Recientemente Jaime Pumarejo, alcalde distrital de Barranquilla, propuso la creación de un fondo especial para modernizar la infraestructura eléctrica de la costa atlántica y aliviar las pérdidas eléctricas en los siete departamentos de la región en un lapso de cuatro a cinco años. También, para desarrollar planes de normalización de redes PRONE (para barrios subnormales) y mejorar redes eléctricas internas de las viviendas. Asimismo, planteó solicitar al gobierno nacional la devolución de activos eléctricos estratégicos para la región, como la generadora Gecelca, la transmisora Transelca y la hidroeléctrica de Urrá.
La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Atlántico concuerda con que se requieren cuantiosos recursos para mejorar la infraestructura eléctrica regional. Para no afectar las tarifas que pagan los usuarios residenciales, oficiales y del sector empresarial, estos deben provenir del Presupuesto General de la Nación y del Fondo Nacional de Regalías Mineras. Igualmente, de las inversiones que están obligadas a ejecutar las empresas AIR-E y AFINIA. Eso sí, a condición de no cobrarlas vía tarifas en forma anticipada, como lo vienen haciendo. Para ello es necesaria la derogatoria y/o modificación del régimen especial tarifario contenido en las resoluciones de la CREG 010 de 2020, 078 y 079 de 2021, que ha elevado los cobros en forma descomunal, quitándole el pan de la boca a millones de costeños. Para esto se puede utilizar el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 que permite reversar las alzas de tarifas eléctricas cuando “lesionan injustamente los intereses de los usuarios”.
Para resolver la crisis eléctrica en la región Caribe es necesaria la voluntad política del gobierno nacional y el cumplimiento de los compromisos adquiridos al calor de la campaña electoral del año 2022. Por ejemplo, es importante avanzar en la concreción de un consumo mínimo vital gratuito de energía de mínimo 200 kilovatios hora mensuales para los estratos más vulnerables, sin cobros prepagados que elevarían la cantidad de hogares desconectados. De igual manera, en la modificación de la normatividad tarifaria actual que permite altísimas utilidades a las empresas del sector. Se hace necesario que el gobierno nacional establezca una mesa de concertación regional con las fuerzas vivas de la costa para acordar estos deberes urgentes.
