Una de las decisiones que causó mayor sorpresa en los estrados antes de que los funcionarios de la Rama Judicial salieran a vacaciones de fin de año, fue el embargo que un juez civil de Bogotá dispuso sobre algunas cuentas de Sacyr, multinacional de origen español encargada en Colombia de obras clave como el rescate del Canal del Dique.
La decisión tomada por el Juzgado 51 Civil del Circuito afectó también con medidas cautelares, es decir preventivas, los movimientos financieros de SUDINCO, compañía con la que la española integró el consorcio SH, que recientemente dio al servicio la ampliación de la vía Rumichaca-Pasto.
Los embargos han sido producto de una demanda presentada por un contratista que dice haber perdido su maquinaria y su dinero por cuenta de incumplimientos de consorcio, pero la disputa derivada de ellos ha llegado también ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
El pleito parecía pequeño y focalizado entre Alfonso García Tovar, el reclamante, su hijo Julián David García -a quien el padre cedió sus derechos- y SH. Sin embargo, el juzgado abrió las compuertas para una disputa mayor al emplazar a todos los acreedores del consorcio para hacer valer sus obligaciones y al disponer la acumulación del proceso.
El contratista Alfonso García Tovar fue uno de los primeros demandantes contra la española Sacyr que ahora logra congelar parte de sus activos en medio del pleito.
Esa decisión, que para Sacyr carece de fundamento jurídico, ha hecho sin embargo que la lista de acreedores de la que la hacen parte otros contratistas colombianos y extranjeros tienda a engrosarse. Por eso la multinacional abrió su propio frente de batalla y acudió a jueces de arbitramento para contraatacar a los demandantes y exigirles una compensación de perjuicios, tras acusarlos de haber abandonado unilateralmente sus obligaciones.
Las partes tienen lecturas distintas de las evidencias aportadas, pero sus posiciones sirven para ilustrar las dos caras de la moneda en este caso.
Los García, padre e hijo, presentaron ante el juez imágenes de sus volquetas de trabajo sumergidas en un mar de lodo. Su abogado, Javier Muñoz, sostiene que el equipo no pudo ser operado, no solo porque el consorcio suspendió súbitamente el pago de facturas por más de $4.000 millones, sino porque no cumplió lo acordado en torno a las especificaciones del área en la que moverían la tierra. “Esas volquetas dumper están hechas para trabajar en terrenos de no más de 80 centímetros de profundidad y fueron forzadas a internarse en áreas cenagosas de más de un metro”, explica.
Los contratistas denuncian que su maquinaria fue obligada a trabajar en terrenos en los que no podían hacerlo por lo que terminaron enterradas en el lodo.
Para Sacyr, que asumió en este caso la vocería de S.H.; la maquinaria de trabajo fue abandonada allí de manera deliberada, con el propósito perverso de bloquear el avance del proyecto.
Por ahora la justicia se inclina a favor de los argumentos de los demandantes y por eso accedió a embargar cuentas de Sacyr por cerca de $3.800 millones, de SUDINCO por 3.200 millones y otras conjuntas, con lo cual los dineros objeto de medida cautelar llegan a un poco más de 7.000 millones. Faltaría ver si los otros potenciales demandantes consiguen que el monto escale.
Como el artículo 463 del Código General del Proceso prohíbe a los afectados hacer pagos desde cuentas embargadas, los demandantes han aprovechado para hilar aún más delgado. Según ellos, una empresa con cuentas inactivas difícilmente podría sacar adelante proyectos de la envergadura del canal de Dique, adjudicado a Sacyr por 3,2 billones de pesos.
La multinacional encuentra en ese argumento una alta dosis de mala fe, pues considera que los embargos solo afectan parcialmente a una empresa subsidiaria en Colombia y no al conglomerado cuya capacidad y solvencia económica está a salvo de toda duda. La principal prueba de ello la da el éxito en la construcción del proyecto Rumichaca-Pasto, con un costo aproximado a los 2,9 billones. “El citado embargo- agrega- para nada afecta las operaciones de Sacyr en el país, ni perturba la operación normal de la compañía en sus contratos, incluido el del Canal del Dique”.
Para Sacyr las demandas de los García son gotas en un océano. “Las remuneraciones pactadas con más de 900 empresas, 550 de ellas nariñenses, se encuentran pagadas con normalidad cumpliendo los períodos de pagos concertados por cada factura, a octubre de 2022. Estamos también en el proceso de cierre y liquidación de contratos y la devolución de las garantías llevan más tiempo”, explica a Las2Orillas un vocero del consorcio.
También explicó las razones que llevaron a SH a tocar a las pertas del tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio: “El contratista dejó de cumplir con sus responsabilidades contractuales en el último trimestre de 2021, dejando abandonados los trabajos y los equipos en diferentes frentes de obra, con el fin de dificultar y obstaculizar la operación de los equipos del consorcio SH y de otros contratistas, lo que, junto con el incumplimiento de los trabajos causó graves perjuicios”.
Según los demandantes, Sacyr y el consorcio todo se siente fuerte en los escenarios de la justicia arbitral, a donde suele ir cuando ve la imposibilidad de vencer con argumentos en la justicia ordinaria.
La palabra la tendrán ahora la justicia ordinaria y la arbitral. A una compañía que ha sido cuestionada por el resultado de proyectos como el puente Hisgaura, que en la memoria colectiva es conocido como el puente acordeón, no le convendría llegar cargada de pleitos a asumir el reto colosal de sacar adelante el Canal del Dique.
