aquí. El ideal de familia heterosexual, es otra discusión de gran envergadura que se ha de dar a su debido tiempo, en este país del corazón de Jesús. El asunto en sí habría pasado como otra manifestación más del sentir religioso de otra figura pública-aunque debo confesar que me sorprendió que dicha propuesta proviniera de una mujer que se ha caracterizado por sus posturas liberales en otros asuntos de la vida política nacional- de no ser por el twit que la senadora Claudia López publicó, acusando a la señora Vivian de discriminar a su propia hija, para cazar votos en año de elecciones.
El hecho de que en la familia de Vivian Morales haya una persona homosexual, no tiene tampoco ninguna trascendencia, pues es el caso de muchas familias colombianas. Lo que si tiene trascendencia política y que hay que comenzar a mirar con lupa en la forma en que tradicionalmente se ha hecho la política en nuestro país, es el argumento de que una cosa es lo “público” y otra es lo “privado”.
Cuando a la senadora Morales le preguntaron diferentes medios de comunicación, que qué opinaba del comentario hecho por su colega López, la respuesta dada por ella fue que una cosa era lo que ella, como persona pública hacía y otra lo que sucediera en su vida privada. Esto es aceptable hasta cierto punto. Pero, hay una diferencia muy grande entre la teoría y la práctica. En teoría, la esfera pública se separa de la esfera privada en aras de comprender de la mejor forma posible las actividades humanas realizadas en ambas esferas. En la práctica, sin embargo, estas dos esferas son imposibles de separar, pues cualquier cosa que se haga o decida tendrá implicaciones que afectarán tanto a la una, como a la otra. La línea que separa lo público de lo privado es bastante difusa en la realidad social.
Una persona, más aun siendo una persona pública, no puede, o mejor, no debe, actuar o pensar de una manera en público y de otra en privado. Pues esto, no solo es un total contrasentido, sino que es además una falta de coherencia ética. Uno no puede decir, por ejemplo, que en su entorno más íntimo actúa y piensa de una forma conservadora, pero que en público actúa y piensa de manera liberal. La senadora Morales ha defendido su “pensamiento liberal” en su vida política, es miembro del Partido Liberal, pero, según esto, al interior de su familia tiene una actitud y un pensamiento conservador.
Esto genera una especie de confusión entre las personas que siguen las actuaciones de esta clase de personajes públicos. Ella es un referente moral y político para muchas personas, como todo miembro de la clase dirigente del país. Esta clase de contradicciones éticas es peligrosa si se acepta sin más, pues abre la puerta de lo que, desde hace mucho tiempo se ha dado en llamar “doble moral”, en el sentido de que las personas tienden a creer que está bien que se haga una cosa en público y otra en privado, y que no importa “lo que se haga”, con tal de que no trascienda a la esfera de lo público. Este comportamiento social daña ostensiblemente la confianza, que es un requisito fundamental en el funcionamiento del sistema social, político y económico. Las sociedades altamente desarrolladas basan sus relaciones en la confianza mutua, no solo entre individuos, sino entre éstos las instituciones.
Es un deber ético mantener una postura lo más coherente posible, entre lo que se piensa, se dice y se hace, tanto al interior como al exterior de nuestra vida social. Pues de ello depende que nuestra frágil e incipiente democracia, pueda en realidad ampliarse y profundizarse, para poder aspirar como nación, a ingresar en las grandes ligas de las sociedades posmodernas.
