El jueves 29 de enero los quindianos se vieron sorprendidos por la noticia de dos patrulleros y un auxiliar de la Policía Nacional capturados por vender estupefacientes a los detenidos en los calabozos de la estación de Policía de Calarcá.
Pese a que la información ya era conocida por casi todos los periodistas se citó a Rueda de Prensa en el Palacio de Justicia de Armenia en donde Olga Cristina Meneses Vargas directora de la Fiscalía Seccional Quindío y el coronel Ángel Hugo Rojas, comandante del departamento de Policía se limitaron a hablar generalidades y lamentar el hecho sin dar detalles.
Para completar, al día siguiente se invitó a los medios a Rueda de Prensa en el Comando de Policía para presentar a cinco capturados por el delito de homicidio. Como era de esperarse los periodistas de casi todos los medios asistieron y salieron a replicar los positivos.
Pocos se dieron cuenta, solo un periodista aclaró que entre los capturados presentaron personas aprehendidas hacía más de un mes, como fue el caso de Víctor Manuel Orozco Ruda, alias el ‘Zurdo’, capturado el 26 de diciembre en Madrid, Cundinamarca, tras acciones de solicitud de antecedentes en esa localidad, donde se dieron cuenta que era requerido por el homicidio de Julián Felipe Zuluaga Flórez.
El objetivo de sacar de las celdas de retención transitoria de la Policía a estas personas, donde permanecen por el hacinamiento en las cárceles, para exponerlos públicamente, al parecer, solo buscaba opacar o desviar la atención sobre la noticia de los policía metidos a jíbaros.
Esta maniobra se quedó corta con lo acontecido al día siguiente cuando el Juez Segundo Penal Municipal de Calarcá, permitió el ingreso de los familiares de los uniformados imputados y de ciudadanos en general a las audiencias preliminares pero sin explicación alguna prohibió la entrada a todos los periodistas.
Como disculpa a esta restricción a la libertad de expresión, que valga decirlo, violó los artículos 20, 73 y 74 de la Constitución, se dijo que el acceso era negado por que la sala de audiencias estaba llena. Sin embargo, un asistente del juez también se negó a dar información sobre los imputados por orden de su jefe pese a que estos datos son públicos y de interés general.
En las afueras de los juzgados, donde esperaban los comunicadores, fueron amenazados y agredidos verbal y físicamente por los familiares y allegados de los capturados, ante la mirada pasmosa de los policías encargados de prestar apoyo en el exterior de la edificación, que no hicieron nada para protegerlos.
El comandante de la Policía de Quindío le dijo a un periodista de su confianza que la solicitud de impedir la entrada de los periodistas fue del representante del Ministerio Público, pero yo confronté esta versión con dos fuentes judiciales quienes negaron la versión del oficial afirmando que en realidad el togado aceptó las razones del coronel en el sentido que la presencia de los medios le hacía “daño a la institución y el tema era de interés nacional”.
Lo grave de todo este episodio es que no pasó nada. Ni el juez dio una explicación pública, ni el Consejo Superior de la Judicatura Seccional Armenia lo hizo, y mucho menos la Fiscalía y la Policía. Los medios que son convocados para cubrir los temas que son de su interés en esta ocasión fueron silenciados y menospreciados. No hubo nombres, ni fotos, ni información sobre el resultado de las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y decisión de medida de aseguramiento, en caso de ser solicitada por la Fiscalía. Solo por información extraoficial, un par de días después, pude conocer que los uniformados implicados son Saúl Antonio Arteaga, Carlos Andrés Nieto y José Oscar López, quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento preventivo en establecimiento carcelario por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y que su centro de reclusión es la estación de policía de Circasia.
La actuación de los representantes de los organismos de justicia deja mucho que desear. No es ocultando a los delincuentes de uniforme como se depura la institución, ni censurando a la prensa como se enfrentan estos hechos de corrupción. Con este mal precedente se adelantó en el Quindío la celebración del Día del Periodista, reconocimiento que tradicionalmente se hace en el país cada 9 de febrero. El mensaje que se envió a la comunidad es nefasto, prima el interés particular e institucional sobre el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad, además dejó la impresión de que los mandatos de la Constitución no obliga a quienes tienen el deber de hacerlos cumplir.
