El Fondo Especial para la Paz que depende de la Presidencia de la República fue creado como mecanismo para apoyar iniciativas de paz, comenzó a funcionar a finales del gobierno de Ernesto Samper en 1997 y fue utilizado en la fracasada negociación de paz con las Farc en el Caguan durante el gobierno de Andrés Pastrana por el comisionado de paz Victor G Ricardo en un comienzo y luego por Camilo Gómez. En el gobierno de Álvaro Uribe el ordenador del gasto fue el comisionado Luis Carlos Restrepo y se empleó prioritariamente en el apoyo a la desmovilización de los paramilitares en Ralito Córdoba, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe.
Mientras Uribe circuló esta semana en tono de denuncia una serie de contratos por $105 mil millones que la oficina del actual Comisionado de Paz Sergio Jaramillo firmó con diferentes Ong y medios de comunicación para desarrollar la pedagogía y las movilizaciones necesarias para ambientar el proceso de paz, éste no mencionó el manejo del mismo fondo durante sus ochos años de gobierno que alcanzó a ejecutar $7.242 millones para llevar a cabo la desmovilización de los paras y la exploración fallida de un dialogo con las Farc y el ELN.
Estos fueron los principales gastos del Fondo Especial Para la Paz de Uribe y Luis Carlos Restrepo.
Desmovilización del frente de las AUC Cacica la Gaitana: $81 millones
Es esta precisamente la desmovilización que resultó ser falsa es la que tiene en dificultades judiciales al excomisionado Restrepo quien se encuentra asilado fuera del país.
Desmovilización Bloque Cacique Nutibara $2.389 millones
Informe completo demonización Bloque Cacica Nutibara.
Desmovilización Autodefensas Campesinas De Ortega - Cauca $24 millones.
Intento de dialogo con el ELN: $1.203 millones.
El mismo informe también da cuenta de los gastos en que el gobierno Uribe incurrió en su intento fallido para negociar con el ELN: $1.203 millones de pesos, la mayor parte en vuelos y gastos de transporte de los negociadores de ambas partes
El portal Verdad Abierta encontró varias coincidencias en los contratos que el gobierno Uribe realizó con empresas de transporte aéreo para distintos transportes con destino San Jose Ralito, lugar de concentración de los paramilitares. Entre el 2003 y el 2012 se suscribieron contratos firmas como Vertical de Aviación, empresa contratada para 25 servicios de vuelo entre 2003 y 2009 por cerca de $1.272 millones y que posteriormente apareció en la mira de las autoridades de Estados Unidos por posibles vínculos con el narcotráfico; el gobierno Uribe también contrató servicios con la firma Helicargo S.A. de propiedad del empresario Juan Guillermo Angel quien fue indultado por el gobierno de Estados Unidos y ha sido señalado de haber tenido relación con paramilitares sin que la justicia haya probado nada en su contra, y $1.442 millones en contratos con la firma Rio Sur LTDA del empresario Luis Ignacio Stein, también dueño de la Sociedad Aeronáutica de Santander la cual fue intervenida por lavado de activos en octubre de 2009.
