En la primera década de los 2000 Judith Pinedo, la exalcaldese de Cartagena que acaba de ser absuelta y puesta en libertad por la Corte luego de condena a 12 años y cinco meses de prisión, encarnó la primera candidatura a la Alcaldía de Cartagena con una estrategia que la distanció de los partidos tradicionales y le generó peligrosas malquerencias.
Antes de arrollar en las elecciones de 2007 con más de 70.000 votos, había estado al frente de una estrategia de lucha contra la corrupción desde Funcicar, la primera ONG que enarboló las banderas de una lucha que en Cartagena era utópica: la lucha por la moralidad administrativa.
Se enfrentó a enemigos de peso como el entonces alcalde Nicolás Curi Vergara, a quien ella denunció por una feria de contratos que saqueó lo que quedaba de los menguados recursos de la ciudad. Curi fue a la cárcel y sus conocidos en común le advirtieron que el influyente exmandatario era amigo de la ley del talión. Así que cuando ella rigiera los destinos de la ciudad él y los viejos defensores de su cauda política se encargarían de enrarecer su gobernabilidad.
A los 49 años que contaba cuando asumió la Alcaldía, Judith Pinedo tenía los bríos de aquella joven que en su época de universitaria se había hecho famosa con el nombre de la Mariamulata, un ave tropical hiperactiva dentro su especie. Ese era su símbolo cuando armó el movimiento político Por una sola Cartagena, acreditado por firmas ante el Consejo Electoral. Esa era también su rubrica en una columna semanal, crítica y urticante, que publicaba los miércoles en el diario El Universal.
Su fortaleza en las urnas, donde derrotó al futuro gobernador de Bolívar, le permitió decirles “no” al Partido Liberal y a los demás movimientos tradicionales y a gobernar sin el apoyo absoluto del Concejo. Sus detractores quisieron emular lo que ella hacía en sus tiempos de dirigente social y montar un observatorio para seguir sus observaciones.
En aquellos días comenzaron a ser tema de debate los pronunciamientos de la Procuraduría Delegada en lo Civil, que emprendió, de la mano del Consejo de Estado, una campaña para recuperar bienes del área del litoral considerados propiedad de la Nación, inembargables e inajenables. Los principales de ellos eran las playas que los hoteles comenzaban a privatizar. Aunque hoy se muestre como un esfuerzo novedoso de la Agencia Nacional de Tierras, lo cierto es que para entonces el Consejo de Estado ya había sentenciado que era necesario recuperar las Islas del Rosario arrendadas a precio de hueco.
Ese filón del debate sería aprovechado por los críticos y detractores de la Mariamulata para crearle problemas con la justicia. Cuando estaba listo su plan de ordenamiento territorial, concejales de oposición y críticos de oficio adobaron la teoría de que todas las playas eran bienes públicos y que no podía ser entregadas a la explotación de los hoteles que las explotan por su valor turístico.
Acusaron entonces a la alcaldesa de haberle vendido a la cadena hotelera Dann una playa que tenía la calidad de bien fiscal. La teoría tuvo impacto en la administración justicia y habría de causarle a Mariamulata tortuosos problemas contra los que tuvo que luchar durante más de dos décadas hasta conseguir una difícil absolución ante la Corte.
En ese largo interregno su salud sufrió mellas. La aquejó el hipertiroidismo y los médicos la declararon prediabética, pero esa condición no conmovió a ningún funcionario judicial y tuvo que ir a la cárcel de mujeres de San Diego.
Mientras batallaba al lado de sus abogados Enrique del Río González por conseguir la revocatoria de su sentencia, no se resignó a quedarse quieta en una celda. Pronto ganó el liderazgo entre las demás reclusas, no para formar motines ni revueltas, sino para dignificar su vida tras las rejas. Aprovechó los espacios físicos disponibles para construir allí una biblioteca.
Perdió en un juzgado, perdió en el Tribunal Superior de Bolívar e inicialmente en la Corte Suprema, que en abril del 2021 -cuando ella se entregó voluntariamente a la justicia- le confirmó la sentencia inicial a 12 años.
El principio de la doble instancia jugó a su favor. Una lectura más reposada de sus argumentos, la valoración de peritajes técnicos y de la doctrina y la jurisprudencia llevaron el miércoles 15 de marzo de 2023 a la Corte a revocar la sentencia en su contra y a decretar su libertad inmediata.
En contra de La presunción general, el terreno vendido a la cadena hotelera no medía más de 200 metros cuadrados, que de hecho ya venía ocupando el hotel desde antes que ella se desempeñara como alcaldesa.
La Sala Penal determinó, basada en los estudios técnicos, que ese lote no hacía parte del área de playa, sino de un área de legítima propiedad privada. Así las cosas, se trataba de un baldío que podía ser objeto de compraventa, no era imprescriptible e inembargable, y en consecuencia la administración distrital podía venderlo.
Hoy, a sus 64 años, quienes la conocen saben que hará valer su inocencia para emprender proyectos en la academia o para demostrar que en el ejercicio del control social no aplica el adagio según el cual las segundas partes nunca fueron buenas.
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