Desde expedición del a ley 9ª de 1991, el mercado de oro en Colombia quedó libre, al perder el Banco de la República el monopolio en su compra, regulación y control a la comercialización.
Como la Ley 31 de 1992 impuso al Banco la obligación comprar el oro de producción nacional que le fuera ofrecido en venta, se creó un cartel para traficar con oro producido ilegalmente o de contrabando pero fundido en Colombia para venderlo a Banrepublica o llevarlo a Panamá. Millonario negocio sin control del Estado, que evade impuestos, regalías, normas mineras y ambientales. Amén de los graves problemas de delincuencia y corrupción, denunciados hace años en diversos foros ante la actitud permisiva de los últimos ministros de minas.
Las cifras son aterradoras. Sólo el 17% del oro y la plata que se explota en Colombia proviene de títulos mineros legales. En 7 departamentos donde se extrae, se hace sin título minero otorgado. El Chocó produce 260 mil onzas troy de minerales metálicos y solo hay un título registrado. En Antioquia y Caldas otros de los principales productores de oro y plata del país, de cerca de 900 mil onzas troy producidas, la mitad provienen de títulos mineros no legalizados. En 191 municipios se ha identificado minería ilegal de oro, todo bajo con influencia de grupos al margen de la ley, con la complicidad de muchos alcaldes y con graves daños al medio ambiente. En el Guainía, con grandes riquezas de minerales, la explotación de oro y otros minerales estratégicos está totalmente en manos de la ilegalidad y las Bacrim.
Quizás hoy vemos una luz en el túnel. BanRepública, por orden de SuperFinanciera, realiza controles a compras de oro y denuncia a la Unidad de Información y Análisis Financiero operaciones que considera inusuales o sospechosas de lavado de activos con oro. Ahora el Banco solo comprar oro de explotación aluvial libre en su estado natural no fundido. El oro de veta es más fácilmente reconocido en su procedencia.
Las fuerzas militares y policiales, con base en lo establecido en el Código de Minas en concordancia con el Código Penal, han realizado también operativos en contra de explotaciones ilegales destruyendo valiosos equipos.
De su parte la Agencia Nacional de Minería (ANM) puso a funcionar un nuevo sistema para controlar la compra y venta de minerales metálicos preciosos denominado Registro Único de Comercialización de Minerales (Rucom), que contiene información sobre la procedencia del mineral que se vende en el país tanto para el consumo interno como para la exportación.
Todo ello ayuda, pero debería aprovecharse el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo para ahora si generar un plan de política minera que ordene al sector minero.
*El autor es abogado experto en legislación minera, exPresidente de la Comisión Redactora del Código de Minas
