Uno de los debates más fuertes en el trámite del Plan Nacional de Desarrollo lo ha producido el artículo 356 de la iniciativa que, en opinión de los gremios de la ingeniería, abriría el camino para que las obras de infraestructura hasta por 6.000 salarios mínimos sean contratadas prácticamente a dedo y sin el concurso de expertos.
El artículo plantea que los contratos respectivos podrán ser adjudicados mediante un proceso de selección abreviada a las que el presidente Petro ha llamado “Asociaciones de Economía Popular”, juntas de acción comunal y otras entidades sin ánimo de lucro.
Al cabo de un intenso debate, una primera votación realizada la noche del jueves 2 de abril en el Senado concluyó en un empate a 39 votos. En una segunda ronda una exigua mayoría de 39 a 36 a favor del artículo.
Sectores del gremio de los ingenieros pusieron el grito en el cielo. A juicio de Rodrigo Fernández, presidente de la Sociedad que los agrupa en Santander, la pretendida norma impide prácticamente la participación de profesionales en ese campo en la construcción de obras que requieren destrezas y conocimientos especializados.
Según ellos, existe un riesgo adicional porque cuando una obra exceda el monto de los 6.000 salarios mínimos (cerca de 7.000 millones de pesos) se podría producir una desagregación o fragmentación del contrato y eludir los procesos de selección objetiva, conducta que es sancionable según el Código Penal. En la misma dirección el artículo chocaría con el actual Estatuto para la Contratación Pública y lo derogaría en aspectos clave.
Para Juan Martín Caicedo Ferrer el resultado sería un trato excluyente para las empresas de pequeña y mediana ingeniería que, al ser formales, pagan impuestos y generan empleo.
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