Cipriano Castro Medina, contralor departamental de Casanare, hizo el viernes 23 de febrero una correría por la Corte Suprema de Justicia y por los despachos de las más altas cabezas de los órganos de control del país para denunciar el que, según él, es el mayor caso de corrupción en la historia de su departamento.
Entre sus portafolios Castro llevaba un video de dos horas de duración en el que aparece un contratista calculando en un pizarrón los porcentajes que les corresponderían a un congresista, al alcalde de Yopal y a otros interesados en el negocio de ejecutar un contrato por US$70 millones por asistencia técnica internacional para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Yopal.
El contratista que aparece en el video -según el contralor- es Nelson Suescún, gerente de Ingenicontec. Marcador en mano, el hombre hace la conversión de la suma en pesos y estima cuanto lo que correspondería a cada cual con “CVY” (“como voy yo”) sobre $305.550.000 millones.
Las tajadas, según el calculista inescrupuloso, serían distribuidas de la siguiente manera según la importancia y el nivel de influencia de los que él llama “inversionistas”:
- Luis Eduardo Castro, alcalde de Yopal, un 5 por ciento equivalente a más de 20.000 millones de pesos (US$3,5 millones aproximadamente).
- Hugo Alfonso Archila Suárez, representante a la Cámara por Casanare, un 1.5%, es decir, aproximadamente 3.000 millones de pesos (unos US$2 millones)
- Jairo Bossuet Pérez Barrera, gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, 1,5 por ciento y otro tanto para Manolo Pérez, exdirector de la oficina jurídica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
De acuerdo con el contenido del video, el valor real del contrato sería de 50 millones de dólares, pero era necesario inflarlo para poder cumplir el objetivo de darles “chupetas” y “caramelos” a los aportantes. Con esa denominación se refería simbólicamente a las cuantías de las coimas.
El contratista Nelson Suescún y el alcalde Luis Eduardo Castro
El contratista les pide a los “inversionistas” reunir una cuota de $2.000 millones, pues asegura que hace falta hacer una inversión para traer un socio estratégico suizo que ayudaría a estructurar el negocio.
Si el contenido de la prueba aportada por el contralor resulta cierto, quedaría en claro que el contrato fue adjudicado a dedo, sin estudios previos y que su única orientación es hacerle un gigantesco saqueo al presupuesto público.
La credibilidad del contralor departamental de Casanare es directamente proporcional a su formación. En el concurso de méritos para el cargo ocupó el primer lugar. Su principal problema radica en la insuficiencia de recursos técnicos para sacar adelante sus investigaciones.
“Como se trata de un caso tan delicado, que podría desbordar la capacidad de las contralorías territoriales, decidí acudir a Bogotá”, explica el funcionario.
En el fondo se trata también de una estrategia para alejar las investigaciones de las presiones políticas. “Cumplo con el deber de llevar esto a las más altas instancias, convencido de que producirán resultados en derecho. No sé si las personas mencionadas en el video son responsables o no. De aquí en adelante me mantendré al margen”, explica.
Deja en claro que no es ni amigo ni detractor de los supuestos comprometidos y que no ha hablado con ellos para mantenerse a una prudente distancia.
Ni el alcalde ni el congresista aludidos en el video han ofrecido explicaciones. El contratista se encuentra por estos días fuera del país, pero no fue posible confirmar con Migración Colombia si se encuentra en Suiza, como lo afirman versiones periodísticas, porque es dato está amparado por reserva legal.
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