Finalizar un año para comenzar otro lleva a las personas y a las instituciones a realizar balances de lo ocurrido en el año que concluye. Este escrito tiene la finalidad de iniciar un balance de las principales acciones del gobierno de Gustavo Petro, desde la perspectiva política que asumí como integrante del partido Dignidad, que se declaró independiente frente a la nueva administración, lo que nos permite reconocer aspectos positivos y también criticar lo que consideramos negativo. No pretendo agotar los temas que merecen una revisión, que son muchos, pero empezaré por los que creo más relevantes, dejando para un escrito posterior otros de igual importancia que no abordo aquí para no agobiar a los lectores con una nota demasiado larga.
Avatares de la paz total
No he logrado entender cómo se ordena por decreto un cese de fuego bilateral que involucra a las fuerzas armadas del gobierno colombiano y a varios grupos armados ilegales que operan en Colombia. Mucho menos cuando uno de esos grupos declara públicamente, después de que el decreto correspondiente ha sido expedido, que no ha acordado ningún cese de fuego con el gobierno; y de paso, también los militares expresaron no haber sido informados de este supuesto acuerdo. Y digo que no entiendo cómo se decreta un cese de fuego bilateral porque el presidente puede ordenarles a sus fuerzas armadas que cesen sus acciones de guerra, pero no puede hacer lo mismo con los grupos que desarrollan actividades armadas al margen de la ley.
Precisamente, una de las características de estos grupos es que en sus actuaciones no se someten a la autoridad legítimamente constituida, sino que dependen de las decisiones que tomen quienes ejercen su dirección interna. En otras palabras, un cese al fuego bilateral solo puede ser un acuerdo entre dos partes como lo indica su nombre, y uno de los grupos mencionados en los decretos de cese al fuego, específicamente el ELN, dijo que no pactó ningún acuerdo de cese al fuego bilateral con el gobierno; y no se conoce si los demás grupos armados con los que se ordenan ceses al fuego bilaterales suscribieron acuerdos con el gobierno para suspender acciones armadas.
Es cierto que el decreto que estableció el cese al fuego “bilateral” con el ELN r, fue derogado, pero quedó una gran incógnita acerca de las razones que movieron al presidente Petro a decretar algo que no había sido acordado cabalmente entre las partes involucradas. Ojalá de este impasse salga una lección para el gobierno y los pasos que dé en adelante en el proceso de negociación con el ELN sean el resultado de decisiones verdaderamente acordadas y firmadas entre las partes. Es igualmente deseable que los demás procesos que forman parte de la denominada paz total sean fruto de acuerdos con los grupos involucrados en ellos.
Al igual que muchos colombianos no soy muy optimista a la hora de esperar resultados de las conversaciones con reconocidos carteles de la droga en términos de eliminación o al menos reducción de los multimillonarios negocios que mueve el narcotráfico, entre otras cosas porque éste no depende exclusivamente de sus actividades en Colombia sino que se mueve principalmente gracias al creciente y lucrativo consumo de las sustancias alcaloides en Estados Unidos y en Europa; a lo sumo podrá esperarse un compromiso de reducción de las actividades armadas que rodean el negocio, pero muy difícil será lograr una reducción del negocio mismo.
El anterior, aunque es solo uno de los múltiples episodios contradictorios protagonizados por el gobierno de Gustavo Petro, es posiblemente uno de los más graves, porque está relacionado con el tema de la paz que tanto anhelamos los colombianos, hastiados como estamos de la prolongación de la violencia social y política por tantas décadas. La verdad es que muchos de los que no votamos por Petro habíamos recibido con agrado la noticia con la que el presidente cerró el 2022 anunciando el cese al fuego bilateral con los grupos armados ilegales por seis meses, con la esperanza de que se estuvieran dando pasos firmes hacia lo que él mismo ha denominado paz total.
Sin embargo, no imaginábamos que tales ceses al fuego eran solo una aspiración del gobierno que, hasta ahora, al menos con el ELN, no ha sido acordada con la contraparte. Sus más agudos contradictores le han recordado a Petro que durante su campaña aseguró que en los tres primeros meses de su presidencia se acabaría el ELN porque concretaría la paz con esta guerrilla, pero han transcurrido cinco meses y medio, y aunque los diálogos con este grupo se han reanudado luego de haber sido suspendidos desde 2019 por el presidente Duque tras el atentado a la Escuela de Policía General Santander, no parece fácil lograr un acuerdo a corto plazo. En este período, el ELN ha lanzado dardos contra el concepto de paz total, señalando que no admite estar dentro de un mismo saco con delincuentes comunes.
Pero no solo ha sido el incidente del “cese bilateral” con el ELN que nunca existió; también surgieron problemas con la negativa de la Fiscalía General de la Nación a atender la petición que hizo el presidente Petro de levantar órdenes de captura vigentes contra jefes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. En los dos casos la falla es la misma: no existen o si existen no se conocen documentos firmados por los protagonistas de las supuestas negociaciones en los que quienes delinquen se comprometan a cesar su quehacer delincuencial, a reintegrarse plenamente a la sociedad civil, a reparar los daños infringidos a muchos sectores de la población; en suma, a entrar seriamente en el proceso de la “paz total” liderado por el gobierno Petro, para que merezcan que cesen contra ellos las acciones judiciales que la ley ordena, mientras se realizan los procesos que conduzcan a acuerdos definitivos.
Todo parece guiado solamente por el deseo y la voluntad del primer mandatario, para cumplir promesas de campaña hechas no sólo al electorado raso sino también, al parecer, a varios reos pertenecientes o acusados de pertenecer a grupos insurgentes de uno u otro signo, o a sociedades de narcotraficantes o a carteles o a carteles de corrupción, durante el sonado episodio de las visitas del hermano de Petro y de la dirigente del Pacto Histórico Piedad Córdoba a los sitios de reclusión de estos personajes. En todo caso, muchos colombianos esperamos que este nuevo proceso de paz salga adelante, lo que podría lograrse si el nuevo gobierno logra avanzar mucho más allá de los buenos deseos del primer mandatario, pues para este baile, como en muchos, se necesita que la pareja o parejas bailen al mismo ritmo, pues resulta monótono ver a un solo bailador ejecutando la danza, por muchas contorsiones y morisquetas que sea capaz de hacer para el gran público, mientras las parejas ni siquiera se asoman al escenario.
Aviones de guerra y medio ambiente
Otra actuación gubernamental que ha despertado rechazo desde diferentes sectores, incluyendo personas del propio entorno petrista, como el diputado del departamento del Atlántico, Nicolás Petro, hijo del presidente, el senador Iván Cepeda, principal aliado de Petro en el Polo Democrático, Roy Barreras, presidente del Senado y alfil del mandatario en el Congreso, y otros cuantos de sus incondicionales colaboradores, es la decisión de comprar aviones de combate para renovar la flotilla de la Fuerza Aérea. Atrás quedaron los encendidos trinos con los que Petro fustigó al gobierno de Duque por el anuncio de la compra de aviones de combate.
“La compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos, es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio sí en instrumentos para bombardear niños”, había escrito en su cuenta de Twitter el precandidato presidencial Gustavo Petro el 16 de marzo de 2021. Esas palabras se le han convertido hoy en un bumerang porque la crisis en la que vivimos no ha menguado —al contrario, 2022 terminó con la tasa de inflación más alta de los últimos 23 años—, lo que, aplicando la lógica del trino mencionado, convierte a Petro en un gobernante con “el máximo grado de irresponsabilidad”.
Para justificar la decisión tomada ahora como gobernante, el presidente argumentó fines constitucionales: “Esos fines constitucionales implican unos instrumentos para que seamos capaces, en cualquier momento, de hacer respetar la soberanía nacional”. Paradójicamente, en las decisiones tomadas en el marco de las relaciones con los Estados Unidos, la poderosa nación que históricamente, desde el famoso “I took Panama” de Teodoro Roosevelt, ha irrespetado nuestra soberanía nacional, no han sido tenidos en cuenta esos fines constitucionales: una de las primeras decisiones del gobierno Petro fue entregarles a las fuerzas armadas estadounidenses el cuidado de la Amazonia colombiana, so pretexto de “combatir la deforestación”, durante la visita que le hizo, pocos días después de su posesión, la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE. UU.
Otro hecho demostrativo de que la subordinación de los gobiernos colombianos a los mandatos estadounidenses no solo no ha cesado, sino que se profundiza con el gobierno de Gustavo Petro, es el silencio que ha guardado frente a la reiterada petición de la comunidad científica y de miles de ciudadanos para que reverse la decisión tomada por los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Iván Duque de permitir la construcción de una base militar norteamericana en la Isla de Gorgona, Parque Nacional Natural, cuya vocación es la conservación de la biodiversidad terrestre y marítima, que fue incorporada a la Lista Verde por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; contrariando su propósito de convertir a Colombia en “potencia de la vida”, los trabajos para la construcción de esta base militar norteamericana han continuado sin interrupción, según lo ha informado el Comité Científico del Parque, al tiempo que señala que los militares han venido tomando el control de la isla.
Y aunque estos acontecimientos que tienen como protagonistas a los militares norteamericanos se enmarcan en supuestos motivos de defensa del medio ambiente, la verdad es que no hacen más que reafirmar la supremacía de la potencia del norte sobre nuestro país. Curiosamente, las agrupaciones de izquierda que conforman, con el Pacto Histórico, los liberales y los conservadores, la coalición de gobierno de Petro, no se han pronunciado en relación con estas dos protuberantes muestras de la intervención militar norteamericana en Colombia.
El manejo de la economía
El panorama económico de Colombia no se presenta despejado en los comienzos de este nuevo año. Superado sólo por Venezuela y Argentina, nuestro país presentó en 2022 la tercera inflación más alta de Latinoamérica, con un 13,12% a 31 de diciembre. Esta situación golpea a toda la población, pero más duramente a los hogares vulnerables que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, que según la Cepal alcanzó en 2022 el 38%. El mayor porcentaje de aumento del costo de vida corrió por cuenta de los alimentos, que aumentaron en promedio 27,81%, de acuerdo con cifras del DANE.
Y aunque nadie puede responsabilizar de esta situación exclusivamente al gobierno de Gustavo Petro, porque asumió la presidencia el 7 de agosto, algunas de sus medidas iniciales inciden en el aumento sostenido de las cifras inflacionarias. Por ejemplo, el haber desmontado el subsidio al precio interno de la gasolina para llevarlo a los precios internacionales mediante un reajuste mensual al precio del galón, que oscila entre doscientos y quinientos pesos. A mediados de 2022 el galón de gasolina corriente se pagaba a $8.200, hoy está ya por encima de $10.000 y la meta es llegar a $18.000 o más si el precio internacional así lo indica. Esto necesariamente aumenta los costos de transporte de personas y de mercancías y pone en dificultades a quienes tienen su vehículo, auto o motocicleta, como herramienta de trabajo.
Dicho incremento permanente del precio del galón de gasolina corriente es uno de los factores que mantiene la inflación al alza, así el presidente asegure en un trino que “prácticamente no habrá incremento de costos de transporte de carga y alimentos este año”, luego de anunciar un decreto expedido el 15 de enero ordenando no alzar las tarifas de peaje en las casetas a cargo de Invías y de la ANI, cuando ya la mayor parte de los peajes habían sido aumentados en un 13%. Asociado con este tema, el anuncio de que no habrá exploración de nuevos pozos de petróleo y gas, y que se pasará de la producción y venta de gas a la compra en otros países de este combustible usado por la gran mayoría de los colombianos, ha producido también efectos inflacionarios y ha producido las mayores alarmas porque pone en peligro uno de los rubros que más peso tiene en los ingresos estatales, que se requiere para ejecutar los proyectos sociales del gobierno Petro e incluso para financiar la transición energética.
Este escenario de inflación continuará en aumento en 2023 por la aplicación de la reforma tributaria aprobada en el Congreso en tiempo exprés por las mayorías que tiene la coalición de gobierno; esa reforma contribuye al alza del rubro de comidas al colocar el 10% de IVA para una serie de productos como las bebidas azucaradas o edulcoradas y los ultraprocesados (cereales refinados, patatas fritas y otros snacks, golosinas, bollería, repostería, lácteos azucarados o edulcorados, carnes procesadas, embutidos, galletas, platos precocinados, barritas energéticas o dietéticas, etc.), algunos de los cuales, por sus precios más bajos, han formado parte de la dieta de los sectores populares.
Se argumenta que la imposición de IVA a estos productos tiene como finalidad desestimular su consumo porque son perjudiciales para la salud por sus elevados contenidos de grasas, azúcares y harinas, y que se pretende impulsar el consumo de “comida real”, principalmente de productos provenientes del sector agropecuario, como frutas, verduras, carnes, leche, huevos, que vayan del campo a la mesa; pero en las condiciones actuales de la producción agropecuaria, con la invasión de alimentos provenientes de los países con los que Colombia suscribió tratados de libre comercio que han arruinado la producción nacional, esos productos también se han vuelto casi inaccesibles para los estratos medios y bajos de la población, por los efectos de la inflación mundial originada en la parálisis económica a la que obligó la pandemia de COVID-19, y más recientemente por los impactos de la guerra Ucrania-Rusia; de esta manera, comer más saludable es hoy un lujo en Colombia.
Sin embargo, el argumento del desestímulo, por razones de salud, al consumo de productos ultraprocesados, se cae cuando se conoce que uno de los rubros importantes de esta reforma es lo que se espera recaudar por este concepto, lo que significa que el gobierno no piensa realmente en la reducción del consumo de esos productos, sino que espera un importante aporte de su IVA a las finanzas públicas. De otro lado, la reforma tributaria mantiene un tratamiento igual para todo el sector empresarial al decretar que el impuesto de renta será de 35%, sin haber atendido la propuesta de señalar una renta diferencial menor para las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleos aportan a la economía nacional; con esta decisión se hace muy difícil cumplir el objetivo de crear más empleos para reactivar la economía.
Otro aspecto importante de la política económica y social de este gobierno es el manejo de la política agraria, en el cual se destaca la decisión de entregar a los campesinos tres millones de hectáreas de tierras provenientes de los baldíos de la nación o de compra a grandes propietarios, como se lo planteó Petro a los ganaderos agrupados en Fedegan, uno de los fuertes gremios empresariales del país, que agrupa principalmente a los latifundistas más poderosos.
Independientemente de las críticas que se han hecho al pacto del gobierno con Fedegán, esta es una medida de signo positivo que sin embargo requiere una política complementaria, la protección a la producción agrícola nacional. De nada sirve que los campesinos tengan tierra si no tienen posibilidades reales de vender en el mercado nacional lo que produzcan, porque este mercado está acaparado por los productos importados que entran al país con muy bajos aranceles, o sin ellos, como resultado de los tratados de libre comercio que firmó el país bajo la ruinosa política económica de los gobiernos anteriores, que tiene hoy al país importando catorce millones de toneladas de alimentos, cuando en 1990 se importaban 700.000 toneladas y la producción nacional cubría casi totalmente la demanda.
El problema es que el gobierno Petro, en contravía de lo prometido en campaña, ha dicho ya que no va a renegociar los tratados de libre comercio, lo que significa que en los próximos años seguirán inmodificables los compromisos de reducción de aranceles hasta llegar a su desaparición en la mayoría de productos agropecuarios de importación. Es esta una decisión que debilita profundamente la distribución de tierras para los campesinos y mantiene nuestra soberanía alimentaria sometida a las decisiones de los países a los que nos vemos obligados a comprarles alimentos, principalmente Estados Unidos y las naciones europeas.
Finalizo este primer examen a los hechos del gobierno de Gustavo Petro, dejando pendientes para un segundo escrito temas como las reformas laboral, pensional y a la salud, porque es muy difícil opinar sin conocer aún el contenido de estas reformas, y más difícil aún si se cumple lo anunciado por el presidente Petro, en el más puro estilo populista, de llevarlas a su aprobación en las calles, como si anticipara que sus socios políticos en la coalición de gobierno no se las van a aprobar en el escenario natural de los proyectos de reforma, que es el Congreso; quedan pendientes también para otra nota los incrementos de tarifas en los servicios públicos, los anuncios en materia educativa y el tratamiento a la cultura y a la ciencia.
No obstante, quiero terminar señalando que muy poco desarrollo podrá tener la prometida lucha contra la corrupción cuando se ha tomado la decisión de gobernar en estrecha alianza con los partidos que históricamente han sido protagonistas de las decisiones que tienen al país en la crisis que hoy se evidencia y de incontables episodios de esa corrupción que ha invadido como un cáncer a la administración pública, todo lo cual llevó a los colombianos a elegir un gobernante que se comprometió a generar profundos cambios, pero que, transcurridos solo cinco meses y medio desde su posesión, ya tiene decepcionados a muchos de sus electores.
Esa alianza, que le permite a Petro tener mayorías holgadas en el Congreso, lo obliga también a entregar una parte nada despreciable del ponqué burocrático a sus “nuevos amigos” —con todo y los escándalos que han generado algunos de sus nombramientos—, a morigerar sus propuestas legislativas al punto de dejar varias de sus promesas sin cumplir y a no profundizar en la política anticorrupción, pues muchos de sus aliados siguen controlando segmentos importantes del poder y sus prácticas corruptas no han sufrido mengua alguna —Gustavo Bolívar, uno de los más importantes alfiles petristas, denunció en reciente entrevista a “Semana”, que el Congreso de la República tiene un 60% de corrupción y que allí anida una aberrante práctica de abusos sexuales contra un número indeterminado de jóvenes mujeres que laboran con precarios contratos temporales—.
Aun así, lo más protuberante en estos primeros meses, que me permite afirmar que no se está produciendo el “cambio” anunciado con bombos y platillos y esperado por la gran mayoría de sus electores, es el continuismo del gobierno de Gustavo Petro frente al gobierno norteamericano y frente a las políticas que dicta Washington a través de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, la OTAN; que estos organismos vean con beneplácito la reforma tributaria, por ejemplo, es una muestra de lo funcional que es el actual gobierno a esas políticas.
Así mismo, que el “cuidado del medio ambiente” se entregue a tropas norteamericanas en la Amazonia y en la Isla Gorgona y que reformas como la pensional y laboral hayan sido presentadas primero a congresistas y funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, según lo informó la propia ministra del trabajo, Gloria Inés Ramírez, da cuenta de que continuaremos en la misma situación de dependencia frente al amo del norte. En esas circunstancias, de no producirse un cambio profundo en esas relaciones, Colombia sigue por la senda del subdesarrollo, la falta de oportunidades, el aumento de las tasas de pobreza. El cambio real sigue siendo entonces una meta hacia la cual conducir los esfuerzos de todos los que seguimos creyendo que este país sí tiene arreglo.
Coletilla. Debo registrar con alborozo la más reciente noticia política de la fusión del partido Dignidad con el movimiento político Compromiso Ciudadano, los cuales tienen como sus figuras más notorias al exsenador Jorge Enrique Robledo y al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo. Este acontecimiento llena de esperanza a un sector muy importante de la población colombiana que cree en un tercer camino para conseguir la solución de los males que aquejan a Colombia, alejado de la polarización que divide y enfrenta a los colombianos en dos bandos extremos y ajeno al autoritarismo que nos han azotado por décadas y a la demagogia populista que comienza una era de incertidumbre y de muy pocos cambios reales en nuestra atribulada nación.
