Para la directora de la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón, llegó la hora de los balances. El próximo 23 de febrero terminará su periodo de cinco años frente a la entidad y ya está abierta una puja entre sectores de izquierda y de partidos y movimientos políticos de la colación de gobierno que aspiran a incidir en la elección de su sucesor.
Sin embargo, el cabildeo para promover candidaturas luce especialmente complejo, ya que escogencia no estará a cargo exclusivamente de instituciones colombianas. En el Comité de Emergencia creado por el Ministerio de Justicia para seleccionar tendrán asiento delegados de la Corte Suprema, del Secretario General de la ONU, del presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos, del Centro Internacional de Justicia Transicional y de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.
No está claro todavía el sistema de postulaciones, pero organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas y antiguos asesores del Centro de Memoria Histórica han dado a conocer ya su interés en mantener esa “cuota”, como quiera que la abogada Monzón surgió de allí. Sin embargo, en el Congreso y en la Rama Judicial hay interés en que sean considerados otros sectores no necesariamente ligados a la izquierda, pero sí con experiencia en la búsqueda de desaparecidos.
El Comité de Emergencia mirará resultados. El balance de la directora próxima a marcharse es positivo y se traduce, entre otros, en el hallazgo durante cinco años de los restos de 667 personas desaparecidas. También ha observado que Unidad de Justicia y Paz de Fiscalía halló 2.523 en cuatro años. Las comparaciones son odiosas, pero si criterio es el de ejecutorias concretas podrían tener peso específico,
La Unidad es hija de los Acuerdos de Paz de La Habana y por eso los desmovilizados de las Farc que tienen ahora representación en el Congreso tampoco quieren perder incidencia en la provisión del cargo.
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