La noticia de que en Colombia hay en este momento 240.000 hectáreas sembradas de coca, la divulgó hace poco la DEA con el fin de darle a Washington la oportunidad de regañarnos de nuevo. Cómo ha venido haciéndolo cada que vez que nuestros gobiernos toman decisiones en esta materia que no son las que ellos dicen que están obligados a tomar. Esperan unos meses, divulgan datos que prueban el súbito crecimiento de los cultivos de coca y enseguida utilizan dichos datos como un argumento incontrovertible en contra de la decisión del gobierno nacional. Ya lo hicieron en 2015, cuando - acatando una decisión de la Corte Suprema de Justicia y una recomendación de la OMS - el gobierno de Juan Manuel Santos suspendió la fumigación con glifosato de las plantaciones de coca. Y ahora vuelven a hacerlo, en respuesta a la decisión adoptada a por el gobierno de Gustavo Petro en agosto del año pasado de suspender de nuevo las fumigaciones, así como la erradicación forzada de dichas plantaciones. Se suspenden las fumigaciones ergo los cultivos vuelven a crecer. Por lo que hay que hacer -como ya se apresuró a proponer Eduardo Pizarro, su vocero oficioso en esta oportunidad- es volver a fumigar, que al fin y al cabo el glifosato no será tan cancerígeno y ni tan malo como los “sospechosos habituales” suelen decir.
A mí no me sorprenden que lo hagan porque a los burócratas de Washington poco o nada les importa que el dichoso glifosato sea o no un veneno, y les importa todavía menos los dramas humanos que escamotea la cifra de las 240.000 hectáreas. Para ellos esta cifra no es más que un indicador que nuestros gobiernos están obligados a reducir cueste lo que cueste, mientras que para nosotros son el fruto del arduo trabajo de centenares o acaso de miles de familias campesinas que si han sembrado coca es por física desesperación. Desesperación por la falta recurrente de tierras en un país en manos de los latifundistas. Y desesperación por las miserables condiciones de vida y de trabajo a las que parecen irremediablemente condenados quienes se desloman en los cultivos legales sin conseguir nada distinto a sobrevivir malamente. Es probable que muchos de ellos ya sean veteranos de este círculo infernal: internarse en la selva, desmontar, sembrar coca, recoger un par de cosechas, cobrar por ellas lo que buenamente quieran pagar los traficantes, padecer la fumigación que envenena la mejora, abandonarla e internarse de nuevo en lo que queda de selva. Y vuelta a empezar.
________________________________________________________________________________
Lo que también oculta las cifras escandalosas de la DEA es que esas 240.000 hectáreas representan una enorme riqueza
________________________________________________________________________________
Pero lo que también oculta las cifras escandalosas de la DEA es que esas hectáreas representan una enorme riqueza. Son 240.000 hectáreas que tienen un enorme potencial económico que sobrepasa largamente el que deriva de la conversión de la coca en cocaína. La coca es una panacea cuyas posibilidades farmacéuticas e incluso culinarias distan mucho de haber sido completamente exploradas y menos aún aprovechadas. No olvidemos que si la Coca-Cola llegó a convertirse en la todopoderosa multinacional que es actualmente es gracias al enorme éxito inicial que tuvo con un brebaje en el que la cocaína ponía la diferencia. Por lo que no puede descartarse en ningún momento el feliz descubrimiento de nuevos usos y formas de consumo de la bendita hoja de coca.
Desde esta perspectiva es un auténtico disparate destruir esas 240.00o hectáreas para satisfacer por enésima vez al gobierno de Washington que, en medio siglo largo de guerra contra las drogas, ha demostrado su completa incapacidad para entender que las adiciones son un problema de salud pública y no una casus belli. Que alimenta y justifica una guerra sinfín que no reporta ninguna mejora efectiva de la salud pública y ni siquiera la disminución significativa de las adiciones. El pasado 16 de febrero, Anne Milgram, la mandamás de la DEA, compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, para informar sobre lo que ella misma calificó de auténtica “epidemia de intoxicación por drogas en los Estados Unidos”. Una epidemia que, en 2021 causo 108.000 muertes, la mayoría hombres entre los 18 y los 45 años. Una epidemia que no está causada por nuestra cocaína sino por el fentanilo, una “droga de diseño”, que se puede producir en gran escala en laboratorios clandestinos y distribuir por todo los Estados Unidos con enorme facilidad. Corolario o moraleja si se quiere: si la prohibición legal y la persecución policial encarece en exceso la cocaína, la heroína o cualquiera otro de los psicótropos clásicos, siempre queda abierta la posibilidad de diseñar y producir en gran escala un producto que los sustituya. Que encima resulta muchísimo más peligrosos para la salud.
