A comienzos de julio del 2022 un niño llegó al Hospital San Jorge de Ayapel, Cordoba, convulsionando. Había comido un pescado en mal estado, le vinieron las fiebres y, con espuma en la boca, sus papás lo llevaron a urgencias. El médico que se prestó a atenderlo era Oswaldo Miguel Castelar Paez. Le aplicó una inyección y, mientras esperaba que el niño reaccionara, vio, a través de una ventana, como llegaban al frente del centro de salud cuatro camionetas con militares super armados. Inmediatamente lo esposaron, sin importar que el niño estuviera en medio de un procedimiento médico y lo trasladaron a una URI en Montería donde estuvo durante tres meses. Lo acusaban de un delito que, según él, no había cometido: ser el médico del Clan del Golfo.
Ayapel está en medio de la guerra que sostienen las fuerzas armadas con el Clan del Golfo. En ese lugar son cada vez más comunes los golpes a esa estructura criminal. El 25 de agosto del año pasado decomisaron 39 armas de fuego, 1363 cartuchos, material de intendencia, 25 granadas de mortero y 2 granadas IM26. Dos años atrás, en julio del 2020, había caído en ese municipio Ramiro José Ramos Bru, mejor conocido como Jimmy, cabecilla de la estructura Rubén Dario Ávila Martínez, perteneciente al Clan.
En el Hospital de Ayapel es común atender heridos de bala. No se suele pedir cédula ni revisar antecedentes judiciales cuando aparece un paciente de extrema gravedad. Por eso Castellar Paez no está muy seguro si alguna vez atendió a un capo del Clan. De lo que si está seguro es que no tiene cuentas rebosantes de plata. Sus dos hijos, que acaban de graduarse del colegio, no tienen como ir a la universidad. Además del suelo de 2.500.000 que se ganaba en el hospital Castellar se arreglaba haciendo algunas consultas extras por las que cobraba 30 mil pesos. Cuando estaba preso en una URI en Montería uno de sus hermanos vendió una vaca para poder pagar un abogado penalista que lo defendiera. Los médicos del hospital San Jorge tienen tanto miedo de sufrir el mismo destino de Castellar que nada más esta semana han renunciado seis de ellos.
Castellar nació en San Bernardo del Viento, un pueblo en donde los que no son pescadores se dedican a atrapar cangrejos atrincherados en la arena. Él quería ser otra cosa, él quería ser alguien. Se pagó con su propio trabajo estudios técnicos en rayos X. Con eso se ganó lo suficiente para pagarse sus estudios de enfermería y luego de medicina, siempre en Montería, el lugar en donde aprendió a ser un hombre.
Se casó con Josefa con la que tuvo tres hijos, Mario de 18, Mauricio de 17 y Valentín de tres. Venía un cuarto en camino pero las afugias surgidas durante su detención hicieron que su esposa perdiera el bebé. Tres meses duró aguantando sed y un calor asfixiante en la URI de Monteria. Tres meses hasta que el abogado los convenció de que lo mejor es que les diera casa por cárcel. Castellar está muy ofendido. Lo acusaron incluso de que pertenecía a un cartel de microtráfico. Desde que lo soltaron de la cárcel se fue a pagar, desde hace cuatro meses, en una vereda cerca a Arboletes, en pleno Urabá, en la casa de uno de sus hermanos. Desde ahí se enteró que sus dos hijos se graduaron de bachiller, no pudo estar con ellos. Ahora, un hombre que jamás les preguntó a sus pacientes a qué credo pertenecían y que no ha hecho otra cosa que cumplir con el juramento Hipocrático de salvar vidas con el que todo médico empieza a ejercer su profesión, debe buscar que la justicia lo entienda..
