Era martes primero de junio de 2004. La representante liberal Clara Pinillos invitó a su casa a 17 de sus compañeros de la Comisión Primera que conformaban con ella el bloque mayoritario que, según sus cuentas, hundiría el proyecto de acto legislativo con el que el presidente Álvaro Uribe buscaba asegurarse la reelección.
La reunión no pasó desapercibida para la casa de Nariño. Al día siguiente, el entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, llegó a la oficina 512 del llamado edificio nuevo del Congreso, donde despachaba la representante Yidis Medina, una inexperta parlamentaria que reemplazaba temporalmente en la curul al dirigente santandereano Iván Díaz Mateus.
Según ella, el ministro le ofreció el oro y el moro para que cambiara su intención de voto. Ante su renuncia y desconfianza iniciales, Pretelt la invitó a la Casa de Nariño para que hablara en privado con Uribe, si necesitaba ese nivel de garantía para que se convenciera de que el gobierno le cumpliría con lo que le estaba prometiendo.
En presencia del mandatario Yidis se comprometió a votar “sí”, a cambio de que su amigo Carlos Correa Mosquera fuera designado director de la Clínica Primero de Mayo de su natal Barrancabermeja. Alberto Velásquez, secretario general de la presidencia, tomó nota de otros nombres recomendados por ella durante la reunión y durante los días posteriores: César Guzmán, para la Dirección de Infraestructura Carcelaria del ministerio del Interior y Sandra Domínguez para la Notaría Segunda del puerto.
Simultáneamente, según lo confesó tiempo después ante la Corte, el también representante primíparo Teodolindo Avendaño recibió en su oficina 415 B la visita del ministro de Protección, Diego Palacio. La oferta -cumplida a la postre- es que podría disponer de la Notaría 67 de Bogotá o vender ese “cupo” por $450 millones respaldados con un pagaré. También podría contar con un contrato de prestación de servicios para su nuera Vania Constanza Castro.
El jueves siguiente Yidis Medina, para sorpresa de sus compañeros, votó sí a favor de la reforma constitucional que incluía el famoso articulito para la “reelección”, mientras que a Teodolindo le bastó con ausentarse de la sesión para modificar las mayorías. La coalición del gobierno -que al comienzo todos daban por derrotada- ganó por un voto y en camino de la reelección quedó libre.
Transcurrieron once años para que la Corte Suprema dictara sentencia definitiva contra los dos ministros que hicieron la gestión política-burocrática y al Secretario General de la Presidencia y garante de su cumplimiento. Fueron 80 meses de prisión para los dos miembros del gabinete y 10 meses menos para el Secretario, más largas inhabilidades para todos.
En el fallo que calificó las maniobras como un delito de cohecho, la Corte reprochó que “el Estado sobornara al propio Estado” y juzgó como un grave atentado contra el orden institucional que el gobierno atentara contra la independencia del legislativo y que se aprovechara para ello de la “pobre formación intelectual” de los dos congresistas menos expertos de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara.
Esta historia recobró actualidad este martes 18 de abril, cuando Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, llegó al Congreso mientras en la Comisión Séptima, incapaz de iniciar el debate sobre el proyecto de reforma a la salud -una de las banderas de su esposo Gustavo Petro- se reflejaba una crisis y un conato de desintegración de la colación tejida por el gobierno para conseguir la aprobación de la iniciativa.
La señora Alcocer llegaba para invitar a la Casa de Nariño a los congresistas de La U y del Partido Conservador que anunciaron el retiro de su apoyo al proyecto y a los liberales que han navegado en el mar de las inseguridades.
Según algunos observadores, Si el poder de persuasión de la primera dama se traduce en halagos burocráticos, el caso sería equiparable jurídicamente al de la Yidispolítica. Según otros, hay una enorme diferencia entre una reforma constitucional que pudo haber desquiciado el orden institucional para garantizar la reelección de un presidente y un proyecto de ley que solo busca cambiar el modelo de política pública en materia de salud. Sin embargo, no está claro que la ley reconozca esas diferencias.
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