Estamos reunidas 265 organizaciones sociales de cinco regiones del país para construir una agenda común para la paz desde los territorios. Recogiendo iniciativas y propuestas, haciendo análisis del contexto y de los diálogos de la Habana y el papel que jugamos como organizaciones sociales en la construcción de la paz. Se trata de un encuentro de dos días en Bogotá en el cual participan campesinos, mujeres, líderes comunales, indígenas, afrodescendientes, jóvenes, pescadores, defensores (as) de derechos humanos, estudiantes, y académicos, del cual saldrá un plan para incidir en las instancias regionales nacionales y territoriales. La reunión la posibilitan Planeta Paz y Oxfam.
“Les decimos a nuestros futuros gobernantes como queremos nuestros territorios”, dice Sandra Saenz, lideresa de la Red y quien aprovechó el taller para dejar inquietudes en el auditorio respecto a cómo puede la sociedad cambiar su cultura patriarcal tanto en la vida pública como intrafamiliar.
Henry Barco, representante de la Minga Nariñense por la Paz, considera que el país debe comprender que la “construcción de paz es un camino culebrero y lleno de espinas pero radicalmente, sin vacilaciones defendemos y vamos a defender el proceso con las Farc y el ELN porque estamos cansados de esta maldita guerra”, dijo.
Asimismo, el líder de la Minga reconoció que “la paz es una oportunidad riesgosa pero queremos asumirla”, aseguró tras insistir en que seguirán promoviendo la Agenda común de paz porque “estoy convencido de que la única bandera es la defensa del territorio”.
“No tenemos organización pero todos tomamos la decisión de defender el territorio”, dijo Julián Viña, líder del municipio de Piedra en el Tolima, única población del país capaz de adelantar un proceso de consulta popular para evitar la construcción de un relleno sanitario en la localidad y frenar la actividad minera y la explotación de hidrocarburos.
El líder de Piedras advirtió que la explotación de la mina La Colosa acabaría con 146 nacimientos de agua y pondría en riesgo el suministro para el Tolima. Además, hay 346 bloques de tierra adjudicados para exploración y explotación de hidrocarburos y cuando estén en producción, el 56 por ciento de ellos no pagará regalías, dijo citando el informe de la Contraloría.
En Montes de María las comunidades también se sienten amenazadas por un paulatino despojo y expulsión ‘legalizada’ de sus territorios. “Es imposible la paz en un territorio donde se enfrentan dos modelos de desarrollo y las tierras están asediadas por palma, teca y minería y se están secando las ciénagas. Las autoridades no son capaces de frenar la situación”, concluyó Miguel Miranda, líder de Montes de María.
