Por décadas, Villa de Leyva tuvo un plaza de mercado campesina, con su propio espacio, donde campesinos de las regiones circunvecinas venían a vender su productos los sábados. La plaza se vestía de fiesta con los colores, olores y sabores de los productos del campo. Campesinos desde Chiquinquirá hasta Samacá, pasando por los pueblos del Alto Ricaurte y la misma Villa de Leyva, vendían sus productos en armonía bajo carpas blancas que ellos mismos instalaban cada sábado. Sin embargo, un alcalde acusado de corrupción, llamado Javier Castellanos le tenía los ojos puestos a ese amplio terreno, y con la excusa de “renovar la plaza”, lanzó un proyecto de 13 mil millones de pesos que convertiría la plaza en un centro comercial, con 250 parqueaderos subterráneos y un espacio absurdamente pequeño para los campesinos que antes ocupaban toda la plaza.
De hecho, estaba expulsando a los campesinos de su propia plaza y los trasladó a un lote donde no tienen ni agua ni baños, en un piso en tierra. Se puede decir que el último mercado herencia de los muiscas estaba siendo destruido para satisfacer el apetito voraz del alcalde acusado de corrupción, que según dicen, ya tenía montado todo el negocio de la construcción y distribución del centro comercial para su propio peculio.
A pesar de la oposición de los campesinos a este desalojo, se fue por las vías de hecho, cercando todo el terreno de la plaza, proclamando que las obras habían comenzado y comenzó a destruir el piso de cemento de la misma. Ya se rumoraba en el pueblo que él mismo había adquirido las volquetas encargadas de sacar la demolición y traer los materiales de construcción, para hacer más redondo el negocio.
Gracias a la oposición de grupos cívicos ante semejante adefesio, se logró la intervención del ICANH, ya que el sitio de la plaza, situado cerca de un antiguo cementerio muisca y podría contener restos arqueológicos. La obra fue detenida hasta que la alcaldía presentara un “plan de arqueología preventiva”, para lo cual el alcalde contrató con una pequeña compañía privada que vino, excavó unos pocos huecos y dijo que allí no había restos arqueológicos. Entonces el ICANH dio luz verde al proyecto, el cual se reinició con voladores el lunes 8 de mayo, cosa que jamás debió haber pasado.
El alcalde no solo estaba destruyendo un mercado tradicional campesino, donde por décadas se habían creado lazos de amistad y de comercio entre campesinos y clientes, es decir, estaba destruyendo ese “patrimonio inmaterial” que al ICANH le hubiera correspondido defender si tuvieran sus funcionarios algo de conciencia sobre la conservación de las costumbres y la importancia de este comercio iniciado por los muiscas en épocas inmemorables, donde llegaban no solo los alimentos sino las artes y tradiciones que caracterizaron la cultura de nuestros antepasados indígenas: cerámicas de Ráquira, tejidos y cestería del alto Ricaurte, modos tradicionales campesinos de preparar alimentos, etc.
Sin embargo, lo más patético y risible es el plan de “arqueología preventiva” aprobado por el ICANH que se reduce simplemente a hacer arqueología con buldóceres, es decir, cuando un buldócer ya haya destruido cualquier resto arqueológico del lugar, aparecerán los arqueólogos a recoger los destrozos, cuando ya no haya nada que hacer, una farsa total.
Para hacer un verdadero plan de arqueología preventiva, se debió haber levantado todo el cemento de la plaza y haber hecho excavaciones minuciosas, las cuales podrían haber tomar meses o incluso años. Pero eso no le convenía al alcalde Castellanos, quien ya tenía contratada la obra y que saldrá de su cargo este año. Su legado será el robo más grande que se le ha hecho a la herencia muisca desde la invasión española, patrocinado por un ente del gobierno que se lavó las manos frente a esta tremenda destrucción del patrimonio, el ICANH, al igual que la Alcaldía de Tunja y la de Villa de Leyva, quienes como los españoles que destruyeron el templo de El Sol en Sogamoso para apoderarse del oro, vieron oro destruyendo la plaza de mercado para instalar en su reemplazo locales del alto costo para comerciantes ya ricos, pero que se los come la avaricia.
La obra ya está causando un gran nivel de contaminación en las zonas aledañas por donde están pasando las volquetas que ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos de control de emisiones, dejando sus nubes negras de contaminación y de ruido.
Esta obra NO significa ningún progreso para Villa de Leyva, sino la destrucción de su patrimonio cultural e histórico con el fin de satisfacer la sed de ganancias y de poder de unos pocos.
