“Hoy quiero decirle a Cali, mi ciudad, que mi compromiso con devolverle a la ciudadanía la fe en las instituciones sigue intacto”, declaró el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, el mismo día que la entidad a su cargo tomó dos decisiones de trascendencia: embargar las cuentas y los bienes del alcalde Jorge Iván y enviar a la Fiscalía copias de los expedientes que contienen evidencias de posibles delitos imputables al mandatario.
Tan pronto como recibió la remesa de la Contraloría, la Unidad de Fiscales Anticorrupción abrió una indagación preliminar contra Ospina y ahora estudia la posibilidad de unificarla, por tratarse de materias similares, de los procesos que tiene en curso hace seis meses.
El principal de los casos enviados por la Contraloría al organismo de investigación y acusación penal es el relacionado con un contrato originado en EMCALI e intermediado entre la Imprenta Departamental del Valle del Cauca - IMPRETIC ́S - y la Unión Temporal Windetec.
Se suma un convenio interadministrativo suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia de la Policía Metropolitana de Cali, en la ejecución del contrato para la entrega e instalación de cámaras de seguridad. El detrimento al patrimonio público en este caso alcanzaría los $1.854.603.749.
La relación de contratos cuestionados por la Contraloría y que ahora serán examinados por la justicia penal incluye un contrato por más de $176.000 millones para la reposición de componentes priorizados de las unidades de clarificación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Puerto Mallarino - Fase I. El daño al patrimonio público consistiría en el pago indebido de trabajos no desarrollados
En este caso la responsabilidad de la administración sería compartida con el Gerente de Área de Abastecimiento Empresarial, el Ingeniero de Proyectos y varios contratistas miembros del consorcio “ASECAF Clarificación Puerto Mallarino”. Por este caso fueron embargadas 21 cuentas bancarias de los investigados.
Al dossier está adicionado al contrato de Línea de Aducción Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP Rio Cali, Barrio San Antonio. El valor del anticipo de este contrato, que incluye esfuerzos del Ministerio de Vivienda, no fue amortizado y las obras están inconclusas. El riesgo patrimonial es de $14.107.087.377.
En este caso la lista de posibles implicados incluyen al Gerente de Área Funcional y Gestión al Cliente de EMCALI y a las empresas contratistas. Fueron dispuestas medidas cautelares sobre 45 cuentas bancarias y 12 inmuebles.
Las anomalías en EMCALI incluyen también un negocio denominado “Atención integral de las actividades derivadas de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y sus actividades complementarias e inherentes. La subcontratación pasó por encima del aval exigido. Ahí están en juego $2.418.754.017.
Fiscales de Cali desarrollan simultáneamente indagaciones sobre contratos celebrados en las secretarías y frente a los cuales el alcalde Ospina ha dicho que no le puede ser atribuida responsabilidad alguna si hubo anomalías, ya que el delegó esas responsabilidades. El Consejo de Estado ha dicho en varios casos que las delegaciones no eximen de responsabilidad a los servidores públicos.
La Justicia penal está examinando también la posible incidencia de nexos familiares del alcalde en los procesos de contratación. Ospina ha dejado gradualmente su actitud de negación permanente y ya reconoció que el contratista Christian Moreno Herrera es pariente Herrera. El martes 4 de abril el mandatario dijo al respecto: “Mi madre tiene un primo hermano y un hijo, llamado Christian Moreno, contratista de Cali desde (Rodrigo) Guerrero, firmando en esa época 16 contratos y 26 en el gobierno (Maurice) Armitage. No hay parentesco directo”.
La existencia de esa experiencia contractual previa ya había sido mencionada en noviembre de 2022 por Moreno en una entrevista con Las2Orillas. Sin embargo, se trata de asuntos distintos porque ni el contratista ni su padre, Ramón Moreno, tiene nexos familiares con Guerrero ni con Armitage, como sí ocurre con Ospina.
Ahora las decisiones estarán en manos de la Procuraduría -que también tiene en curso una indagación disciplinaria contra el alcalde de Cali-, la Contraloría y la Fiscalía.
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