Una de las primeras decisiones que Luis Guillermo Pérez Casas tomó al llegar al cargo de superintendente de Subsidio Familiar fue la intervención de la Caja de Compensación del Huila. En aquello ocasión denunció que esta entidad se había convertido en feudo de políticos y familias poderosas. Explicó que, por eso, cumpliendo instrucciones del presidente Gustavo Petro, había decidido asumir su control para salvarla.
Días antes de la intervención, el 14 de octubre de 2022, Pérez modificó la lista de agentes interventores que entran a actuar cuando una entidad vigilada por la superintendencia es objeto de una decisión de esa naturaleza. Lo hizo para incluir en ella a su amigo Juan Carlos Carvajal Rodríguez que, coincidencialmente, fue designado luego dirigir la caja de Compensación del Huila.
La manera como aceleró sus decisiones causó desconcierto en el sector que vigila, pues lejos de recabar en los méritos de los interventores dictó la Resolución 679 de 2022 y la adaptó a las condiciones personales de Carvajal, hoy una de sus manos derechas.
Si bien se ha declarado opuesto a prácticas clientelistas y se ha declarado opuesto a que los directorios políticos miren las cajas de subsidio como un botín personal, el superintendente envió a todas ellos un requerimiento que sonaba extraño: les señaló un plazo para que le envíen las nóminas de sus trabajadores, incluidos los cargos directivos, sus salarios, antigüedad y modalidad de vinculación.
“Esa solicitud es extraña y curiosa en la antesala de la iniciación de la campaña electoral de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales”, le dijo a Las2Orillas uno de los afiliados más antiguos a la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar.
Funcionarios de la superintendencia explicaron que la intención no es política, ni clientelista ni está inspirada en propósito perversos. Según ellos, lo que busca es ampliar el espectro de información para que el organismo de vigilancia tenga más elementos de juicio para saber hasta dónde ha llegado la toma de las cajas por parte de algunos partidos y movimientos políticos que pretenderían aceitar sus maquinarias con recursos destinados al beneficio de trabajadores de medianos y menores ingresos y sus familias.
La Procuraduría General de la Nación, que no se casa con ninguna de las dos versiones, decidió abrirle investigación disciplinaria al superintendente Pérez porque de todas maneras a los servidores públicos solo les está permitido lo que establezca la ley y no se conoce hasta ahora una norma que lo habilite para hacer ese tipo de averiguaciones.
Su situación disciplinaria podría verse mucho más comprometida porque el mismo superintendente decidió hacer una colecta entre las Cajas de Compensación –sus vigiladas- para hacer lo que llamó “un aporte solidario a la población de Buenaventura”.
En un país donde la solidaridad es un compromiso de carácter humanitario, la intención de ayudar a los habitantes del principal puerto sobre el Pacífico, desangrado por causa de la violencia, resulta loable. Pero lo malo para el superintendente es que las reglas que rigen a la superintendencia no le permiten imponerles a sus vigilados aportes forzosos.
Así lo entiende al menos la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa que lo investigará disciplinariamente por esas tres conductas: la posible manipulación de la lista de interventores elegibles, las averiguaciones sobre las nóminas de las cajas de subsidio familiar y la recolección informal de aporte.
Si las decisiones resultan un desquiciamiento jurídico, resultaría extraño que el responsable fuera un hombre como Pérez con una experiencia de más de treinta años en la interpretación de la ley, la doctrina y la jurisprudencia. No en vano fue presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –uno de los más respetados foros de la izquierda- y también magistrado del Consejo Nacional Electoral.
Carlos Alfredo Guevara Mateus, uno de los más experimentados investigadores de la Procuraduría fue comisionado para recolectar las pruebas que servirían para archivar el proceso o para llevar al superintendente a un juicio disciplinario. Por lo pronto está verificando aleatoriamente con algunas cajas la veracidad de la información que hoy nutre el expediente.
El superintendente declinó hacer referencia a las pesquisas de la Procuraduría, pero respondió con una proclama según la cual mientras él esté en el cargo trabajará por la defensa de los derechos de la población más vulnerable.
La Superintendencia del Subsidio Familiar es la entidad de orden nacional, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que ejerce inspección, vigilancia y control sobre la administración de los recursos del sistema del subsidio familiar y la gestión de los programas y servicios que se financian con ellos. Su misión es velar para que lleguen a los trabajadores de medianos y menores ingresos y sus familias, así como a la población focalizada con los programas especiales del gobierno.
Eso debe quedar claro tanto para el superintendente como para los partidos y movimientos que siempre han querido apañar esos recursos.
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