La región norte del Valle del Cauca ha sido azotada por el Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) conocido como "La Firma", dedicada al control y tráfico de estupefacientes, la extorsión y el desplazamiento forzado en el norte del Valle del Cauca. Con alianzas criminales que les permiten tener injerencia criminal en municipios circunvecinos como Argelia, Cartago, La Unión, El Cairo, Obando, La Victoria, Roldanillo, Zarzal y todo el norte del Valle del Cauca.
La organización es liderada por Cesar Eduardo Montoya Acosta, alias "Cesar", mientras que Yamid Eduardo Montoya Acosta, alias "Yamilito" o "Cabezón", dinamiza el expendio de estupefacientes controlando la dinámica criminal.
Entre los integrantes de "La Firma" se encuentran Jorge Leonardo García, conocido como "El Seis" o "Leo"; "El Paisa"; y John Faber Soto Pareja, alias "Cusco". Este último fue capturado después de haber cometido una masacre en La Unión, donde perdieron la vida tres personas, incluyendo a Salome, una niña de 8 años, víctima de sus disparos.
Alias Cusco además se le responsabiliza de otras dos masacres ocurridas entre el 2022 en La Unión y Toro, también sería el responsable de ocasionar la muerte del líder campesino Luis Alfredo Castaño Gómez, presidente de ASOMERCATORO.
En enero de 2023, las autoridades capturaron a alias "Cusco", quien sería responsable, junto con alias "Seis", de las masacres perpetradas el 31 de julio y el 15 de enero. En el primer homicidio múltiple fallecieron cinco personas, mientras que en el segundo, se reportó la muerte de tres personas, entre ellas, la menor de edad Salomé.
El abogado defensor de alias "Cusco" es Oscar Mauricio Gómez Padilla, quien habría conseguido la liberación del sicario en 2020 y de otros miembros de la organización, los cuales estarían siendo administrados por testaferros en establecimientos públicos propiedad de la organización.
La organización ha sido señalada por las autoridades como la principal responsable de la mayoría de los delitos cometidos en la región, incluyendo el tráfico de drogas, la extorsión y el desplazamiento forzado de campesinos. Además, La Firma ha sido responsable de la muerte de varias personas, incluyendo menores de edad y niños inocentes.
El GDO "La Firma" ha generado un clima de terror en la población del norte del Valle del Cauca. Con una amplia red de contactos criminales, esta organización controla el negocio de las drogas en la región y se sabe que cuenta con la complicidad de políticos, policías, jueces y fiscales. Esta situación ha generado el miedo y la desesperación entre la población civil, que se siente vulnerable ante la violencia y la impunidad que imperan en la zona.
Además, existen fuertes indicios de que La Firma ha financiado campañas políticas de alcaldes y concejales de los municipios donde tiene injerencia. Este financiamiento ilegal de campañas políticas representa una grave amenaza para la democracia y la transparencia en la gestión pública.
Según información proporcionada por las autoridades y denuncias de la población, varios establecimientos públicos en los municipios del norte del Valle del Cauca estarían siendo utilizados para actividades ilícitas y serían propiedad de La Firma.
Estos establecimientos, como bares y discotecas, estarían siendo administrados por testaferros de la organización, lo que les permitiría lavar dinero obtenido a través de actividades criminales como el tráfico de drogas y la extorsión.
Esta situación es preocupante, ya que el control de estos establecimientos les permite a los criminales obtener mayores ganancias y poder en la zona, y podría implicar un riesgo para la seguridad y la tranquilidad de la población. Es necesario que las autoridades realicen investigaciones rigurosas y tomen medidas para desmantelar estas redes criminales y evitar que sigan operando en la región.
