¨El Personaje Oscuro, verdadero enemigo de la Paz¨.
Para algunos en Colombia resulta enfadoso hablar de reconocimiento al estatus político y es así por ese anticuado y obsoleto criterio, que rige en ellos, de quiénes deberían ser reconocidos como actores del conflicto armado no internacional. Señores, es tiempo de evolucionar.
No es un embeleco reconocer lo que es un hecho notorio para muchos y a la vez negado por otros: algunos actores del conflicto ejercen control territorial, político, económico y social en nuestro país. Y se llaman a engaños quienes pretenden desconocer esta situación por el solo hecho de negar una negociación; la misma que sería el único instrumento para llegar a la tan anhelada, y publicitada, paz total.
Siempre he sido defensor del debate de ideas, de la academia, del libre pensar, pero esto es diferente a estar de acuerdo con las posiciones egoístas y sesgadas que no admiten otro argumento más allá del ataque personal. Negar la existencia de actores del conflicto armado que realmente quieren verdaderos cambios sociales en sus territorios de influencia, es tan absurdo como decir que unos grupos son ¨buenos¨ y otros son malos.
El debate no (como así lo es en otras latitudes) se debería centrar en el anacrónico discurso, de que la lucha de determinado actor del conflicto armado, para tener ¨estatus político¨, necesariamente requiere tomar el poder por las armas. Nada más equivocado que equiparar esa lucha con los verdaderos postulados del reconocimiento político.
La discusión no puede girar en torno a si el accionar político-militar de un actor del conflicto se encuentra dentro de los márgenes de los delitos tipificados en el código penal y, además, si estos delitos son el baremo para legitimar una negociación de paz.
Necesario resultaría concluir, sumado al hecho de que en Colombia no está definido como tal el delito político, más allá de lo establecido en el título XVIII, “de los delitos contra el régimen constitucional y legal”, donde directamente procede a la tipificación de algunas conductas específicas, que no puede negarse, más allá del ego y la prepotencia, que existen otros actores del conflicto armado, diferentes a las disidencias de las Farc y el Eln, que han tenido y tienen el poder político-militar para combatir alas fuerzas del Estado, lo cual no debería ser motivo de orgullo para ellos, pero que es un hecho notorio el cual ni el gobierno, ni la comunidad en general, pueden negar.
El universo de conductas de carácter penal que resultan de un conflicto armado, es mucho más complejo y profundo del que se piensa, conductas que nunca serán entendidas (ni toleradas), sino se entiende el real contexto social, cultural, histórico y político de los territorios donde los actores del conflicto ejercen verdadera influencia y control territorial. Considero un error y no de poca monta, seguir insistiendo en que la única salida al conflicto es negando la existencia de lo que ya es notorio, aplicando el código penal y las inoperantes normas de sometimiento.
