En las intervenciones del presidente Gustavo Petro al hablar del legado histórico al que se suma para ver de cambiar las anquilosadas estructuras que gobiernan a Colombia, si bien ha reconocido en ellas a figuras como la de Alfonso López Pumarejo y Jorge Eliécer Gaitán, le ha faltado, a mi parecer, la muy representativa de Carlos Lleras Restrepo, presidente durante 1966 a 1970, gobierno que denominara de Transformación Nacional.
Solo en los mandatos de Lleras Restrepo y Gustavo Petro se ha llegado al estado de animosidad entre las diferentes ramas del poder público, ante la imposibilidad de los presidentes de que el Congreso les aprobara las diferentes reformas que consideraban indispensables para sortear las dificultades que tenía el país.
Que en el caso de Lleras incluyó su renuncia a la presidencia de la República, finalmente no aceptada pero luego de un barullo político de ribetes dramáticos hasta entonces desconocidos. Tampoco le faltó la amonestación pública del Procurador de entonces por presunta participación en política, todo en la tónica de salvar sus reformas.
Los remoquetes de dictador, emperador, etc., por parte de sus opositores políticos tampoco faltaron, y tal vez lo único diferente, con lo que nos acompaña actualmente, fue el trato si no del todo favorable sí respetable dado por el periodismo a Lleras, que había hecho parte de aquella como escritor y funcionario, y pertenecía a una de las familias más reconocidas de la sociedad.
Y es que, a pesar de los 50 años transcurridos desde dichos sucesos, las premisas institucionales que han regido hasta el momento el discurrir de la nación, no son muy distintas a las que afrontamos ya bien entrado el siglo XXI. Tal vez la única diferencia apreciable y por tanto sus consecuencias han consistido en que para 1960 los habitantes éramos 15.7 millones, mientras hoy sobrepasamos los 50. Y los delitos de aquella época eran menos numerosos y graves que los escandalosos e incontables de los tiempos que corren.
La pregunta es cómo, dada dicha diferencia de tiempo y población, los presidentes respectivos encontraron que las razones puntuales de sus mandatos estaban encaminadas a lograr un cambio sustancial de las políticas públicas de la nación, y en especial del campo como forma de superar problemas que impedían su progreso y las posibilidades de bienestar de sus ciudadanos en general.
Cualquiera, desconocedor de la realidad económica y social, recurriría al argumento consabido de que han sido intentos aislados de mandatarios marxistas, que no necesitan razones contundentes para adelantar gobiernos revolucionarios sin importar la fecha en que les toque el turno. Pero el caso al que aludimos dista de semejantes presupuestos a los que acude la derecha.
Carlos Lleras Restrepo fue un político liberal, que ni siquiera militó dentro del grupo social demócrata, considerado de corte izquierdista, como sí lo fueron otros miembros importantes del partido liberal. Además, pertenecía a una de las familias más tradicionales de Colombia, en general ancladas en las más conservadoras tradiciones en materia política y social. Sin embargo, siempre fue reconocido por su recio carácter y extraordinaria capacidad de trabajo y claridad para entender los más diversos problemas del país.
Del presidente Gustavo Petro, aparte de su militancia joven en el M-19 -no precisamente un movimiento guerrillero de izquierda y menos de estirpe marxista, aunque sí ligado de alguna manera a la lucha por los derechos de los más débiles conculcados por los partidos tradicionales liberal y conservador- se dio a conocer como un extraordinario parlamentario empeñado en destapar la oscura urdimbre del narcotráfico y el paramilitarismo.
Tarea quijotesca y peligrosa a la que agregaba estudios de economía y otras disciplinas que han hecho parte de un acervo cultural amplio, y que como político progresista lo llevaron primero a la alcaldía de Bogotá en 2012, y luego a la presidencia de la República en 2022, dentro de una coalición de izquierda, que la oposición conservadurista solo atina a llamar comunista, cuando se encuentran en estados razonables.
¿Entonces, qué hace posible una similitud tan notable entre dos administraciones tan alejadas en el tiempo y con líderes tan diferentes, pero que terminan, fruto de la defensa de sus programas, enfrentando situaciones tan parecidas a nivel político e institucional?
Y solo encontramos como respuesta, que la estructura económico-social de Colombia no ha cambiado a pesar de los tiempos y algunos intentos por transformar su división política centralista en federalista. Ni la que quiso transformar Lleras Restrepo ni la que intenta superar Gustavo Petro. Y que los problemas agravados hogaño solo son consecuencia del crecimiento vegetativo de la población dentro de unas limitaciones originales que superan fácilmente los 2 siglos de existencia.
Porque básicamente el país de siempre ha estado constituido por las mismas ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y pare de contar, rodeadas por todos lados de inmensos latifundios en su gran mayoría improductivos y cientos pueblos pequeños, y cuyo único objetivo ha sido mantener en la inmensidad de su geografía un orden feudal inconmovible.
Restricción de viejísima data que, con el aumento vegetativo de una población emprendedora obligada a buscar su supervivencia y progreso, ha producido un crecimiento traumático, ilegal y violento, en buena parte promovido por negocios e instrumentos ilícitos. Y eso es lo que tenemos multiplicado hasta el presente.
Pocas ciudades de apariencia moderna ligadas al capitalismo internacional a través de la explotación de los recursos naturales y el trabajo urbano, donde viven un poco más de 20 millones de ciudadanos. Y un mundo rural anárquico de tal cariz que los desmirriados poderes nacionales que dicen reglarlo, terminan auspiciando tal desorden, donde se desenvuelven 30 millones de habitantes. Con parajes inmensos donde impera el más fuerte, con negocios criminales altamente rentables como el narcotráfico, la tala de bosques, la minería ilegal, y toda la profusión de delitos anejos donde unos pocos convierten en víctimas a la mayoría.
El desconocimiento de esta realidad acuciante de Colombia y el largo tiempo que impera este modo insostenible de cosas --que llevó, y ya vamos para la centuria, a Alfonso López Pumarejo a buscar intervenirlo, a Lleras Restrepo a intentar lo mismo hace ya 40 años, y, ahora, al actual presidente Gustavo Petro a cambiarlo, cuando incluso el contagio ilícito y violento en las grandes ciudades se hace más patente-- hace lastimosamente comprensible que se pida a nombre de la ciencia y de la técnica -representación extraña hoy de la sabiduría- que cualquier reforma sea apenas perceptible.
Y menos cuando esta mesura en los cambios se utiliza para defender intereses y rentas de quienes se han aprovechado tanto de las ventajas que se procuran en ambos campos tanto el rural como el urbano, y cuando adivinar qué le viene al país, luego de una pandemia que dejó problemas no resueltos y las duras quejas de una juventud sin esperanzas, no requiere muchos segundos.