El general Henry Armando Sanabria, actual director general de la Policía Nacional, tendría que responder con su patrimonio en caso de que la Contraloría General de la Republica compruebe que se produjo un detrimento al presupuesto público con la compra de un lujoso avión Embraer que le costó al país 12 millones de dólares.
Por eso, simultáneamente con la apertura de una indagación fiscal por él medición, la Contraloría alista la imposición de medidas cautelares que, en este caso, consistirán en embargos.
Además del general Sanabria la medida cobijará a por lo menos quince personas, entre las que se encuentran otros oficiales de la Policía y Juan Carlos Manosalva, un lobista en materia de contratos que opera desde el departamento de Arauca.
El general Sanabria figura en la indagación como uno de los principales lobistas responsables porque a finales del gobierno de Iván Duque, cuando se cerró la negociación, se desempeñaba como director administrativo de la Policía.
La decisión de la compra pasó por su oficina y significó un cambio dramático en el plan de compras para fortalecer operacionalmente al servicio antinarcóticos. Los 12 millones de dólares pagados por el avión estaban reservados inicialmente paga la adquisición de helicópteros y aviones necesarios para el transporte de personal y equipos.
En diciembre pasado, cuando conoció los resultados de la Auditoría -mantenida en reserva hasta la semana- el general Sanabria y los demás presuntos implicados anunciaron que interpondrían un recurso extraordinario de revisión.
El general Sanabria alegó en su defensa que el avión existe y fue efectivamente comprado y que, en consecuencia, no podría aducirse un detrimento fiscal.
La Contraloría tiene una visión distinta porque ha explorado todos los ángulos del negocio y ha encontrado evidencias de que, además del cambio de destinación del gasto, hay evidencia de posibles sobrecostos.
A la lista de presuntos responsables fiscales serán adicionados los nombres de os nombres de Norida Paola García Nontoa y Sharom Giannina Moreno, representantes legales de dos firmas que hicieron parte del CONSORCIO AERONAVES PNC.
Juan Carlos Manosalva, lobista contractual araucano; Norida Paola Garcia Nontoa y Sharom Giannina Moreno Bernal, integrantes del consorcio que compró el avión
El informe de auditoría precisó que el consorcio estuvo integrado por RIO SUR SAS, identificada con NIT 800.149.580-3, ubicada en la ciudad de Bogotá, con una participación del 5% y cuya actividad económica principal es el transporte aéreo nacional de pasajeros; CONSTRUCCIÓN EMPRESA Y PROYECCIONES PARA EL DESARROLLO SAS, identificada con NIT 834.000.892-9, ubicada en la ciudad de Arauca, con una participación del 5%, representa por Norida Paola García Nontoa y cuya actividad económica principal es la construcción de otras obras de ingeniería civil; e INGEAMBICOL SAS, identificada con NIT 800.063.939-2, también ubicada en la ciudad de Arauca, representada por Sharon Giannina Moreno , con una participación del 90% y cuya actividad económica principal es también la construcción de otras obras de ingeniería civil.
La decisión en ciernes ya es conocida en medios de la Casa de Nariño y del Ministerio de Defensa y podría implicar nuevos relevos en la línea de mando policial para quienes sean vinculados a la investigación puedan defenderse sin las limitaciones que implica su condición de servidores públicos.
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