El año 2016 fue uno de los más difíciles y penosos para los inversionistas del mercado extrabancario de las libranzas, o préstamos descontables a través de las nóminas de las empresas. En esa época se desplomaron poderosos operadores como Estraval, Vesting Group y Elite que cayeron en el pecado de la captación masiva, habitual e ilegal.
Las pérdidas fueron superiores a las causadas por las pirámides y superaron el billón de pesos. La mayor caída individual fue la Estraval en la que se vieron afectadas personas de todo el país que confiaron más de $600.000 millones al mercado, afectado entonces por vicios como el de la duplicación de pagarés para respaldar más de una inversión.
Hoy, siete años después, se sienten todavía los fuertes coletazos de la crisis. La Superintendencia de Sociedades y sus agentes liquidadores buscan recuperar el mayor número de recursos para resarcir a quienes actuaron de buena fe y fueron defraudados. Esos coletazos se han sentido hasta en las mejores familias.
De eso pueden dar fe hoy los Pacheco, dueños de Scotiabank, antes Colpatria. La entidad acaba de quedar obligada a pagar $12.168.540.602,69 millones a las víctimas de Estraval a través de las cuentas de la liquidación. La situación se plantea al quedar en firme una decisión tomada por la Superintendencia delegada de Procedimientos Mercantiles, que fue objeto de apelaciones y escaló hasta llegar a los estrados de la Corte Constitucional.
El fallo deshizo una operación celebrada el 13 de abril de 2016, cuando Mercantil Colpatria anunció la compra de 46.052 acciones que pertenecían a Juan Carlos Bastidas y a Tecfin.
Bastidas era entonces la cabeza de Estraval y Tecfin, era llamada por él mismo y por sus socios su “fábrica de créditos”. Con la operación se saldaba una obligación que Bastidas y Estraval tenían con el Banco Colpatria
Por varias razones la Superintendencia de Sociedades miró con recelo la operación. La principal de ella es que se perfeccionaba con prisa inusual en vísperas de que Estraval entrara formalmente en proceso de reorganización. Otra, que el precio señalado a las acciones parecía muy bajo.
Por eso la operación entró un rango de sospecha. Según las normas vigentes, los actos realizados por una firma en las condiciones en la que estaba Estraval, dentro de los 18 meses anteriores a su admisión en un proceso concursal, podrían ser revocados. Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando la Superintendencia advirtió que el dinero de las acciones debía haber hecho parte de la masa de recursos disponibles para resarcir a los clientes defraudados por la operadora de libranzas.
A juicio de Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo, el delegado de Procedimientos Mercantiles, ese pago anticipado de obligaciones que no estaban vencidas, dejaban incluso vestigio de mala fe.
Eduardo y Mario Pacheco
Las audiencias asistieron personas tan prestantes como Eduardo y Mario Pacheco Cortés; Camila y Daniela Pacheco Mejía y Rosalba Cortés de Pacheco, integrantes de uno de los conglomerados más importantes y mejor reputados del país. Defendieron a fondo la buena fe de la operación, pero perdieron la batalla jurídica que se avecinaba.
Los abogados de Scotiabank Colpatria S.A. y Mercantil Colpatria S.A propusieron una serie de excepciones y alegaron falta de legitimación de la causa e invocaron los postulados de legalidad y buena fe. Su apelación no prosperó. A partir del 19 de mayo de 2022 el caso escaló alto. Vía tutela pasó del Tribunal Superior de Bogotá y llegó a la Corte Suprema de Justicia, que confirmaron en esencia lo decidido.
También tocó las puertas de la Corte Constitucional, tras un pedido para que el máximo juez constitucional -autoridad de cierre en materia de tutelas- seleccionara y revisara lo sucedido. Cuando esto ocurrió uno de los magistrados se declaró impedido por haber sido en el pasado asesor jurídico de Colpatria. Su impedimento no prosperó, pero finalmente la tutela no fue revisada.
Así las cosas, la decisión judicial inicial quedó confirmada y los recursos que hicieron parte de la compra de las acciones tendrán que ir a engrosar los recursos de la liquidación de Estraval. Los cerca de $13.000 millones serán distribuidos entre 1.900 afectados, que recibirán en promedio cada uno cerca de $6 millones.
Hasta hoy han sido recuperados, entre dinero y bienes, más de $243.000 millones de los $613.000 confiados por a Estraval y sus afectados. Los esfuerzos por el resarcimiento han trascendido fronteras y han llegado a Estados Unidos y Panamá, donde fueron localizados y recuperados activos por cerca de US$2 millones.
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