La noticia de que la empresa petrolera norteamericana Chevron vuelve a operar en Venezuela supone el fracaso definitivo de la Operación Guaidó. Esa que secundó con un entusiasmo digno de mejor causa Iván Duque, ese bibliotecario del BID elevado súbitamente a la dignidad de presidente de la república. Que tanto le costó a nuestra economía y al buen nombre del país. La Chevron vuelve a operar porque se lo permiten tanto el verdadero gobierno del país hermano y no el gobierno no nato Juan Guaidó como el juez norteamericano que, en su también quimérica independencia, ha autorizado que lo haga a pesar de que Biden no ha levantado del todo el draconiano régimen de sanciones impuesto a Venezuela.
El gobierno de Maduro ha concedido dicha autorización, en primer lugar, porque supone un alivio del bloqueo representado tanto por el previsible ingreso de divisas debidas a la exportación de petróleo como por la autorización al envío de 1.500 millones de dólares venezolanos retenidos por la banca internacional por orden de Washington, con destino a la importación de medicinas y a inversiones en los sectores de educación y salud pública y en infraestructuras seriamente dañados en su funcionamiento por el bloqueo. El gobierno de Biden lo ha autorizado porque, ante la negativa de la Opep a aumentar la producción de petróleo para abaratar su precio, necesita con urgencia que el petróleo venezolano vuelva a dicho mercado.
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La descalificación y posterior condena de Chávez y Maduro contó siempre más el control de petróleo que cualquiera otra de las razones esgrimidas por Washington para hacerlas
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Con lo cual queda claro que en la descalificación y posterior condena de Chávez primero y de Maduro después contó siempre mas el control de petróleo que cualquiera otra de las razones esgrimidas por Washington para hacerlas. La de la violación de los derechos humanos careció desde siempre de legitimidad, no porque no las hubiera en Venezuela, sino porque la lista de las cometidas queda empequeñecida cuando se la compara con el enorme catálogo de atrocidades cometidas en Colombia en el mismo período. Pero a Colombia nunca se la sancionó mientras que a Venezuela se la ha sancionado hasta extremos inhumanos. La acusación de “dictadura” a la república bolivariana y su equiparación con la Cuba no tiene ni ha tenido nunca fundamento. La Venezuela bolivariana es una república parlamentaria, en la que existe la separación de los tres poderes, está legalizada la existencia de partidos políticos con independencia de su ideología y se realizan elecciones tanto parciales como generales de acuerdo a un calendario electoral que se ha respetado escrupulosamente y con el que el presidente Maduro esta firmemente comprometido. No es por lo tanto un régimen de partido único como el de Cuba y, aunque otorga un papel importante al Estado en la economía, garantiza la propiedad privada y la libertad de empresa. El llamado por el presidente Chávez “socialismo del siglo XXI” es socialismo + capitalismo. Mas independencia nacional desde luego.
La acusación de “dictadura” fundada en el argumento de que la Constitución venezolana permite la reelección del presidente y que, en consecuencia, tanto Chávez como Maduro fueron o han sido relegidos tampoco da mucho de sí. La relección es un hábito incorporado al régimen norteamericano y hace apenas unas pocas semanas Benjamín Netanyahu fue reelegido primer ministro, pese a que ya suma 15 años en el mismo cargo, sin que a Washington ni a la prensa fiel a sus orientaciones políticas, se le haya ocurrido ni por un momento acusarlo de dictador y ni a ordenar en consecuencia duras sanciones económicas destinadas a castigar al pueblo de Israel por haberlo relegido.
