Viene el 24 de noviembre y con él seis años de la firma del Acuerdo Final de Paz en el teatro Colón. Un asunto que sigue ocupando gran parte del debate político nacional, incluso del internacional, si tenemos en cuenta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se encuentra encargado de verificar el cumplimiento del mismo y cada tres meses está produciendo un informe al respecto, el cual se traslada al gobierno de Colombia con las respectivas observaciones.
El Presidente Gustavo Petro es el primero en repetir, en cuanto escenario le es posible, que su gobierno tiene el propósito de implementarlo integralmente. De hecho, una de sus más destacadas políticas tiene que ver con la reforma agraria integral, que para él resulta imprescindible si queremos desarrollar el campo e industrializar el país, sobre la base de una economía basada en una producción ajena al carbón y al petróleo.
A veces uno tiene la impresión de que ese Acuerdo, que por su edad puede parecer ya añejo, no ha sido leído ni reparado a profundidad por muchos de los que hablan de él. Por ejemplo, la necesidad de democratizar la propiedad de la tierra en nuestro país, bandera de muchos, fue diseñada de manera proverbial en la Mesa de La Habana. Se pactó allí crear un banco de tierras que estaría conformado por tres millones de hectáreas.
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Uno tiene la impresión de que ese Acuerdo, que por su edad puede parecer ya añejo, no ha sido leído ni reparado a profundidad por muchos de los que hablan de él
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Para adjudicársela en los 12 años siguientes a su creación, a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente que quisieran trabajarla. Lo integrarían tierras provenientes de la extinción judicial de dominio o de la actualización de la reserva forestal, baldíos recuperados a favor de la Nación, tierras recuperadas por extinción ante el incumplimiento de su función social o ecológica. Incluso por tierras expropiadas o adquiridas por motivos de interés social o utilidad pública.
Con la correspondiente indemnización a sus propietarios. Se incluyeron incluso tierras que el Estado donara al Fondo de Tierras. Claro, la expropiación, cualquiera que fuera su modalidad, debería sujetarse a las previsiones de la Constitución Nacional y las leyes vigentes. Palabras supremamente ofensivas para el reducido grupo de colombianos que poseen la inmensa mayoría de las tierras del país. De allí que se entienda el odio de esos sectores hacia el Acuerdo de Paz.
Petro, con un sentido práctico, previendo quizás que en un país de leguleyos como el nuestro, pleitos de esa naturaleza podrían durar décadas, y buscando evitar la violencia que desatarían los grandes terratenientes, prefirió hablar de comprar esas tierras. Pagar tres millones de hectáreas evitará una nueva guerra a Colombia, parece concluirse. Lo cual deja cierto sinsabor. Ahora habrá que conseguir quizás dónde los recursos multibillonarios para eso.
En todo caso, de materializarse siquiera la mitad de ese propósito en este gobierno, habría que pensar en planes de desarrollo agropecuario, pues la tierra sola no serviría de nada. El Acuerdo de Paz también lo previó, planes de desarrollo con enfoque territorial. Los cuales podrían sacar al campo colombiano de la pobreza y el atraso. Complementándose, necesariamente, con la sustitución de los cultivos de uso ilícito, a fin de cambiar el destino a los cultivadores de coca.
Los campesinos cultivadores dejarían de ser el objetivo de la fuerza del Estado, que se volvería contra las poderosas mafias internacionales, verdaderas responsables del narcotráfico que nos agobia. Al campesino habría que darle oportunidad, con apoyo internacional, de abandonar para siempre esa actividad ilegal. En líneas generales, esas políticas están previstas en el punto 4 del Acuerdo Final de Paz, sin que estén fracasadas sólo porque Duque no las materializó.
Hay que desarrollarlas, con participación plena de las comunidades, como obliga el Acuerdo. Que además consagró la posibilidad de subsidios y crédito al campesino para la compra de tierras. Y la formalización de 7 millones de hectáreas que se encuentran sin título alguno. Y la actualización del Catastro, que permitirá saber en realidad quiénes son legítimos dueños de tierras y su exacto valor. Para que pasen a pagar el impuesto correspondiente, ahora que se habla de reforma tributaria.
No basta con comprar 3 millones de hectáreas, se requiere la implementación integral de los puntos 1 y 4 del Acuerdo Final. Y eso sólo para hablar del tema rural, que tanto interesa a Petro. Asuntos como las garantías de seguridad para los líderes sociales en los territorios, involucran los puntos 2 y 3 del mismo Acuerdo, así como la Paz Total exige que se cumplan todos y cada uno. Nadie va a reincorporarse a una sociedad cuyo Estado no cumple su palabra.
Quizás Petro y muchos de sus funcionarios no lo vean aún tan claro. Conseguir el país de sus sueños será imposible si no se esmeran en cumplir el Acuerdo de Paz. Reflexión urgente para el gobierno que empieza, apenas oportuna ahora que el Acuerdo cumple los 6 años.
