Pobladores de las veredas La Yucala, La Naranjala y Mesa Baja en Nilo-Cundinamarca insisten en su derecho de posesión sobre los predios que excluía la escritura pública de venta en 1954 de la Hacienda Tolemaida..
LA HISTORIA DE LA POSESIÓN Y LA TITULACIÓN
En la resolución 2246 del 8 de noviembre del 2012 el Incoder declaró el área donde se encuentran estas veredas, bien fiscal patrimonial de la Nación, negando así los contratos de compraventa preinscritos por sus habitantes para acreditar la titularidad, reconociendo sólo las mejoras en dichos predios.
La Corporación Yira Castro quien acompaña a la comunidad refiere “que los campesinos ostentan la posesión de estos predios, desde muchos años antes de que el Ministerio de Defensa adquiriera el predio en el año 1954 a través de compraventa y dejara de ser esté un bien particular o privado para convertirse en un bien fiscal como lo muestra evidencias de escrituras públicas de compraventa desde 1930.”
José María Sáenz con la escritura pública N°1358 de 1954 transfiere a título de venta a la nación al Brigadier General Gustavo Berrio Muñoz, Ministro de Guerra de la época, la titulación de la Hacienda Tolemaida, allí aparece un “otro si” donde se excluyen unos lotes considerados las Fincas San Fernando y Mesa Baja parcelizados hoy en las veredas la Yucala, La Naranjala y Mesa Baja.
En 1968 el presidente Alberto Lleras Camargo, expidió el convenio 108 donde le asignaba al INCORA la parcelación de 1867 hectáreas. Once años después el gerente de esta institución devuelve al Min. de Defensa 1050 hectáreas bajo el concepto “que no había podido adelantar las adjudicaciones pactadas en el convenio” La Corporación Yira Castro hace hincapié en “la cantidad menor de hectáreas devueltas, además esta acción del antiguo Incora niega la ocupación de los campesinos desde principios del siglo XX en el lugar que para el año 1954 ya había adquirido los derechos de posesión”.
Pobladores cuentan que en varias ocasiones Finca Raíz de Tolemaida les ha ofrecido la compra de los predios por cerca de 600.000 pesos bajo el concepto de “mejoras”. Un habitante de La Yucala relata “uno qué hace con esa plata en otro lugar…¡nada!, además nuestra tierra vale más, por eso muchos abogados han estado detrás de este pleito y nos han engañado”
Yira Castro señala “que se ha evidenciado como el Min. de Defensa inició con los campesinos una supuesta mesa de concertación o diálogo, a través de la cual les planteó que se les arreglaría la situación de la tierra, pero que mientras tanto se debían comprometer a no sembrar, no realizar mejoras en sus viviendas o en las vías, entre otras cosas. Estos supuestos “compromisos” quedaron registrados en actas, las cuales son ahora utilizadas por los abogados de Min. Defensa para decir que los campesinos asumieron estos compromisos de manera voluntaria, sin ningún tipo de presión, pero omitiendo, que los desplazados y campesinos fueron engañados bajo la promesa de solucionarles con la titulación el asunto de su posesión”.
EL EJÉRCITO NO PERMITE CONSTRUIR, NO DEJA PASAR
En los últimos años a la entrada de la vereda la Yucala se estableció un retén militar que prohíbe el ingreso de materiales de construcción. Un habitante de la zona cuenta, “si aquí entra alguien desconocido se le va a decir a los soldados y le duele a uno que un soldado le diga –no es que a nosotros no nos tienen para prestar vigilancia, es para no dejar entrar material”
El 17 de agosto de 2013, el señor Horacio Vizcaya Rodríguez, presentó denuncia penal ante la Inspección de Policía de Nilo, en donde hace referencia al decomiso arbitrario y sin orden judicial de 216 bloques que había adquirido para el mejoramiento de su vivienda los cuales posterior a una serie de presiones e insultos, fueron confiscados por el Sargento Reyes Soler adscrito a la Base Militar de Tolemaida.
Para el mismo mes el capitán Alexander Ramírez Aguirre, adscrito a Tolemaida ingresó sin orden judicial a la vivienda de Héctor Delgado, un señor de 72 años, con el fin de incautar cuatro tejas de eternit y su nieta de 16 años quien se opuso al decomiso ilegal, fue agredida físicamente.
Su madre declara ante la Fiscalía, “al ver esta situación mi hija se le enfrentó y él sin ningún reparo la tomo del cuello, la cogió de un brazo y la tiro al piso, dejándole secuelas de aruñetazos en su brazo derecho y moretones en el cuello (...)” el maltrato ejercido a la joven fue corroborado en el Hospital Universitario La Samaritana. La Fiscalía ante el hecho generó una citación a conciliación entre la madre de la menor y el Capitán.
Aunque para la población está prohibida la entrada de material de construcción, algunos lo han intentado como Milton Morales que tiene su vivienda a la entrada de la vereda y manifiesta “siempre ha sido a las malas y de a un bultico de cemento, cuando no son cinco que se me paran a la entrada para no dejarme pasar"
La orden de no construir ha tenido excepciones para la Finca vacacional El Recreo que cuenta con piscina y donde una noche en temporada baja oscila entre 150.000 pesos. Habitantes de la zona expresan “que por sus nexos militares no han tenido inconvenientes para construir. Estas mismas casas son las que Tolemaida presenta como evidencia para controvertir nuestra versión cuando denunciamos que no podemos entrar materiales de construcción”
A un kilómetro de la entrada principal de la vereda se encuentran represados dos tanques de agua de veinte mil litros que el Ejército no ha permitido instalar; uno de ellos serviría como reservorio de agua potable para la comunidad de La Yucala.
El presidente de la Junta de Acción Comunal Yaircinio Morales de la vereda Yucala sostiene “que para el año 2002 fue construido el salón comunal y cuatro años después el Fuerte Militar invadió la instalación construyendo el Batallón de Policía Militar N°4, negando el acceso a su pobladores y despojándolo del sitio de reunión comunitaria”.
“HAY QUE CERRAR ESTE CASO”
El 22 de marzo de 2013 fue interpuesta una Acción de Tutela en contra del Min. de Defensa, Min.de Agricultura, el Incoder y la Alcaldía Municipal de Nilo – Cundinamarca, solicitando la protección de derechos fundamentales, colectivos y sociales.
Mediante sentencia el 24 de abril de 2013, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, concluyó que la tutela era improcedente por alegar la titularidad o posesión de un bien inmueble fiscal pero a pesar de ello ordena al Min. de Defensa “abstenerse de realizar acciones hostiles en contra de los demandantes y las demás personas que residen en la zona” Tras el fallo los demandantes apelaron la sentencia.
El 19 de junio de junio de 2013 miembros del Ejército Nacional adscritos al Centro Nacional de Entrenamiento – CENAE –con alrededor de unos 30 soldados y el acompañamiento de Policía Militar, ingresaron a las veredas sin orden judicial arrancando alrededor de 300 plantaciones de mandarino joven, llevándose las mangueras para el riego de las mismas. Posteriormente el presidente de la Junta de Acción Comunal narró “que los árboles se los llevaron en un camión a la inspección de Policía del Nilo y la misma inspectora me ofreció ir a recogerlos para traerlos nuevamente”.
La remoción de los arboles por parte del CENAE siguió ocurriendo el 12 de julio, catorce días después, en la noche y el 16 de agosto del 2013. Según cálculos de los campesinos afectados los daños oscilan en 100.675.650 de pesos. Con las evidencias en video los habitantes denunciaron “y las demandas se encuentran repartidas en las seccionales de la Fiscalía 2,3 4 y 5 de Girardot sin tener hasta el momento después de dos años alguna respuesta o pronunciamiento” afirma Milton Morales.
El 25 de junio de 2013, en fallo de segunda instancia el Consejo de Estado ordenó el amparo de los derechos fundamentales de los accionantes y la creación de un Comité de evaluación, seguimiento y atención de la situación de las familias campesinas y desplazadas asentadas, integrado por las instituciones gubernamentales y militares que invoca la tutela, impulsado para su conformación por la Procuraduría 27 Judicial Ambiental y Agraria. La participación de la comunidad en este espacio “que fue casi a la fuerza porque no les querían permitir estar ya que expresamente no estaba consignado en la tutela” señala la Corporación Yira Castro.
El Min. de Defensa mediante un oficio en el mes de mayo de 2014 ante el fallo de tutela se comprometió a evitar cualquier enfrentamiento físico o verbal con la comunidad, y la conformación de un “comité de no agresión”, cuya funcionalidad sería verificar presuntos hostigamientos, atención de emergencias, prestar la asesoría necesaria en temas ambientales y generar atención medica a niños y personas de tercera edad en caso de urgencias. Cabe señalar en la ultimas responsabilidades adquiridas no son competencia militar.
El Incoder entregó una caracterización de predios en el mes de junio de 2014 y según el acta de la novena reunión en el mes de agosto de este año, el procurador delegado Oscar Ramírez Marín expresa, “para nosotros como Procuraduría con esta última reunión se agota la verificación de cumplimiento del fallo por parte de las entidades involucradas, ya que no vemos cómo continuar ante la ausencia de los compromisos fijados, prepararemos un informe general al señor Procurador Delegado y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que resuelva sobre el cumplimiento integral o no de la sentencia de segunda instancia”
El alcalde del Nilo, Ramiro Hernández expone su voluntad de inversión en estas veredas pero se siente impedido según él por el concepto de la Contraloría municipal y la exigencia del Min. de Defensa a permitir intervenciones en las viviendas siempre y cuando sus propietarios renuncien a sus derechos litigiosos sobre su posesión.
“Consultamos al jurídico de la Contraloría y nos comentó que nosotros no podemos invertir en un predio privado, él hizo énfasis en que tuviera mucho cuidado con eso. Quiero comentarles que a raíz de las visitas que se hicieron encontramos dos viviendas que estaban por colapsar y les solicité que en lo posible las arreglaran con algunos palos y me manifestaron que el Ejército no deja, sin embargo solicite el permiso a Tolemaida por escrito y me contestaron que los beneficiarios deben renunciar a un proceso reivindicatorio. Algunas personas de la comunidad han manifestado que les permitan directamente a ellos hacer los arreglos de las unidades sanitarias, pero todo esto está sujeto a los permisos del Ejército, también hay algunos que solicitan se les colabore con la entrada de agua a través de mangueras. Considero que la posición del Municipio es clara por la advertencia de la Contraloría, yo no puedo exponerme a una sanción”, menciona el Alcalde.
El Min. de Defensa sostiene que “(...) el fallo fue claro que es un bien fiscal, no podríamos en este momento transgredir el fallo, en cuanto al escrito sobre la autorización con advertencia de reivindicatorio no podríamos quitar esa limitante, esa discusión ya se dio, si nosotros autorizamos sin esa limitante, esto afectaría un posible avaluó de las mejoras”
Yira Castro ha solicitado la adopción de medidas cautelares para las familias del sector ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- y en memorando de solicitud de información ante este organismo, Mónica Fonseca Jaramillo Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para Colombia después de exponer las gestiones gubernamentales adelantas por el Comité de Seguimiento solicita: “ en el presente caso, de manera respetuosa, el Estado colombiano considera que no se cumple con los requisitos señalados para adoptar medidas cautelares, en razón a que en primer lugar, el Min. De Defensa Nacional-Ejército Nacional ha ejercido su derecho de propiedad, dentro de los límites que la Constitución y la ley le imponen a la misma”.
El pasado diciembre nuevamente militares de Tolemaida decomisan tejas de eternit en una vivienda que estaba iniciando a construirse sin presencia de sus propietarios.
