Argentina, 1985 tiene a su favor que cuatro generaciones de argentinos —y latinoamericanos— tienen la oportunidad de que el cine les acerque un hecho —el juicio a los genocidas encabezados por Jorge R. Videla— de absoluta trascendencia y vigencia para la democracia emergida tras una feroz dictadura, cuyas consecuencias han acompañado la vida argentina hasta hoy.
Pero no puede dejar de pensarse que los responsables de Argentina, 1985 tuvieron el tiempo suficiente para que el filtro de la memoria les permitiera ofrecer mucho más que la vivencia y el contexto de un ser humano —el fiscal Julio Strassera (1933-2015)— a quien la historia le colocó ante una instancia de enorme responsabilidad.
La película del director y guionista Santiago Mitre (42) se centra en la personalidad de ese magistrado de carrera —interpretado por el siempre bien Ricardo Darín— a quien le cupo asumir el papel de fiscal en un momento decisivo en la historia argentina, como fue el juicio a la Junta de Comandantes que encabezara la tétrica dictadura vivida entre 1976 y 1983, en la tierra del Martín Fierro.
Strassera, funcionario del Estado con años de trabajo judicial durante la dictadura, fue puesto a prueba en esos siete meses y 19 días de 1985. Estuvo a la altura de su tremenda circunstancia y de allí en más es contraseña de lo que debe ser un operador judicial en un contexto extremadamente difícil: el tránsito de la dictadura a la democracia.
Quienes hicieron Argentina, 1985 quizás debieron haber tenido en cuenta lo que proponían los antiguos. "La esencia griega de la verdad no es la aparición de los fenómenos en un luminoso horizonte de presencia, sino un no-ocultamiento", como ha escrito el historiador italiano Paolo Rossi.
Es difícil entender, solo con una porción del contexto, cómo, cuándo, qué y por qué Argentina fue el primer país democrático del mundo en juzgar y condenar a los máximos responsables del terrorismo de Estado desatado sobre un país.
Argentina, 1985, eso sí, es un fragmento trascendente, en el intento de aproximarse a la verdad. La recreación del testimonio de la física Adriana Calvo (1947-2010), secuestrada y obligada a parir esposada con las manos atrás, ejemplifica hasta qué punto llegó la degradación de los verdugos.
Sin embargo, el ocultamiento de datos históricos del filme dificulta mucho más la comprensión del pasado reciente a las nuevas generaciones argentinas y latinoamericanas, afectadas por una profunda grieta social, donde el sesgo de confirmación impera sobre toda reflexión. También con consecuencias distorsionantes sobre el presente, como la aquiescencia de gobiernos republicanos con actuales dictadores en ámbitos y foros democráticos.
Democracia imperfecta, con graves hechos de corrupción, creciente descreimiento social, fisuras y turbulencias; pero el sistema menos malo conocido hasta el presente. Botón de muestra: el gobierno peronista de 2023, recibe en Buenos Aires con alfombra roja a dictadores tan violadores de derechos humanos como aquellos que aparecen enjuiciados y condenados en Argentina, 1985. No menos cierto que Nicolás Maduro, acusado de delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal internacional (CPI), se siente un preso dentro de las fronteras venezolanas. Entonces, también hay que destacar los avances del Derecho Internacional Humanitario (DIH), logrado desde los ochenta para acá.
Aquel juicio de 1985, La Causa 13/84, abierta a Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya, ha sido reconocido como un ejemplo en el mundo y que aportó un nuevo enfoque internacional sobre la necesidad de la verdad y la justicia que rompió con una tradición, muy argentina y mundial hasta entonces, de olvido e impunidad. Nunca antes una democracia sometía a juicio con todas las garantías a exdictadores.
Omisiones. Es incomprensible que para Mitre y el guionista Mariano Llinás, los autores de Argentina, 1985, pasen desapercibidas potentes situaciones vinculadas de manera directa con lo que enfoca la película:
- En mayo de 1973, el justicialismo (peronismo) en el poder, había consagrado la impunidad con la sanción de indultos; una ley de amnistía y la no investigación penal de los autores intelectuales y materiales de fusilamientos como el de Trelew ocurrido ocho meses antes de que murieran asesinados en una base aeronaval 16 presos políticos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros, organizaciones guerrilleras;
- También quedó impune la masacre de Ezeiza de 1973 cuando regresó Perón a la Argentina: peronistas de derecha dispararon contra peronistas de izquierda con un saldo de 13 muertos y aproximadamente 400 heridos.
- No hubo investigación sobre la Triple A —escuadrón terrorista parapolicial— generada en 1973 desde el gobierno peronista responsable de numerosos asesinatos, atentados y persecución contra subversivos hasta 1975.
Es emblema de la importancia de luchar por los derechos humanos terriblemente avasallados como una base para reconstruir una república democrática a partir del juicio a los comodantes, no hubiera sido posible sin hechos y protagonistas que no se mencionan, o quedan difuminados en el filme:
- La firmeza del presidente Raúl Alfonsín (1927- 2009).
- La convocatoria y trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
- La oposición de Alfonsín a la autoamnistía decretada por los militares genocidas, que les otorgaba impunidad y que era apoyada por el peronismo que en las elecciones de 1983 obtuvo el 40% de los votos.
- Las dificultades en la aplicación retroactiva de la justicia que requirieron de toda la capacidad jurídica de asesores presidenciales, entre los que descuella Carlos Nino.
- La conducta del presidente peronista Carlos Menem (1930-2021) para con los genocidas.
Demasiados elementos históricos clave como para no abordarlos, si la propuesta fílmica se hubiera dirigido a que el espectador pueda aproximarse al contexto real en que tuvo lugar el juicio. Piénsese en Roma ciudad abierta (1945), de Rossellini (1906- 1977), filmada cuando aún no había cesado la ocupación nazi en Italia; o en Una jornada particular (1977), de Ettore Scola (1931-2016), tres décadas después de terminada la guerra, como ejemplos de que también peripecias personales pueden reflejar en la pantalla grande la cosmovisión de una época y quedar en la historia como aportes humanísticos.
Retomo la historia. Alfonsín ganó las elecciones de octubre de 1983 con una campaña centrada en la recuperación y vigencia plena del estado de derecho. En diciembre del 83, promueve la derogación de la ley de autoamnistía para los responsables del terrorismo de Estado; y con los decretos 157 y 158 iniciaba el procesamiento de los responsables de terrorismo contra el Estado. Crea la Conadep el 15 de diciembre de 1984 con el principal objetivo de conocer "los hechos relacionados con la desaparición de personas". En la época se reclamaba desde organismos de derechos humanos y otros estamentos de la sociedad la constitución de una comisión parlamentaria bicameral, lo que únicamente prosperó en alguna provincia sin llegar a funcionar, ni destacarse en el esclarecimiento de lo encomendado.
Es que ya los derechos humanos comenzaron a ser partidizados y reivindicados con base a objetivos partidarios, ideología, o relato anticipe de lo que hoy llamamos posverdad.
Alfonsín convocó para integrar la Conadep a personas que debían ser impecables en su defensa de la democracia y los derechos humanos, además de contar con prestigio en la sociedad argentina.
Fueron invitados juristas, médicos— René Favaloro— catedráticos renunciantes durante la dictadura de 1966, la periodista recientemente desaparecida, Magdalena Ruiz Guiñazú, los religiosos, Jaime de Nevares (obispo católico) Carlos Gattinoni (obispo metodista) y el rabino Marshall Meyer, quien propuso el nombre de Nunca más para titular el informe final dado por el escritor Ernesto Sábato, electo presidente por el resto de los integrantes de la Conadep. También la integraron, entre otras personalidades, Graciela Fernández Meijide, madre de un joven desaparecido a los 17 años. El único que rechazó formar parte fue Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, porque no compartía la política gubernamental de DD. HH. El ninguneo del Nobel de la Paz para con las víctimas de las dictaduras latinoamericanas del siglo XXI, explica aquella negativa. En la película un grupo de jóvenes entusiastas obtiene las pruebas necesarias para el juicio.
La realidad fue que tras nueve meses de trabajo impresionante la Conadep presento el 20 de setiembre de 1984 su informe final. Esa información recabada a lo largo y acho de Argentina— con sedes en Córdoba, Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca— fue la materia prima de la acusación fiscal de Strassera, y su ayudante Luis Moreno Ocampo, estructurada en un plazo breve. Así como también aportó datos para otros juicos contra militares y policías comprometido con la violación a los DD. HH.
La Conadep contabilizo 8.960 casos de desaparición de personas, —el filme reitera el númerus clausus de 30.000 desaparecidos— identificó cerca de 380 centros clandestinos de detención y comenzó la recuperación de niños sustraídos y privados de su identidad. El "Nunca Más" fue acompañado de un anexo donde constan los datos de los desparecidos, el sitio donde fue visto por última vez, la fecha de su desaparición y otros posibles datos.
Alfonsín fue urgido por personalidades internacionales para que concluyera cuanto antes el tema de los DD. HH. y no generar problemas con los militares. Los presidentes Sandro Pertini (Italia); François Mitterrand (Francia); Felipe González (España); Julio M. Sanguinetti (Uruguay), así como también Giancarlo Pajeta, líder antifascista encarcelado por Mussolini durante una década, luego integrante de la dirección partisana; el también comunista italiano Giorgio Napolitano, presidente de Italia en el siglo xxi, Luciano Lama, Secretario General de la Confederación General Italiana del Trabajo en la época, le manifestaron al entonces presidente de argentino su inquietud ante la dilación del juicio y el clima existente: explosiones de bombas, amenaza permanentes contra funcionarios civiles y contra los mandos militares, generales y oficiales embistiendo cuchillo en mano contra civiles, incluso un breve estado de sitio.
Luego se sucederían las leyes de Caducidad de la Acción Penal en diciembre de 1986, sin perjuicio de que prosiguen las acciones penales; de Obediencia Debida, en junio de 1987, que excluía los delitos de violación, sustracción ocultación de menores o sustitución de su identidad y para la apropiación extorsiva de inmuebles.
Leyes que posteriormente Alfonsín admitió fue necesaria ante la imposibilidad de proseguir indefinidamente con los juicios a militares, la de "Punto Final"; y por los levantamientos de los militares "carapintada" de 1987 y 1988, la segunda.
En enero de1989 un incomprensible intento de guerrilleros dirigidos por el ex jefe del ERP, Enrique Gorriarán Merlo, de copar el cuartel de La Tablada en la provincia de Buenos Aires, con el saldo de 32 guerrilleros, nueve militares y dos policías muertos, evidenció el riesgo que acechaba a la democracia argentina, debilitada también por las consecuencias económica de la dictada: salarios que cayeron en un 40%, mientras que la inflación alcanzó 150,4 (1977), 169,8 % (1978) y 139,7% (19789) y deuda publica dejada por los militares había aumentado un 449%. De 8,2 mil millones de dólares en 1976, ascendió a 45 mil millones en 1982. La destrucción del aparato industrial productivo fue parte de la herencia dictatorial.
El presidente Menem, en octubre de 1989, indultó a otros 220 militares y 70 civiles, incluidos los responsables de la guerra de las Malvinas, los presos "carapintada" y los principales dirigentes de Montoneros. Un año después Menem realizó un segundo indulto que incluyó a quienes cumplían condenas por delitos de lesa humanidad, Videla, Massera, Agosti y los otros exdictadores y a los montoneros Norma Kennedy y Mario Firmenich.
En el siglo xxi el presidente Néstor Kirchner, pasó de haber sido durante la dictadura militar un abogado beneficiado económicamente por la compra a precio vil de propiedades de sus conciudadanos santacruceños ahogados por la crisis económica de los 70, a repentino defensor de los DD .HH. Fruto de esa adaptación Videla y los amnistiados por un peronista, Menem, fueron vueltos a la cárcel por otro peronista
