La versión inicial difundida por ella misma es que Aída Merlano, excongresista deportada el 10 de marzo de Venezuela, había sido víctima de golpizas y torturas en la cárcel de mujeres El Buen Pastor. Esa denuncia le dio pie a su abogado para pedir su autorización a una unidad militar, única forma de protegerla de un posible plan para asesinarla.
La Procuraduría decidió evaluar el mérito de la denuncia, pero al llegar al Buen Pastor se encontró con testimonios de las guardianas y de las reclusas sobre lo que en verdad habría ocurrido: una feroz pelea a entre Merlano y una de las oficiales de la guardia.
Un diagnóstico médico certifica que la excongresista sufrió “traumatismo contundente múltiple y esguince en el tobillo derecho. Otro certificado precisa que su contendiente en la pelea no salió mejor librada.
Este 7 de mayo el Ministerio Público anunció la apertura de una indagación preliminar, cuyos resultados serán claves también para que no se siga dilatando el interrogatorio que la excongresista, condenada ya por corrupción al elector, venía rindiendo. Las pruebas que ella misma anunciado le servirán a la Corte Suprema para decidir de fondo la situación jurídica del exsenador Arturo Char y de otros integrantes de las casas políticas más importantes de la costa.
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