La transición energética no es un problema menor y por ello concita, debido a su complejidad, la candente discusión que se ha planteado, generalmente en contra, sobre su viabilidad. Y aún más insólita aparece que aquella pueda provenir, por el abandono que el tema ético sufrió durante las últimas 6 centurias neoliberales, de una decisión moral.
Primero se encuentran los intereses marcados de quienes defienden la prolongación de la explotación y uso de energías provenientes de fuentes contaminantes de la atmósfera, y por ello causantes del creciente calentamiento de la Tierra.
Y aunque insisten que su interés en nada choca con buscar una transición necesaria a energías limpias, sostienen que por el bien de la nación que se beneficia de sus exportaciones, los impuestos que paga y las regalías que confiere, constituiría un suicidio frenar la explotación de un recurso que como el petróleo lo tenemos a la mano y cuenta con un precio internacional nada despreciable.
Olvidan, o pretenden hacerlo, que la propuesta del gobierno progresista de Gustavo Petro no suspende de manera inmediata la exploración y explotación del hidrocarburo y el gas, sino que plantea la no renovación de nuevos contratos, teniendo en cuenta que de los vigentes actualmente que son 381, 110 finalizan hasta 2032 y con posibilidades de prolongarse y sumar importantes existencias.
Es decir, tienen un alcance que supera los 10 años para ampliar el volumen de las reservas disponibles sin que ello signifique que entremos en una crisis económica inmediata porque no contamos con las energías limpias que constituirían su remplazo y menos sustituir sus exportaciones que representan el 40% de las que hace el país, como pregonan de mala fe sus adversarios.
Por supuesto, las alarmas provienen principalmente de los empresarios ligados a dicha explotación, avalados por econometristas cuyos objetivos son favorecer las ganancias gremiales y personales de los implicados y mantener la supervivencia y productividad del capitalismo sin cortapisas. A lo que agregan, para considerarse a tono con las necesidades del planeta, estar de acuerdo con la transición energética propuesta, con tal que aquella se haga de manera inteligente, progresiva y provechosa para el país.
Que no esconde su pretensión de que se prolongue indefinidamente, basados en hechos que consideran inconmovibles como que las potencias económicas jamás las suspenderán y en cálculos propios que insisten en la precariedad de las existencias de Colombia para el futuro inmediato.
Augurios pesimistas que tampoco pueden considerarse serios, ya que el ejemplo recibido de sus pares en países desarrollados no es el mejor, pues no han faltado las artimañas y los medios para hacerlas públicas, con el fin, por ejemplo, de desmentir el calentamiento y favorecer sus inversiones sin ninguna otra consideración por los peligros que proyectan.
Y sin que las agencias del Estado aporten cálculos completamente fiables, ya que no es un secreto que durante los últimos 32 años este desapareció como tal, para adecuarse también a los dictados del modelo capitalista extremo, generando en todos los campos, donde su función para velar por sus asociados era irremplazable, excesos cuyos efectos perversos todavía permanecen sin registrar.
En lo que no redundan estos agraciados de los hidrocarburos es que de persistir en la política de explotación de fuentes contaminantes, los proyectos y recursos para remplazarlas continuarán en el limbo o serán escasos, pues Ecopetrol y afines seguirán dedicados de manera preferencial a su implementación y aporte presupuestal continuo a un Estado siempre necesitado, descuidando las nuevas tareas que sin duda requerirán capitales y esfuerzos especiales.
Repitiendo simplemente lo hecho durante los últimos 40 años donde el petróleo, por más que tuvo periodos importantes de precios altos, no nos sacó del estado de subdesarrollo y desigualdad creciente, y tampoco permitió la investigación y avance en energías alternativas existiendo los recursos naturales de toda índole para haberlo hecho.
Argumentar que Colombia no es un contaminador importante de CO2, o que E.U. y China utilizarán el petróleo por siempre, es ignorar el verdadero problema que supera estas consideraciones infantiles. Por un lado, el calentamiento castiga —debido a la readaptación obligada de la Tierra— a los países, en especial pobres, con eventos destructores como ciclones, vendavales, marejadas, veranos e inviernos prolongados y destrucción ecológica con consecuencias fatales humanas y económicas como las que a diario vemos. Por el otro, nos acerca poco a poco a temperaturas letales en las que el planeta ya no sería un entorno apropiado para la raza humana, provocando su desaparición.
De ahí que una posición como la del gobierno colombiano no solo constituya un acto de responsabilidad racional a tono con los aportes científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre la gravedad creciente del calentamiento sino que representa frente al mundo una actitud moral difícilmente recusable, que además podría convertirse en el objetivo común de todos los países latinoamericanos para concientizar al mundo, con su singular ejemplo, del problema vital al que estamos enfrentados antes de que sea tarde.
Y por dicho camino de sobriedad y cuidado por parte nuestra, la oportunidad de que el mundo desarrollado tenga el tiempo suficiente para lograr su propia adaptación dados su altos niveles de contaminación de la atmósfera provenientes de su estilo de desarrollo, mientras su ciencia consigue las energías limpias que les permitan, de ser posible, un modelo de vida tan satisfactorio como sostenible,
Al tiempo que como contraprestación a nuestro decisión de no contribuir al calentamiento con nuevas emisiones y dedicar nuestros recursos ecológicos a captar el CO2 que todavía puedan producir, aportar capitales y tecnología para nuestro propio desarrollo sostenible, la única forma de que logremos superar el estado de subdesarrollo eterno e inviabilidad social en que nos encontramos la mayoría de los países, y, en especial, los latinoamericanos.
Además, el origen gubernamental de la decisión de Gustavo Petro recupera para el Estado la capacidad de sobreponerse, como era lo natural, a la omnipotencia del mito capitalista sin limitaciones que llevó al planeta a la situación ecológica aterradora de que hablamos, para sumarla a la desigualdad económica que propició y la gestación sin controles de avances cientificistas como la inteligencia artificial que antes que servir al desempeño de la humanidad amenaza con destruirla.
