Pese a que la ortodoxia económica la ha tachado de improductiva, la denominada economía popular (EP), que se refiere a oficios y ocupaciones mercantiles y no mercantiles desarrolladas por unidades económicas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas), en cualquier sector económico[1], ha venido ganando fuerza en los últimos años entre los gobiernos progresistas a América latina. Argentina y Ecuador han hecho sus avances en esta materia, y ahora Colombia, con la llegada del nuevo gobierno, tiene intenciones de ello.
El problema principal radica en que, luego de décadas de apertura económica, primacía de un modelo económico de mercado y adopción de recetas económicas enmarcadas en el modelo neoliberal, el sistema colombiano actual en términos jurídico-económicos parece no ser compatible o, al menos, favorable con agentes económicos que presentan estas cualidades. Problemas históricos de la economía nacional, como la alta concentración de rentas, téngase en cuenta que para el año 2021 el coeficiente de Gini fue 0.523[2] —el segundo más alto de Suramérica, tan sólo superado por Brasil, que es una nación con poco más del cuádruple de habitantes—, el poco acceso al crédito por gran parte de la población, la inflexibilidad institucional del mercado de trabajo, las altas barreras de entrada para el empresariado naciente, la conformación y persistencia de oligopolios y monopolios que inhiben la innovación tecnológica y la competitividad, generando ineficiencia productiva, como conductas rentistas o parasitarias del capital, y sumado a todo esto a la escasez de capital humano derivada de rigideces en el sector educativo, han tenido como consecuencia la configuración de altos niveles de desigualdad y pobreza que, a su vez, acarrear como efecto subsecuente altos índices de informalidad[3] —para el total nacional, en el trimestre móvil noviembre 2022 - enero 2023 la proporción de ocupados informales fue 57,9%—. En otras palabras, ante la necesidad de subsistir, los sectores excluidos del mercado laboral crean su propio trabajo.
No obstante, es importante aclarar y entender que economía popular no es sinónimo de economía informal. Existe una sección observable desde el punto de vista jurídico-económico de la EP —cuentan con NIT, RUT, y formalidades de esta naturaleza—, compuesta principalmente por micronegocios y microempresas, la cual, dada su situación de madurez económica más avanzada, resulta loable su participación en el sistema de compras públicas, tal como pretende el gobierno en el corto y mediano plazo.
Otra oportunidad podría ser la identificación y el apoyo a unidades productivas de baja o mediana escala que operan como satélite de una firma reconocida. Estos casos, en particular, responderían a uno de los puntos problemáticos planteados ante el tema: la desconfianza en que unidades productivas de este tipo tengan las capacidades técnicas para competir en el mercado nacional, incluso internacional, o participar de las compras públicas.
Adenda: a manera de respuesta a las duras posiciones de la ortodoxia económica mencionadas al comienzo de este artículo, hay que tener en cuenta que Elinor Ostrom, politóloga estadounidense galardonada con el premio Nobel de Economía en 2009, hacía referencia a la existencia de casos en las sociedades modernas que demostraban que la asociatividad de pequeñas unidades económicas, del tipo de la EP, y no preponderancia de iniciativas privadas de grandes capitales, resultaban más estables y socialmente eficientes en el largo plazo.
[1] Véase las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND-2023/2023-02-06-Bases-PND-2023.pdf
[2] Véase el Comunicado de prensa del DANE del 26 de abril de 2022: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2021/Comunicado-pobreza-monetaria_2021.pdf
[3] Véase: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social#:~:text=Para%20el%20total%20nacional%2C%20en,anterior%20(58%2C4%25).
