Hace un par de semanas, en un debate de control político en la Plenaria del Senado, quedaron en evidencia las fallas estructurales del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT). Entre estas se encuentran el alto costo, la evasión, la caracterización y el fraude al sistema. Así lo advirtió el senador Carlos Guevara, uno de los citantes de este debate, al lado de los senadores Ana Paola Holguín y Manuel Virgüez, quienes de todos modos reconocieron la decisión del gobierno nacional de reducir en algunos casos el 50% de la tarifa del SOAT.
La intervención de los citantes reveló una serie de aspectos que confirma aún más la crisis del SOAT. Por ejemplo, Guevara reveló que la tarifa de este seguro para motocicletas entre 100 y 200 CC asciende a un total de 556.000 pesos cuando el valor de la prima no sobrepasa los 283.000 pesos. Así mismo, develó que 70.000 vehículos oficiales circulan sin el SOAT y 76.000 más sin la obligatoria revisión técnico-mecánica.
No menos grave fue la denuncia de la senadora Ana Paola Holguín Agudelo. Según ella, algunas IPS facturan servicios no prestados y hacen más exámenes de los necesarios solo con el fin de cubrir el tope del seguro. Esto sin dejar de mencionar la guerra entre ambulancias para recoger a una persona accidentada, ocasionando incluso choques entre estas. Y como si lo anterior no fuera suficiente, cabe recordar que, de acuerdo con el senador Manuel Virgüez, distintas líneas de motocicletas que se comercializan en el país no cumplen con los debidos estándares de seguridad y en consecuencia no circulan en ninguna parte del mundo.
Ahora bien, un proyecto de ley del senador José Vicente Carreño Castro, que tendría como ponente al senador Esteban Quintero en la Comisión VI, vendría a solucionar el alto costo del seguro y la creciente evasión al establecer que el pago del mismo no solo sea anual, sino además semestral, trimestral o mensual. Lo anterior “dependiendo el uso personal, industrial o comercial del vehículo automotor”, ya que muchos colombianos con diferentes roles o labores no lo utilizan durante todo el año —como es el caso del vehículo familiar—, sino durante un determinado período en el tiempo.
Ejemplos hay muchos: el vehículo de la familia que solo se utiliza para salir de vez en cuando (festivos, vacaciones); el de quienes lo utilizan para casos muy puntuales; el de quienes lo tienen en el taller por meses por cuenta de las reparaciones, etc. Esto sin dejar de contar que en los dos años de pandemia todos los vehículos —con algunas excepciones— no podían circular por el territorio nacional, pero a los usuarios si les tocó pagar puntualmente el costo del mismo a las aseguradoras.
El pago semestral, trimestral, bimestral y mensual del SOAT —como lo plantea la iniciativa de Carreño— no solo vendría a reducir la tarifa del seguro al no pagar todo el año, sino que además promovería la cultura de pagos. Si se tiene la posibilidad de pagar por cortos períodos de tiempo, el usuario preferiría pagar una tarifa menor y no arriesgarse a sufrir un accidente cuando circula su vehículo. Esto podría implicar en el mediano y largo plazo un 0% de evasión —esta asciende a 2,2 billones de pesos— y una disminución en las transferencias del Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (FONSAT) para cubrir los accidentes de vehículos no asegurados.
Este proyecto de ley sería el punto de partida para una reforma estructural, que igualmente se podría consignar en los lineamientos del entrante Plan Nacional de Desarrollo, buscando total transparencia y eficiencia en el funcionamiento del SOAT. De esta forma, se consolidaría una baja tarifa general para este seguro, eliminando un aspecto tan preocupante como la intermediación. Esta sería una contundente intervención para terminar de una vez por todas con los fraudes al sistema, que además vendría a salvaguardar y fortalecer un seguro que ha salvado recientemente la vida de 5 millones de colombianos.
Coletilla. La evasión del SOAT y la no revisión técnico mecánica de más 140.000 vehículos oficiales —denunciado por el senador Guevara en la Plenaria— exige una inmediata investigación disciplinaria a los funcionarios públicos responsables, como también la pertinente intervención de la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación. A nadie le cabe en la cabeza que el mismo Estado promueva la evasión del SOAT y por lo tanto la circulación ilegal e insegura de los vehículos oficiales. El Estado no puede contribuir a la alta siniestralidad vial, estimada en un 13,3% por 100.000 habitantes.
