El clamor del patrullero que no fue oído en el Caguán

El clamor del patrullero que no fue oído en el Caguán

La Procuraduría investigará a la línea de mando policial para establecer responsabilidades y también a funcionarios que no oyeron las alertas tempranas

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marzo 03, 2023
El clamor del patrullero que no fue oído en el Caguán

Durante una reunión en el cuartel general de la Policía en el CAN, en Bogotá, un coronel dijo que le laceró la conciencia oír a través de la frecuencia de radio la manera como uno de los patrulleros destacados en San Vicente del Caguán suplicaba ayuda mientras una turba avanzaba cruentamente contra su destacamento.

La grabación del mensaje fue repasada allí por petición de investigadores de la Inspección General de la fuerza.

  • No hay derechos humanos, no existen: ya tenemos dos compañeros muertos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué nos acaben a todos acá, central? ¡No es posible, central, no puede ser posible! -, exclamaba el joven policía.
  • ‘R’, compañero. Por favor guardemos el control, guardemos el control por favor. Ya mi ‘J1’ está haciendo las coordinaciones pertinentes. Esperamos el apoyo con fe, hermano. Por favor-, le respondió el operador.

Lo que reclamaba el policía era el apoyo de un helicóptero artillado del Ejército que les había sido anunciado. A esa hora la central ya sabía que los atacantes de las instalaciones de la petrolera Emerald Energy, en la vereda Los Pozos, habían asesinado a por lo menos un policía.

Emerald Energy - El clamor del patrullero que no fue oído en el Caguán

Petrolera Emerald Energy en Los Pozos

Su nombre también fue escuchado a través de la frecuencia radial. Se trataba de Ricardo Arley Monroy Prieto, de 39 años, oriundo de Tunja y padre de dos niños.

El ‘J1’ mencionado por el operador es, según las nomenclaturas usadas en las comunicaciones oficial, el comandante del departamento de Policía, en este caso en el Caquetá.

La manera cono reaccionó el mando ante el ataque, en el que finalmente murieron dos policiales y 48 fueron secuestrados por una llamada “guardia campesina”, era revisaba por orden del coronel Alexander Sánchez Acosta, inspector general de la Policía al ordenar la apertura de una investigación interna para determinar responsabilidades.

Sin embargo, la decisión del Inspector General podría ser transitoria porque a esa misma hora la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello -que en estos casos puede usar su poder preferente- anunciaba que abriría indagación para determinar la posible falta de apoyo clamada por el patrullero.

La indagación quedó a cargo de la Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública.  La tarea es reconstruir la cadena de mando que operó para atender la situación en la vereda de Los Pozos y a partir de allí establecer quiénes podrían ser los responsables de que el apoyo clamado no hubiera llegado a tiempo.

Las investigaciones podrían apuntar más alto porque la idea del ente de control es indagar también por qué las autoridades no atendieron las alertas lanzadas por el propio Ministerio Público por lo menos ocho días antes de que una turba, muy posiblemente infiltrada por disidencias guerrilleros, decidieran lanzarse contra la petrolera.

El primer funcionario en recibir la alerta temprana fue Arnulfo Gasca Trujillo, gobernador de Caquetá. El 18 de febrero Gasca recibió una comunicación enviada por Kendy Marlowy Turner Valencia, Procuradora Regional de Instrucción. “Esta Procuraduría -advertía la funcionaria- tiene conocimiento que (sic) desde las 5 am integrantes de la guardia campesina se encuentran frente a las instalaciones de la empresa Emerald en el sector de Los Pozos, municipio de San Vicente del Caguán y según fuentes oficiales pretenden impedir la entrada y salida de las personas que se encuentran en dichas instalaciones e incluso la entrada de víveres”.

Aunque todos los signos anunciaban una posible toma, ni siquiera se reunió el consejo de seguridad solicitado por la funcionaria. Mensajes similares recibieron, dentro de las órbitas de sus competencias, Hernán Mauricio Zapata Trujillo, secretario de Educación del Departamento y al alcalde de San Vicente, Julián Alfredo Perdomo Losada

En Bogotá la alerta llegó, además de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a la viceministra para el Diálogo Social, Liliana Clemencia Solano Ramírez. Policía y Gobierno pudieron haberse quedado cortos en sus respuestas.

Ricardo Arley Monroy Prieto, 39 años, tenía dos niños y hace un mes lo trasladaron a este sitio.

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