Una verdadera revolución sería el del diálogo en un país de sordos. Diálogo para encontrar fórmulas de cambio. Proyectos de reformas sin conversación no van a ninguna parte.
No se sabe cuál será el resultado de cada una de las reformas, salud, pensional, laboral, en su recorrido por el Congreso. Los temas son demasiado importantes, comprometen demasiados intereses, como para que algunos crean que basta una buena dosis de mermelada (jalea, dicen ahora) para que se aprueben a pupitrazo limpio. No va a ocurrir. Las proposiciones de modificaciones estarán a al orden del día y es probable que “las líneas rojas” del gobierno se traspasen en los debates y votaciones. Fuera del ya conocido riesgo, en el caso de la reforma a la salud, relacionado con el carácter estatutario que, dicen algunos que saben, debe tener la ley. Así las cosas, La Corte podría declarar inconstitucional la ley en el caso en que se tramitara.
No me quiero referir al contenido específico de cada uno de los proyectos de ley aludidos sino a la única salida que existe, dentro de un sistema democrático, cuando se quieren impulsar cambios: concertar, discutir, acordar, negociar. El mandato vale tanto para el gobierno como para aquellos partidos que consideran que los cambios son necesarios.
La democracia colombiana tiene muchos desafíos. Millones de colombianos requieren que las coberturas de distintos servicios públicos lleguen a sus territorios. Que los recursos no se los roben. Que haya más equidad. Con sus enormes defectos, sin embargo, ha sido a través de los canales democráticos que ha llegado a la presidencia Gustavo Petro, un hecho impensable antes del 91. Fortalecer la democracia debería ser un mandato suyo.
Es obvio que su agenda no puede ser la misma que la de su antecesor, una extensión del proyecto de quien gobernó durante ocho años y mantuvo durante diez o doce más una influencia de primer orden en la vida política nacional. Ni tampoco la de Santos, así muchos estemos de acuerdo con que los esfuerzos que condujeron al Acuerdo de Paz valieron toda la pena.
No obstante, hay un error que pudiera llamarse fundacional. Petro ganó raspando a un rival poco competente. Creer que llegar al Palacio de Nariño es el pasaporte para el cambio en los términos en que los concibe él, sin concesiones, es una falla garrafal. Simplemente porque ignora lo que muchos, también millones, opinan y desean. ¿Puede llegarse a acuerdos? Por supuesto, si se dialoga.
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Creer que llegar al Palacio de Nariño es el pasaporte para el cambio en los términos en que los concibe él, sin concesiones, es una falla garrafal
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La democracia es diálogo, conversación, escuchar, conceder. Y, por supuesto, convencer. Lo que estamos presenciando, como van las cosas, podría conducir a que el gobierno se quede sin el pan y sin el queso. El tiempo pasa veloz…
Qué difícil que es hablar, persuadir, ceder en Colombia.
Aunque se trata de una democracia parlamentaria, todavía está fresco el recuerdo de lo que ocurrió en Alemania con la “coalición del semáforo” a finales del 2021, una fórmula viable de gobierno entre partidos diferentes. Cada uno (rojo el socialdemócrata, verde el ídem, amarillo el liberal), para armar la coalición, tuvo que conceder. Los liberales (centro derecha) cedieron en su demanda de reducir la carga regulatoria sobre las empresas y aceptaron la introducción de impuestos a las emisiones de carbono; los verdes, que tenían ambiciosas metas para reducir emisiones de gases invernadero para el 2040, se vieron obligados a reducirlas y también a bajar los impuestos sobre la herencia y la propiedad (exigidos por el liberal). El socialdemócrata tuvo que aceptar la exigencia del liberal de no aumentar los impuestos a las empresas. En fin, como decía hace casi tres décadas Antanas Mockus, “todos ponen, todos toman”, refiriéndose al juego de la pirinola y la obligación de dialogar y conceder y, así, llegar a acuerdos.
Hay varias discusiones pendientes detrás de la intransigencia. Una de ellas, la de considerar que “lo público” es exclusivamente “lo estatal”. Distintas formas de asociatividad ciudadana, que no son estatales, pero que sí tienen como objeto el fortalecimiento de los bienes públicos, están a la orden del día en las democracias modernas. Las empresas van comprometiéndose con el medio ambiente y con la responsabilidad social. Hace décadas que están sobre el tapete las tipologías de acuerdos entre estados y el sector privado. Naciones Unidos, a raíz de los Objetivos del Desarrollo (los ODS, entre los que se inscribe la lucha contra el cambio climático) ha buscado el compromiso del sector privado en su cumplimiento.
Y en un terreno de mercado, apenas un ejemplo, no quiero imaginar cuál sería la cobertura de internet en Colombia, aún deficiente, si se hubiese continuado con el monopolio estatal.
Aún es tiempo de dialogar, de escuchar, de conceder y cambiar.
