Uno de los puntos más controvertidos del articulado del Plan Nacional de Desarrollo es el que plantea el traslado de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) —sector presidencia— al Ministerio de Igualdad y Equidad presidido por Francia Márquez.
La movida ha sido cuestionada por expertos y analistas, pues no son claros los argumentos técnicos que soportan que la agencia responsable de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la política de sustitución de cultivos ilícitos, pase a formar parte de un Ministerio recién creado que tiene la responsabilidad de formular y ejecutar las políticas para las mujeres, pueblos étnicos, la comunidad LGTBIQ+, la población migrante y personas en situación de discapacidad.
Si el Congreso le da luz verde a la propuesta del gobierno, sería la segunda vez, en menos de una década, que la Agencia de Renovación del Territorio se traslada de sector. Veamos algunos antecedentes.
La ART nació en 2015 en medio de la liquidación del Incoder. Al lado de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural pasó a formar parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, se convirtió en el alma y nervio de la Reforma Rural, ya que, le correspondió implementar una metodología participativa para avanzar en el diseño escalonado —veredal, municipal y subregional— de los Planes de Acción del PDET; además, también promovió la construcción de obras de infraestructura comunitaria y fue el principal garante institucional de una serie de diálogos sociales en los territorios más afectados por el conflicto armado.
Con la llegada del gobierno Duque y en el marco de la política de Paz con legalidad, la ART se trasladó del Ministerio de Agricultura al sector Presidencia, y en la práctica, pasó a ser una agencia dependiente de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación (concejería que ya fue suprimida). Además, asumió la responsabilidad de coadyuvar a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS). De esta forma, el PDET y e PNIS pasaron a ser responsabilidad de una misma entidad.
Ese primer traslado resultó contraproducente y conllevó a una “implementación aislada”, pues lo ideal sería que la ART formara parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, articulándose en una lógica de acción convergente con la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural; así, la “santísima trinidad de la Reforma Rural Integral” cohabitaría orgánicamente en un mismo tronco institucional. ¿No sería lo más adecuado?
Ahora bien, el posible traslado de la ART al Ministerio de Igualdad parece no tener mayor sustento técnico y en los corrillos políticos es vista como una movida reivindicativa de Petro con la vicepresidenta (solo hay que recordar que el presidente negó el trasladó del Departamento para la Prosperidad Social al Ministerio); no obstante, fracciona la lógica de integralidad y acción convergente que debe caracterizar la institucionalidad para el posconflicto; además, podría dispersar en otras acciones misionales las inversiones orientada a la ejecución de las iniciativas de los PDET y revalidar la impresión de una implementación aislada.
La última palabra la tendrá el Congreso. Si se aprueba el traslado, el Ministerio de Igualdad y Equidad deberá avanzar como cabeza del gabinete para la paz (figura creada por la ley de paz total) y de la mano de la Unidad para la Implementación del acuerdo de paz, en la actualización de los planes de acción del PDET y en la reingeniería del programa de sustitución de cultivos ilícitos.
Solo tras esas decisiones podremos determinar qué tan conveniente fue el traslado.
