Razón tenía el presidente Gustavo Petro cuando convocó —a través de sus redes sociales— a la movilización social y popular para defender y blindar las reformas sociales que se propone adelantar el gobierno mediante propuestas legislativas que se tramitaran en el hemiciclo parlamentario.
Cambiar y erradicar el modelo neoliberal de la salud, las pensiones y de la organización del trabajo no será cosa fácil. Es un compromiso y un mandato otorgado al presidente Petro por casi 12 millones de colombianos que lo escogieron como jefe del estado colombiano en las votaciones del año anterior y que él fielmente defiende con lealtad hacia los sectores populares.
Hoy conviene recordar cuál fue ese consenso programático alcanzado en la campaña electoral del 2022 por el candidato del Pacto Histórico y del Frente Amplio, que hoy se desempeña en el marco de una coalición de gobierno diseñada por el presidente en virtud de unas correlaciones de fuerza que facilitan el avance de la gestión gubernamental en varios frentes —no obstante las concesiones inevitables a socios pegados al clientelismo y los cupos presupuestales—: paz total, progresividad tributaria, transición energética y gasto social prioritario —empañado por los lunares del DPS, el trancón en ICBF y el verbalismo agrario—.
Retomo acá completo el texto programático del bloque progresista. Lo hago porque está en curso una tarea de grandes proporciones —mediática y pedagógica— para contrarrestar la guerra de la ultraderecha y de las castas oligárquicas coaligadas en el empeño de hacer fracasar la agenda del reformismo progresivo y estructural del presidente Gustavo Petro.
Dice así la carta social en salud del Pacto:
En nuestro gobierno garantizaremos el derecho fundamental a la salud a través de un sistema único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural, que no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni de la intermediación administrativa y financiera. Para lograrlo, impulsaremos la reglamentación de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en el marco de un gran pacto nacional por la salud y la vida.
Transitaremos hacia un modelo de salud preventivo y predictivo que afecte los determinantes sociales, en el que todas las políticas aseguren los derechos a la alimentación, al agua, a la vivienda, al saneamiento básico, a un ambiente sano, al trabajo decente y, en fin, al conjunto de medios que permiten realizar una vida digna para todos y todas.
El sistema de salud será público y universal por lo que el acceso oportuno y de calidad a la prestación de los servicios no dependerá de la capacidad de pago para lo cual se avanzará a un sistema único sin regímenes contributivo y subsidiado financiado por impuestos progresivos y cotizaciones equitativas.
Recuperación de la autoridad sanitaria: La dirección política y la gobernabilidad del sistema estará en cabeza de un Consejo Nacional de Salud, con la participación de la academia, los gremios, las sociedades científicas y los trabajadores de la salud, los pacientes y las comunidades urbanas y campesinas y los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas, ROM y el sector privado, liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este Consejo tendrá equivalentes en los entes territoriales liderados por las secretarías de salud, denominado Consejos Territoriales de Salud.
Un Fondo Único de Salud para la eficacia y la transparencia: La operación del sistema se realizará a través de un Fondo Único de Salud - FUS que retomará y ampliará las funciones y capacidades de la actual Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud (ADRES) en el sentido de unificar las fuentes de financiamiento y su recaudo, brindar soporte administrativo, garantizar el pago de los servicios de salud en desarrollo del direccionamiento de Los Consejos de Salud y en articulación con sistemas unificados de información, auditoría y control. El FUS tendrá Unidades Descentralizadas manteniendo el blindaje y el control de los recursos, los cuales fluirán exclusivamente en los territorios para el pago de los prestadores públicos y privados.
Redes Integradas e integrales de Salud: Los Consejos Territoriales de Salud orientarán la conformación de las redes integrales e integradas de servicios de salud, con enfoque territorial en todo el país. Estas redes garantizarán el acceso a la atención integral de las poblaciones rurales y urbanas, cerca de su vivienda y su lugar de estudio y de trabajo. La red estará conformada por hospitales públicos fortalecidos desde el nivel primario hasta el de alta complejidad, financiados por el presupuesto público y por prestadores privados contratados por el Estado a nivel nacional y territorial, asegurando una distribución equitativa en términos de cobertura, acceso y calidad, según las necesidades de la población.
El modelo de salud preventiva: La red de prestadores conformará equipos médicos interdisciplinarios que cubrirán de manera activa y progresiva, todo el territorio nacional, comenzando por el área rural, como ordena el compromiso del Plan Nacional de Salud Rural, y por los sectores más vulnerados de las ciudades. Los equipos médicos extramurales y los servicios intramurales con enfoque de atención primaria asociados a la red pública y con participación de los prestadores privados disponibles en cada uno de los territorios llegarán al hogar, a los jardines infantiles, escuelas y colegios, a lugares de trabajo, al ambiente y al espacio público de las personas y familias adscritas, garantizando acciones preventivas, predictivas, curativas y de rehabilitación, tanto individuales como colectivas, que resuelvan la mayoría de los problemas de salud en el respectivo territorio, con el apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (telesalud-telemedicina).
El modelo preventivo operará con adscripción poblacional de tal manera que la red integral e integrada garantice atención y resultados en salud a grupos poblacionales cuyo tamaño variará según se trate de espacios urbanos, rurales, niveles de dispersión, características socioculturales y epidemiológicas. Las personas que requieran atención de mediana y alta complejidad tendrán asegurada la referencia a hospitales públicos y servicios privados a nivel departamental, regional y nacional, garantizando el principio de libre escogencia.
El sistema de salud contará por fin con un sistema único de información interoperable que soporte la toma de decisiones, la operación misional y administrativa y asegure transparencia y seguimiento de la operación en tiempo real. Esto incluye la puesta en marcha de la historia clínica electrónica unificada.
Hacia una salud intercultural: Apoyaremos la implementación del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural - SISPI, revitalizaremos los sistemas de salud propios e interculturales del campesinado, los pueblos afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros y garantizaremos el ejercicio y el fortalecimiento de las medicinas populares, alternativas y complementarias en un proceso de articulación con el sistema de salud.
Dignidad para los trabajadores de la salud: Garantizaremos el trabajo digno, seguro y decente para la totalidad de los trabajadores de la salud, abandonando la intermediación laboral y la vulneración de derechos a través de un Estatuto del Trabajo en Salud que garantice la laboralización con estabilidad, la primacía de la realidad sobre la formalidad, la remuneración justa, la promoción, la formación permanente y la protección de la salud en el trabajo en un marco de comprensión de las particularidades y necesidades específicas del sector.
Las mujeres y la salud: El nuevo sistema de salud reconocerá el papel fundamental de las mujeres en el sector, garantizando su participación y reconocimiento, para lo cual se articulará con el Sistema Nacional de Cuidado, en el que se favorezca el empoderamiento social y económico, la redistribución y reducción del trabajo de las mujeres, así como la garantía de una salud plena y una vida libre de violencias.
La Salud en el Trabajo: El sistema de salud incorporará la protección de la salud en el trabajo al conjunto de la población laboral del país ampliando la cobertura del sistema general de riesgos laborales a todos los sectores de la economía popular y del cuidado sobre la base de recursos del Estado.
Un sistema intensivo en conocimiento: revitalizaremos la investigación científica y el desarrollo tecnológico en salud. Esto permitirá el acceso a los mejores tratamientos y dispositivos sanitarios disponibles y a la recuperación de la autonomía y el liderazgo regional del país, incluida la producción de vacunas y otros biológicos. Se garantizará el acceso a medicamentos esenciales con oportunidad, calidad y pertinencia, fortaleciendo la regulación de precios, fomentando la reindustrialización del sector farmacéutico nacional e impulsando una agenda internacional para hacer efectivas las flexibilidades sobre los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos y tecnologías de interés en salud pública.
Pasos urgentes por la vida y la salud: Para avanzar en la transición, mientras se tramita la reforma en el Congreso, avanzaremos desde el primer año del gobierno en la instalación de equipos médicos e interdisciplinarios con el modelo de salud preventiva y predictiva a las zonas más excluidas en campos y ciudades; iniciaremos el salvamento y la recuperación de los hospitales públicos; resolveremos la injustica laboral con los trabajadores de la salud, la mayoría mujeres; y generaremos los mecanismos para que inicie de inmediato un plan ambicioso con financiamiento público para ampliar la formación en todas las áreas y niveles de la salud incluyendo las especialidades médicas para salir del déficit histórico de personal de salud que tiene Colombia en el marco de la democratización del saber y de la construcción de un gran sistema público de educación superior, gratuito y de calidad. Desplegaremos un fuerte plan de recuperación, ampliación y modernización de la red pública hospitalaria nacional que incluye sistemas de transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre para llevar servicios de salud a millones de colombianos que hoy no tienen ningún acceso.
Desde el primer día de gobierno desplegaremos un plan de choque intersectorial para enfrentar el hambre y la desnutrición, superar los efectos de la pandemia y reducir la mortalidad materna, perinatal e infantil. No más niños muertos por hambre en Colombia. Realizaremos una estrategia de promoción, prevención y atención en materia de salud mental y manejo del consumo de sustancias psicoactivas. El sector salud asumirá funciones protagónicas de manera articulada con otros sectores en la lucha contra el cambio climático.
Lucha contra la corrupción: Recuperaremos los dineros públicos, derrochados por la corrupción y la ineficiencia, y avanzaremos en un plan de reconocimiento de las deudas al personal y a los prestadores públicos y privados de servicios de salud. En este sentido, la Superintendencia Nacional de Salud jugará un papel preponderante fuera de la politiquería, con descentralización, participación social y alta tecnología.
Contra esta propuesta posneoliberal es que se ha articulado y organizado un potente bloque de confrontación del que hacen parte los dueños de las EPS, los negociantes de la salud, los bancos, el sistema financiero, los políticos corruptos —de todos los pelambres, —incluidos supuestos socios del gobierno— que se robaron —y roban— la salud en entidades como Caprecom, Coomeva, Saludcoop, Salud total y centenares de empresas privadas prestadoras de salud.
Toda esta maraña de mercaderes y políticos deshonestos es la que ha montado tremenda arremetida neoliberal, mercantilista y criminal contra el modelo alternativo que se propone por la ministra de Salud, Carolina Corcho.
Es asombrosa la estrategia. El principal recurso es el de la manipulación de los medios de comunicación y la utilización de documentos, supuestas autoridades científicas —como la del señor Alejandro Gaviria—, encuestas pagadas, campañas en redes para demeritar el texto de la reforma y promover ataques personales contra el equipo técnico y científico que la jalona.
Para quienes dicen que la “lucha de clases” es cosa del pasado y una categoría desueta, ahí tienen un escenario de confrontación llevado al extremo por castas minoritarias —ultra millonarias— y mafias privilegiadas que se niegan a perder sus descomunales riquezas y sus diseños de despojo y explotación.
Por supuesto, hay una “lucha de clases” —colocada en su máxima tensión— y así debe asumirla el bloque popular para actuar a la ofensiva y con agilidad, organizando una potente movilización del pueblo en los términos de la convocatoria del presidente. Se trata de utilizar todos los repertorios de la lucha popular: manifestaciones, plantones, escuelas políticas, denuncias, movilización en redes, conferencias, Zoom, Meet, Tik tok, influencers, para contrarrestar esta enloquecida arremetida del bloque neoliberal de ultraderecha que se niega a reconocer que fue derrotada políticamente en las pasadas elecciones presidenciales.
A la guerra civil incitada por la oligarquía neoliberal violenta tenemos que responder con la acción de masas de la multitud.
Esta batalla por las reformas posneoliberales cubre varios frentes implicados en la transición energética, las tarifas de los servicios públicos, las pensiones, el régimen neoliberal, la paz y las doctrinas contrainsurgentes anticomunistas que dominan en el ejército, la marina, la fuerza aérea y la policía.
¡A las calles es la consigna!
