El sistema nacional de salud (Ley 100/1993), en esencia y por sus resultados, fue motivado y estructurado para convertir un derecho fundamental humano en un negocio de alta rentabilidad para beneficio de unos pocos particulares. Fue estructurado para acatar órdenes y compromisos contraídos al aceptar y aprobar el Consenso de Washington (1989) los representantes de las élites en el poder público nacional.
Los gobiernos, los poderes públicos y el marco legal que rige el actual sistema de salud han facilitado sistemáticamente la satisfacción de objetivos de rentabilidad, acumulación y concentración del capital de la salud en bolsillos de privados. La reforma debe corregirlo integralmente. Igual ocurrió con los fondos privados de pensiones, patrimonio nacional, concesiones viales, etc.
Las deficiencias y precariedades, en oportunidad y calidad, desde el inicio fueron evidentes. No han sido corregidas. Son aspectos que debe corregir la reforma.
La institucionalidad estimuló la privatización de la oferta asistencial y científica en salud. Hubo improvisación, laxitud, politiquería, clientelismo, corrupción y anarquía en la implementación del nuevo negocio de la salud.
Hubo y hay diagnósticos acertados sobre causas de las deficiencias operativas, administrativas, económicas y reguladoras del sistema existente, pero los gobiernos se han negado a corregirlas. Son factores que debe corregir la reforma del sistema de salud.
No fue posible optimizarlo con más de 200 decretos reglamentarios de la Ley 100/1993, de dos leyes reformatorias y una estatutaria (2012). La situación económica del sistema es cada día peor e irreversible la privatización. La reforma debe erradicar todas las falencias.
El ordenamiento legal en que se fundamenta el sistema de salud existente mantiene, cómplice e irresponsablemente, todos los factores que hacen inviable el sistema de salud.
La Ley 1122/2007 fue aprobada con el argumento de mejorar la prestación de servicios al usuario. La Ley 1438/2011, para fortalecer el sistema general de seguridad social en salud. En ambos casos, los resultados son totalmente contrarios al supuesto propósito de las leyes que pretendían mejorar el sistema.
Con la Ley 100/1993 pretendían alcanzar cobertura total en el año 2000. En ese año, Colombia ocupaba el puesto 41 entre 191 países (OMS).
Y desde el 2013, el sistema estaba colapsado y cooptado por la corrupción de toda índole, coadyuvada por la irresponsabilidad e impunidad institucional y continúa bajo el mismo espectro y amenaza.
El sistema es inviable, por irresponsabilidad del poder público; o sea, del régimen político-económico vigente, caracterizado por el favoritismo sesgado en favor de unos pocos explotadores del negocio y la corrupción administrativa, en EPS e IPS.
Creció la cobertura por afiliación, pero sin atención con calidad, ni oportunidad. El sistema de salud lo convirtieron en un negocio, entregado a habilidosos explotadores, usufructuarios de amplia impunidad.
El sistema de salud de Colombia puede salvarse manteniendo los ordenamientos positivos de la Ley 100/1993, mediante una nueva ley que reestructure integralmente el sistema de salud vigente, bajo el criterio de que es un servicio para responder por un derecho fundamental humano y no un negocio para maximizar ganancias del sector privado.
La suma de los recursos financieros para cubrir los costos del sistema proyectados para el año 2023 supera los $70 billones en el presupuesto de la nación. Suma suficientes para garantizar, bajo racional control del Estado y costos racionales de insumos, administrativos, operativos y logísticos, servicio en salud de calidad, a todos los colombianos que lo requieran. La irresponsabilidad de los gobiernos en el control y vigilancia del sistema, la impunidad judicial y la corrupción tolerada por la institucionalidad lo ha hecho inviable y lo convirtió en filón de los delincuentes de cuello blanco.
La apropiación ilegal de los dineros de la salud ha sido y es creciente de diversas maneras. En el 2000, hace 22 años, fue creado un Grupo Élite, en la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, para recuperar los dineros perdidos de la salud (en ARS).
Existen los fantasmas burocráticos de la CRES y Superintendencia Nacional de Salud para vigilar y controlar los actores del sistema.
Las investigaciones no arrojan resultados satisfactorios. La justicia esta corrompida hasta la médula y cooptada por la politiquería, el clientelismo y la corrupción.
Los saqueadores del sistema gozan de total impunidad. Los gobiernos han sido defensores incondicionales de las EPS privadas. En particular los de Uribe Vélez, para acabar con las EPS públicas, hasta lograrlo.
Uribe Vélez señaló como causa de la crisis financiera del sector la irresponsabilidad médica por los abusos del no-POS y criminalizó el ejercicio de la profesión por recetar medicamentos demasiado costosos que él mismo ordenó desregularles los precios en los primeros seis años de sus gobiernos (2002-2010). Y el uribismo, desde todos los frentes, es el mayor detractor de la reforma del sistema de salud del presidente Petro.
Los gobiernos se han negado a hacer control y regulación efectivos de los precios de los medicamentos, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos y diversos insumos, requeridos por el sector. Todos deben ser racionalmente regulados y controlados, dentro de lo establecido en el ordenamiento legal. Uribe hizo lo contrario. Los desreguló.
Las EPS y ARS tenían definido el porcentaje que debían destinar a la atención en salud y a gastos de promoción, prevención y administración. No lo acataron. Se dedicaron a capitalizarse con esos dineros. Nadie hizo control oportuno.
Los gobiernos, obsecuentes con la irresponsabilidad de la clase política y los objetivos del mercado, son los únicos responsables de la pésima calidad del servicio de salud y del caos administrativo, operativo y económico que ahoga al sistema.
Investigaciones, desde hace un tiempo, indican que las EPS privadas en 20 años acrecentaron su patrimonio particular, privado, 177 veces.
La pandemia desnudó la precariedad del deficiente sistema. 80% de sus trabajadores tienen vínculo por prestación de servicios, 48% tienen que adquirir por su cuenta los recursos logísticos de protección laboral y un alto porcentaje no recibe los decrecientes pagos de honorarios y/o servicios oportunamente, entre muchas otras falencias del sistema. La reforma planteada por el actual gobierno, con absoluta racionalidad, debe corregir todo tipo de arbitrariedad patronal en materia laboral.
La pandemia dio la oportunidad de conocer la precariedad del sistema de salud vigente. El gobierno actual y el Congreso tienen la obligación de actuar responsablemente para solucionar toda la problemática del sistema nacional de salud y de ordenar investigar los responsables de toda la problemática relacionada con la salud. Los ciudadanos tienen el derecho de exigirlo y de lograr resultados.
Sin eliminar totalmente el dominio mercantil del sistema por parte del sector privado, cuyo objetivo exclusivo es la ganancia, no puede haber reforma racionalmente social.
La problemática del sistema de salud colombiano, igual que los fondos privados de pensiones y la corrupción y la impunidad judicial están íntimamente articulados con el modelo económico-político de mercado; tutelado por el capitalismo salvaje, e impuesto, difundido y sostenido por EE. UU. (convertido en singular estado terrorista y criminal del planeta que goza de total impunidad a nivel planetario) y sus aliados en todos los países sometidos y saqueados.
Si a través del Congreso es imposible lograr una reforma integral racionalmente social, se tiene que recurrir al constituyente primario inmediatamente y convocar un referendo para lograr las reformas integrales que demanda el sistema.
