El 20 de febrero llegó al despacho del alto Comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda, una alerta sobre el riesgo que generaba una inminente toma indígena de las instalaciones de la planta de la multinacional Emerald Energy en San Vicente del Caguán. Se trataba de una comunicación firmada por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría.
El oficio le pedía al comisionado habilitar mecanismos de diálogo con las comunidades que parecían dispuestas a apelar a vías violentas para exigir los derechos de acuerdos pactados con la empresa respecto a la preservación de su entorno social.
La misma comunicación llegó a otros despachos de la Casa de Nariño, del gabinete del presidente Petro y a las oficinas del gobierno departamental del Caquetá. Siete días después nada había tomado medidas concretas y se avecinaba la peor.
La que inicialmente parecía una avanzada pacífica de las comunidades indígenas se transformó en una turba violenta. Un pequeño destacamento de policía dispuesto en la planta de Emeral Energy se vio desbordado. En el intento de contención uno de los agentes perdió la vida y ocho de sus compañeros fueron heridos. Las autoridades reportaban también desaparecidos.
Andrés Pastrana reunido con Manuel Marulanda en la vereda Los Pozos en febrero de 2001
La vereda Los Pozos, la misma que en los tiempos del gobierno de Andrés Pastrana era considerada escenario por excelencia para la paz negociada, se convirtió en un campo de batalla. “La vocación dialogante de Petro, dispuesto a hablar hasta con la mafia, no se vio por ninguna parte”, dijo la dirigente comunal Silvia Cote en un diálogo telefónico con Las2Orillas.
Según ella, la petición de los indígenas consistía en el respeto por sus tierras que decían ser ignorado por el crecimiento desbordado de la industria extractiva.
El ambiente generado por la avanzada no fue propicio para el diálogo, pese a que los gobiernos, el nacional y el territorial, estaban alertados sobre lo que podría suceder.
El ESMAD de la Policía, la unidad que siempre ha recibido las más fuertes críticas por sus excesos, fue esta vez la víctima. Desde La oposición, el Centro Democrático criticó la debilidad estatal y dijo que no hay posibilidad de transar con quienes negocian y asesinan”.
La procuradora general, Margarita Cabello, y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se declararon indignados y preocupados. Para ellos, cuyas instituciones, sumadas representan al Ministerio Público, resulta inadmisible que su alerta haya sido ignorada.
El gobierno reaccionó con el envío de tropas de refuerzo y no descartaba que la protesta inicial hubiera sido infiltrada por movimientos de extrema renuentes a escuchar la propuesta de la paz total.
A juzgar por los documentos conocidos, habrá pronto la apertura de juicios disciplinarios a todos los funcionarios que recibieron la advertencia temprana y que lo visto no hicieron nada.
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