En una sesión plenaria del Concejo de Cartagena el concejal Carlos Barrios acusó al entonces presidente de la corporación, Óscar Marín, de haber escogido un “contralor de bolsillo” que, inmediatamente se posesionó, se dedicó a cerrarles a él y a otros miembros de la junta directiva los procesos de responsabilidad fiscal que cursaban en su contra. Para demostrarlo, Barrios exhibió documentos con los radicados de las investigaciones que, en un abrir y cerrar de ojos, se fueron al archivo.
A quien Barrios se refirió como contralor de bolsillo era Rafael Castillo Fortich, el segundo de cuatro contralores interinos que ha tenido la ciudad desde 2017, cuando fue anulada la elección de Nubia Fontalvo, promovida por el congresista Lidio García, según lo comprobó la Corte Suprema de Justicia. Castillo también se marchó y quien fuera su reemplazo, Gustavo Núñez, renunció después de pasar tan solo cinco días en el cargo. Hasta hoy la ciudad no cuenta con un contralor en propiedad y completa seis años de encargos que tienen su razón de ser en que los concursos y las elecciones suelen enredarse.
Concejal Carlos Barrios denunciando la elección de Rafael Castillo
Por su parte, Carlos Alberto López recuerda que, en 2021, cuando se desempeñaba como contralor del Meta, hizo una correría por municipios del sur del departamento y se encontró con algo que le llamó la atención: Más del cincuenta por ciento de los recursos que hacían parte del presupuesto de Mapiripán ($1.300 millones en la época) se encontraban perdidos.
En medio de su visita fiscal logró determinar que el secretario de Hacienda había hecho 111 giros a sus cuentas personales, a donde habían ido a parar los $700 millones extraviados. Casos similares encontró en otras poblaciones de la jurisdicción y eso lo llevó a pedir la suspensión inmediata de 12 alcaldes y funcionarios públicos de su jurisdicción. Le llovieron rayos y centellas y fue objeto de presiones políticas que, según él, lograron el cometido de sacarlo de su cargo.
Ahora López, actual contralor municipal de Villavicencio, es uno de los demandantes de la elección del controlar de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, que se desempeñaba antes como vicecontralor general de la República y a quien él acusa de haberlo perseguido desde esa posición.
En ese complejo entorno debe cumplir su misión la auditora general de la República, Alma Carmenza Erazo, quien dice que pese a todos los instrumentos derivados de la reforma al control fiscal de 2019 que han servido para depurar el funcionamiento de las contralorías territoriales, estas se siguen viendo afectadas crónicamente por insuficiencia de recursos humanos y técnicos calificados.
Referente a esto también asegura que hay desigualdades entre contralorías y menciona el caso puntual de Bucaramanga, ciudad en la que se han presentado recortes presupuestales importantes que han afectado a la gestión. Según ella, no tuvieron cómo pagar sueldos de enero y diciembre y ni siquiera una carta dirigida al alcalde para buscar una solución conjunta fue suficiente para arreglar el problema.
La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva del organismo a su cargo trabaja por estos días a toda marcha y adelanta 60 procesos de responsabilidad fiscal, treinta de los cuales son contra contralores actuales y otros tantos contra excontralores. Atiende, simultáneamente, 55 asuntos de carácter administrativo sancionatorio fiscal, de los cuales 33 cobijan a excontralores.
Asimismo, la Auditoría lleva a cabo procesos de certificación que buscan calificar anualmente la gestión de las diferentes Contralorías territoriales. Para el último periodo evaluado que fue el del año 2021 eran 27 las Contralorías que se encontraban en lo que ellos denominan un riesgo muy alto, es decir, que tenían una gestión deficiente. Tan solo 16 tenían un riesgo muy bajo.
Mientras avanza ese proceso de depuración y rinden frutos los nuevos procesos para elección de los contralores -que no son por concurso de méritos sino por convocatoria pública- los tribunales administrativos y el Consejo de Estado han ordenado la suspensión y la nulidad de la escogencia de varios de ellos, principalmente por vicios en los procesos de convocatoria. Eso explica por qué, además de Cartagena, hay contralores provisionales en Arauca, Risaralda, Pereira, Caldas, Santander, Buenaventura, Guanía y Amazonas.
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