Antes de abordar la nave que lo llevaría en calidad de extraditado a Estados Unidos, Álvaro Fredy Córdoba Ruiz lanzó algunas proclamas contra el presidente Gustavo Petro y dijo que su familia fue traicionada por la izquierda, con lo cual pretendía darle un tinte político a su entrega a una corte norteamericana.
No obstante su insistencia, acusaciones que le serán formuladas en una corte de ese país se relacionan con los delitos de tráfico cocaína, el uso de por lo menos una aeronave de matrícula estadounidense para movilizarla y al porte de ametralladoras sin amparo legal.
Detrás de esos cargos estarían por lo menos dos testigos mexicanos identificados en los expedientes con los códigos “CS-1” y “CS-2”. Ambos aseguran que Córdoba les ofreció proveedores de cocaína colombiana para surtir mercados de Nueva York y de la Florida. Entre esos proveedores estarían frentes guerrilleros acampados en el departamento del Cauca.
Concepto de la Corte Suprema de Justicia sobre la extradición
No son solo versiones de palabra. Las conversaciones para arreglar los envíos de la droga y para pagar protección de las autoridades de México, país que serviría de sitio de embarque o como puente de tránsito para los alijos de estupefacientes, fueron grabadas por la DEA.
El gran jurado que decidirá la responsabilidad del colombiano y de varios de sus posibles cómplices escuchará las declaraciones rendidas por Benjamín W. Schrier, fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y Mathew S. Passmore, agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Ellos aportarán las evidencias que indicarían que esos delitos en realidad fueron cometidos.
Entre las personas que habrían “conspirado” con Córdoba para llevar cocaína a Estados Unidos están mencionados Alberto Alonso Jaramillo Ramírez, alias “Alonso Héctor”, y Libia Amanda Palacio Mena.
En un aparte de la descripción específica de los cargos recogida en el concepto de la Corte Suprema de Justicia favorable a la extradición se lee lo siguiente:
“Durante la reunión del 17 de diciembre de 2021, o alrededor de esa fecha, como respuesta a una pregunta de CS-1 sobre seguridad, CÓRDOBA RUIZ declaró que, en el campamento de las FARC, donde se encontraba el comandante de las FARC, había al menos 300 hombres armados hasta los dientes, incluso con armas para derribar objetos (una referencia aparente a misiles tierra-aire). CÓRDOBA RUIZ explicó que el campamento de las FARC estaba en Popayán, Colombia, y se ofreció para hacer arreglos para que CS-1 y CS-2 viajaran allí para reunirse con el comandante para hablar de la cantidad, los precios y la logística”.
Aunque el expediente no lo precisa, las conversaciones podrían versar sobre las disidencias de la guerrilla que surgieron después de la firma del Acuerdo de La Habana.
La Corte hizo expresa la salvedad de que Ruiz no podrá ser procesado por presuntos delitos cometidos en territorio colombiano, sino solo por aquellos que se consumaron en territorio de Estados Unidos.
Este es el expediente:
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