En Colombia, como en el resto del mundo, durante estos últimos días del año se diluyen las noticias políticas. En medio de las festividades, el interés se desplaza hacia los balances, reflexiones y buenos propósitos frente al nuevo calendario.
Pero hay asuntos que no pueden pasar inadvertidos. En los días previos a la Navidad, la administración Biden lanzó una advertencia al presidente Petro en contra de su anunciada transición inmediata hacia la erradicación voluntaria de los cultivos de coca.
Este anuncio lo hizo en la primera asamblea de productores de coca del Catatumbo, realizada el 16 de diciembre pasado en el municipio de El Tarra. Participaron allí múltiples organizaciones sociales, comunidades, resguardos indígenas, autoridades civiles y eclesiásticas de la región.
La advertencia, por su parte, provino del Departamento de Estado. Le pide al gobierno proseguir con la erradicación forzada, aunque reafirma su interés en seguir trabajando conjuntamente en la búsqueda de alternativas.
El anuncio y la advertencia ponen de presente una contradicción que no es nueva. Petro viene planteando la necesidad de cambiar la estrategia fracasada de la guerra contra las drogas desde su campaña electoral. Es un clamor que han hecho expresidentes latinoamericanos y parlamentarios estadounidenses, pero que ningún mandatario regional ha concretado.
Lo cierto es que, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y del mismo gobierno de EE. UU., en 2021 Colombia batió récord en cuanto a la siembra de cultivos de coca, que se incrementó en un 43% frente al año anterior.
Pero, ojo, dicho dato corresponde al período del gobierno de Duque, quien no solo saboteó el acuerdo de paz sino que se convirtió en el mandatario más obediente de las órdenes de Washington frente a esta y otras materias.
El cambio de la política antinarcóticos anunciado por el gobierno y la advertencia de EE. UU. ameritan tres consideraciones.
Primera, es inadmisible que Washington pretenda seguir interfiriendo en los asuntos internos de Colombia, como si el panorama político del país y del continente no se hubiera modificado. Es claro que en las difíciles condiciones económicas internacionales y frente a la presión de los organismos financieros y su capacidad de chantaje, los asuntos bilaterales estratégicos deben concertarse con el país del Norte.
Pero una cosa es dialogar y tratar de llegar a acuerdos de interés recíproco y otra es imponer políticas fallidas y esperar obediencia, como lo ha hecho históricamente EE. UU. Por ello, las expresiones de los voceros de la derecha colombiana y de los medios que la representan, cuestionando al gobierno por atreverse a “desafiar” a Washington, son inadmisibles y vergonzosas.
La suspensión del uso del glifosato, el anuncio del cambio en la extradición de colombianos a EEUU, en aras de privilegiar el interés supremo de la paz total y la reparación de las víctimas, son decisiones que debe adoptar el país de manera soberana.
Segunda, la sustitución de cultivos de coca debe ir ligada al desarrollo territorial y a la presencia del Estado y sus instituciones. El nuevo gobierno anunció que aplicará la gradualidad en la sustitución, es decir, que los y las campesinas podrían mantener parte de su cultivo de coca mientras se da el tránsito a otras alternativas. Deben convivir hasta cuando se garanticen niveles de confianza y de rentabilidad que les garanticen una vida digna. La presencia institucional del Estado es fundamental.
Se privilegiará la concertación con las comunidades para desarrollar alternativas. La creación de la Universidad del Catatumbo va por buen camino. Se trata de que este sea uno de los principales territorios de la paz total en Colombia. Esfuerzos similares se adelantan en Nariño, Putumayo, Norte de Santander y otras regiones, donde confluyen múltiples actores armados ilegales.
En últimas, la propuesta es reconocer la realidad de los cultivadores y promover una avanzada del Estado en esos territorios para industrializar el campo. No va a haber erradicación forzada, salvo en el caso de quienes no acepten la nueva política.
Felipe Tascón, director del Programa Nacional de Sustentación Voluntaria de Cultivos, PNIS, señaló que se trata de imitar las cuatro características económicas de la coca: alta rotación (mínimo cuatro cosechas al año); proceso de agroindustria, que deja valor agregado en el campo; merma o reducción de peso y volumen del producto final para facilitar su transporte y garantía de precio de mercado.
Tercera, hay un cambio de fondo en cuanto a la percepción de la responsabilidad del narcotráfico y el énfasis de la lucha contra las drogas.
Ahora la estrategia se centrará principalmente en la interdicción, es decir, la incautación de grandes cargamentos: “No será la guerra entre la fuerza pública y el campesinado de Colombia, sino que tiene que ser la interdicción, detener los grandes cargamentos”, señaló Petro en la asamblea.
Este cambio de énfasis es, en el fondo, la preocupación central de EE. UU. y de quienes insisten en una política fallida que se convirtió en combustible del conflicto armado en Colombia. Una política que propicia la muerte de millones de jóvenes consumidores en los países desarrollados y la destrucción de la selva amazónica.
