Tal y como lo señala el manual de privatizaciones, impuesto por los organismos financieros internacionales a la clase política tradicional de Colombia, la actual administración municipal de Santander de Quilichao continúa avanzando en la juiciosa e implacable aplicación del citado manual, no obstante que públicamente siga negándolo.
Si bien es cierto que desde el punto de vista académico, sobre todo en el campo de la economía y la administración pública, aún subsiste un fuerte debate alrededor de las bondades de la privatización del escaso patrimonio público que representan las empresas del Estado; quienes defienden la aplicación del manual de privatización, no han mostrado hasta ahora, ningún tipo de estudio serio que evidencie las bondades económicas de este proceso, ni mucho menos los beneficios sociales que tal política le ha traído al ciudadano del común.
Quien suscribe estas líneas ha venido repitiendo en distintos escenarios (ver: Quilichao vive bajo la amenaza de la privatización I y Quilichao vive bajo la amenaza de la privatización II) que, contrario a lo que señala la propaganda con la que se nos venden los supuestos beneficios de entregarle nuestro patrimonio a los escrupulosos empresarios, las evidencias muestran que hasta la fecha tales procesos, lejos de haber apalancado la economía colombiana, le han supuesto a los colombianos el encarecimiento de los bienes y/o servicios que estaban en manos del Estado y que se encarecieron y disminuyeron ostensiblemente su calidad, en las pulquérrimas manos del sector privado.
El reciente ruido mediático alrededor de la recompra de la empresa de servicios públicos de Barranquilla pone de manifiesto, otra vez, las consecuencias de la aplicación a rajatabla del dichoso manual. A este respecto, vale la pena señalar que, en concordancia con Bautista y Sepúlveda [1], el desastroso resultado, tanto de la prestación del servicio, como del manejo tarifario que han mostrado procesos privatizadores de empresas de servicios públicos, como Electricaribe, la Triple A, en la costa norte y la CEO en el Cauca, evidencia que, sometidos a evaluación de eficiencia y eficacia social, las privatizaciones hasta la fecha se han rajado.
No obstante la existencia de abundante literatura académica alrededor del dudoso éxito del proceso privatizador en Colombia y Latinoamérica, los tomadores de decisiones en lo público, sobre todo quienes pertenecen o representan a los partidos tradicionales de derecha, insisten en defender la estrategia de privatización, aferrados a un libreto según el cual, ante su incapacidad administrativa para manejar los recursos públicos, puestos a su cargo por el pueblo que los eligió, lo mejor es tomar medidas ingeniosas que permitan “mejorar las condiciones de operación de los activos que estaban [están] en manos del estado”[2].
Siguiendo con esta lógica simplista de no hacer nada para gestionar los bienes públicos y tirarle la pelota al sector privado, la alcaldesa de Santander de Quilichao, al igual que sus voceros, institucionales y espontáneos, ceñidos a su libreto negacionista, reiteran que sus acercamientos con una empresa privada, nada tienen que ver con la privatización de Emquilichao ESP, no obstante, sus continuas reuniones y la confirmación de la existencia de negociaciones. Blanco es…
Atrincherada en la estrategia de la negación constante, la actual administración municipal de Quilichao apela al desconocimiento endémico que tenemos la mayoría de los ciudadanos del marco jurídico colombiano, para interponer una y otra vez, cortinas de humo periodísticas y hasta jurídicas para negar su intentona privatizadora o cuando menos justificarla, eso sí, sin tener en cuenta para nada, ni el sentir, ni mucho menos, la decisión de los dueños de la empresa: el pueblo de Santander de Quilichao.
Insisto, aunque pretendan estirar la piel de oveja con la que disfrazan el lobo de la privatización, desde hace rato se le están viendo las orejas, pero, sobre todo, los colmillos.
Adenda preguntona: Señora alcaldesa de Santander de Quilichao, si el proceso apenas está en etapa consultiva, ¿por qué no se ha hecho una convocatoria pública a los interesados? Si lo que existe hasta el momento es la manifestación de una intención de negocio, ¿por qué se insiste en esconder los detalles de esta intención? Y finalmente, ¿dónde quedaron la publicidad, la transparencia y la democracia en el manejo de los recursos de todos los quilichagüeños?, ¿qué esconderán la señora alcaldesa y el actual gerente de Emquilichao ESP?
Adenda 2: Comparto el enlace en donde los (as) interesados (as) pueden descargar y consultar el Derecho de Petición, dirigido a la Señora Lucy Amparo Guzmán, alcaldesa de Santander de Quilichao, en el que se le pregunta por el posible proceso de privatización de Emquilichao ESP.
Buen provecho.
[1] Jairo Bautista, Didier A. Sepúlveda Reyes. (2022). Evaluación de la Política de Privatización en las empresas estatales de Colombia. Análisis del Caso Telecom.
(1990-2010). https://ojs.tdea.edu.co/index.php/encontexto/article/view/628/1378
[2] Jairo Bautista, Didier A. Sepúlveda Reyes. (2022).
