El pasado miércoles 06 de enero de 2023, la Alcaldía de Bogotá expidió la Resolución 1077, por la cual se fijaron las nuevas tarifas que rigen el permiso de circulación conocido como “Pico y Placa Solidario”. En dicha resolución se estipula que vehículos que no estén registrados en Bogotá y que deseen movilizarse por la ciudad tendrán que pagar 20% adicional en comparación con lo que pagan vehículos matriculados en el distrito.
Tal medida tomada por la alcaldesa llamó la atención de Wilson Flórez, diputado de Cundinamarca, llevándolo a radicar una demanda de nulidad de dicha resolución ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por considerarla claramente discriminatoria, antitécnica, inequitativa e inconstitucional. Imponer costos adicionales a los campesinos, estudiantes, trabajadores, microempresarios, enfermos y demás ciudadanos que viven en lo rural y que tienen que desplazarse a la capital, genera más pobreza en los pobres, discriminación a lo rural y atenta contra la igualdad ante la ley que se estipula en la carta magna.
En los discursos usados para aprobar el nefasto modelo de integración conocido como Región Metropolitana, se proclamaba a gritos la búsqueda de “la equidad, el cierre de brechas entre los territorios y eliminar las imposiciones dominantes”; falsamente la alcaldesa vendió una idea de “una relación entre iguales” entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Todo lo anterior se quedó en una burla, cuando la realidad es que ser cundinamarqués es castigado por el distrito con el cobro del 20% adicional para aquellos ciudadanos que necesiten el permiso especial de circulación conocido como “Pico y Placa Solidario”, únicamente por cometer el pecado de no registrar sus vehículos en el distrito.
El diputado Flórez llama la atención de la ciudadanía y de los medios de comunicación evidenciando que el costo adicional a los vehículos registrados en Cundinamarca por el “Pico y Placa Solidario” es un invento reciente de la actual administración distrital; que según estudios de la misma Secretaría de Transporte de Bogotá, el 80% de los vehículos que transitan en la ciudad con este permiso están registrados en la capital, los que consecuentemente evidencia que son los carros de Bogotá los generan mayores externalidades negativas al Distrito; y finalmente que prácticas discriminatorias como la demandada es antitécnica debido a que se está cobrando más a quienes menos tienen o en otras palabras, se está empobreciendo a la población rural a través de la política fiscal del distrito (1). Se espera que la alcaldesa Claudia López recapacite, o que sea más coherente con lo que dice y hace, al menos cuando de integración regional se trate.
(1) La capacidad de pago que tienen los bogotanos es 82% superior que la que tienen los cundinamarqueses que viven las capitales de provincia (ver). El PIB per cápita de Bogotá es casi el doble que el de Cundinamarca (1,77 veces, según el DANE). El ingreso per cápita de un bogotano de Chapinero es 10 veces mayor que el ingreso per cápita del municipio como Medina (ver).
