La reunión convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro en Bogotá el martes 25/4 con asistencia de EEUU, la Unión Europea, Canadá, y varios países latinoamericanos —un total de 20 asistentes— no aportó mucho, ni satisfizo la expectativa colombiana de que Petro se sitúe como un líder regional capaz de articular el cese de una dictadura y el inicio de la restauración democrática en Venezuela.
EEUU no levanta las sanciones al gobierno chavista si no hay elecciones organizadas de manera transparente y realizadas democráticamente, como también las exige la Unión Europea.
Nicolás Maduro sostiene que si se mantienen las sanciones económicas y no se habilita la llegada de millones de dólares embargados por diferentes países, no retoma las negociaciones con la oposición venezolana, —imprescindibles para efectuar elecciones generales— iniciadas en México en agosto del 2021 y actualmente suspendidas. Esa es la situación hoy.
La importancia de la conferencia, que ya anunció una nueva reunión, es haber puesto en primer plano la realidad venezolana que sufre una crisis humanitaria; un 76,6% de la población en situación de pobreza; un vergonzoso último puesto en los indicadores de corrupción regional y cuarto en el mundo, de acuerdo a Transparencia Internacional; una emigración estimada por ACNUR en 7 millones de exiliados básicamente económicos; y una investigación sobre crímenes de lesa humanidad iniciada por la Corte Penal Internacional (CPI) a partir de más de mil denuncias provenientes de miles de testimonios recabados y aceptados por la CPI.
Elecciones libres. El primer y excluyente punto que reclamaron los embajadores convocados por Petro en el Palacio de San Carlos, sede la Cancillería colombiana, es el de que exista «un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos». En ello abundó Josep Borrell Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea enviado a la conferencia: «que las 21 observaciones que hicimos para mejorar la calidad democrática del proceso se implementen», en referencia a las deficiencias constatadas por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la UE, que monitoreó las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021 realizadas en Venezuela.
Desde 2014 la situación de Venezuela requiere de la intervención de la comunidad internacional, pero sin la participación de la sociedad venezolana —hoy muy polarizada, aunque una notoria mayoría desaprueba a Maduro— no se ve una salida.
A Maduro no le interesa llegar a las elecciones del 2024 y sistemáticamente ha torpedeado las negociaciones con la oposición reclamadas por la comunidad internacional. De ahí que haya propuesto condiciones difícilmente aceptables para retomar los diálogos: libertad del abogado colombiano Alex Saab, su principal testaferro preso en EEUU; exclusión de Noruega como país garante de las conversaciones con la oposición; levantamiento previo de todas las sanciones; llegada a Miraflores de los fondos internacionales que fueran embargados para evitar que la cúpula chavista continuara la sangría aplicada a los dineros del estado venezolano. Condición esta desopilante cuando ha quedado en evidencia en los últimos días, con publicidad hecha por Maduro, de que se han perdido miles de millones de dólares a causa de «la corrupción”, en realidad por enfrentamientos en la «corporación criminal que tiene como fundamento económico las operaciones ilegales, la mafia» que gobierna el país, según Miguel Henrique Otero, director en el exilio de El Nacional de Caracas.
Derechos Humanos. El presidente Petro ha insistido en la necesidad de que Venezuela vuelva al Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que se fue en 2012 en época de Hugo Chávez. La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Esmeralda Arosemena lo considera posible en caso de que desde Miraflores se exprese esa voluntad. Hacerlo significaría aceptar la veeduría de la CIDH, así como las eventuales consecuencias de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), le ordene al estado venezolano adelante investigaciones imparciales con garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, desmantelamiento de los mecanismos de represión, que se permita ayuda humanitaria y la actuación de organismos humanitarios. Y lo que más teme el régimen: No impunidad.
Amnistía Internacional, Human Watch Right (HWR), la Comisión Internacional de Juristas y unas veinte ONGs venezolanas, exigen lo que se enumera en el párrafo anterior.
Tres aspectos se destacan de la dictadura chavista llegada al poder mediante elecciones democráticas y cuya fecha de finalización no se avizora:
—Una enseñanza: que las democracias no tienen fe de vida garantizadas. Venezuela en los setenta más allá de sus carencias era una de las democracias más sólidas de Latinoamérica, refugio de exiliados latinoamericanos corridos de sus respectivos países. Hoy, es sinónimo del nuevo tipo de dictaduras latinoamericanas de izquierda.
—Una constatación: que a diferencia de las dictaduras de los ochenta en el Cono Sur, en que los gobiernos democráticos de la región apoyaban el retiro de las dictaduras encabezadas por Videla, Pinochet, los militares brasileños o uruguayos; las condiciones políticas e ideológicas de varios gobiernos latinoamericanos afines a lo que supuestamente representa Maduro, no reclaman el retorno democrático venezolano, sino que consideran al chavismo uno de los elementos de la ecuación política de Venezuela.
—Una enseñanza: la unidad de los partidos opositores a toda dictadura es condición básica para recuperar la democracia. Hay atomización. Está la Plataforma Unitaria, que inició el diálogo en México, integrada por Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Luego está la Alianza Democrática, donde varios de sus 25 partidos (de derecha, centro, centro izquierda, socialdemocracia e izquierda) han sido judicializados e intervenidos por el régimen. Separado de estas organizaciones, actúa Vente Venezuela, movimiento político de orientación liberal republicana, autodefinido de centro, con estructura federativa, liderado por la ex legisladora María Corina Machado, partidaria del «capitalismo popular».
La permanente divergencia entre los líderes opositores ha coadyuvado a la permanencia de la dictadura chavista.
