El presidente Juan Manuela Santos por medio de una alocución le informo al país y a su equipo negociador en la Habana-Cuba prepararse para discutir un cese bilateral al fuego entre las partes enfrentadas, esa decisión tuvo un fuerte eco al interior de la opinión pública, donde amplios sectores de la sociedad civil respaldan esta medida en aras de evitar más derramamiento de sangre por parte de quienes combaten desde diferentes posiciones e ideas. Obviamente no faltaron las críticas y pugnas políticas de la “oposición” Uribista.
Pero cesar las balas no es garantía frente al conflicto social, político y armado que vive el país, mientras se acuerda este punto, en las altas esferas del poder político se continua con las reformas y proyectos que en varias ocasiones han sido denunciados por varios congresistas realmente opositores, como el proyecto de baldíos, el fuero penal militar, la reforma política, entre otros. En este sentido también cabria agregar que mientras se tiene una retorica de paz que se expone en diferentes escenarios internacionales, aquí los avatares de la guerra y la arremetida contra la población civil es inminente.
Lo anterior no es más que una breve introducción para plantear varias ideas, en primer lugar no solo se mantiene la confrontación armada entre los distintos actores y en lugares donde más se acentúa el conflicto es donde existen situaciones que involucran muchos aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de pactar un cese bilateral; amplias zonas del país siguen anclando su economía local al cultivo de plantas que en el marco de los acuerdos y las leyes gubernamentales han sido declaradas ilícitas, pero ninguna planta es ilícita ni puede ser judicializada, lo ilícito es el fin con que es utilizada, esa es la primera claridad.
El segundo aspecto es que quienes poseen los cultivos de hoja de coca, campesinos, colonos, indígenas y afrodescendientes de zonas históricamente desprovistas de las instituciones gubernamentales, que en la mayoría de casos son recolectores de estos cultivos (raspachines), o propietarios en un área máxima de media o una hectárea no pueden ser vistos en el imaginario social como “narcotraficantes”, en este orden de ideas la confrontación armada viene acompañada de situaciones que muchas veces pasan desapercibidas por la opinión pública, como es el caso de la aspersión aérea de glifosato para la erradicación de dichos cultivos, implementada en el país desde antes del año 2000, oficialmente instalada por el “Plan Colombia”, acuerdo binacional, con los EUA.
Para la época en que dicho plan empezó a implementarse se le fue destinado unos objetivos y un presupuesto en los que se destaca, la profundización de la democracia, los derechos humanos y el respeto al medio ambiente, donde las siguientes cifras señalan como se empezó a operar, “El 80% del gasto se ha destinado a aspectos de carácter militar, sobre todo a combatir la insurgencia de los grupos guerrilleros; sólo el 20% se ha invertido con fines sociales. Ha dado prioridad igualmente a la erradicación de cultivos ilícitos de coca y amapola mediante fumigaciones aéreas, fundamentalmente en la región sur del país. No obstante, los medios utilizados y las consecuencias sociales y ecológicas derivadas se han convertido en un factor de creciente descontento entre la población, seriamente afectada en su integridad y en sus derechos.” (Mattié, 2003)
En el país la lucha contra insurgente se puso la máscara de plan Colombia bajo las banderas de combate al Narcotráfico en muchas de las aéreas carentes del estado, donde han operado los grupos insurgentes. Fue allí donde los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola proliferaron, una cuestión es que el conflicto en este país tenga unas razones históricas y otra es creer que el conflicto nace en la disputa por el control del mercado de productos derivados de la coca o la amapola. De esta manera se fue utilizando agroquímicos producidos por transnacionales como Monsanto para tener una mayor efectividad y mejores resultado en la disminución de las áreas sembradas; pero a la fecha después de más de una década de Plan Colombia los cultivos se mantienen, de iguala manera en mayor o menor proporción, es una situación problemática que sigue colonizando más espacios destinados a reservas forestales, parques naturales, zonas vírgenes de pie de monte o selva amazónica y así como se desplacen los cultivos haya llega la avioneta.
UNODC en su último informe señala que “en 2013 se mantiene la tendencia a la reducción en gran parte del país pero contrastando con una fuerte tendencia al incremento en los núcleos de coca con mayor tradición. El departamento de Nariño, donde se encuentra el 27% de la coca, sigue siendo el más afectado por la presencia de cultivos de coca. Más de la mitad (56%) de todos los cultivos de coca en el país se encuentra en 3 departamentos: Nariño, Norte de Santander y Putumayo. El 82% de la coca está en solo 6 departamentos.”
Y para continuar en la disminución de los cultivos plantea que “La sostenibilidad dependerá de que las comunidades locales encuentren alternativas lícitas viables que se traduzcan en el mejoramiento de la calidad de vida y el ejercicio de los deberes y derechos”.
Miles y miles de hectáreas fumigadas por todo el territorio nacional, ¿pero que consecuencias trae a la salud humana, las especies vegetales y el medio ambiente?, que no son tenidas en cuenta para que la “fumiga” entre también en un cese, o como señalaría cualquier campesino cultivador cocalero en cualquier región del país, "lo que sí afecta al medio ambiente son las fumigaciones indiscriminadas que realiza el estado porque esas si no fumigan únicamente lo que es la hoja de coca sino que fumigan todo hasta las mismas personas, son víctimas de la discriminación, como el estado viene y fumiga nuestros campos,(…), el gobierno criminaliza la planta de coca y nosotros entendemos que cuando criminaliza una planta esta criminalizando la naturaleza misma, entonces eso no es justo y a través de que criminaliza la coca y supuestamente hace aspersión aérea a los cultivos de coca, no solo afecta los cultivos de coca sino que afecta las aguas, los animales, de hecho cuando hay fumigación la mayoría de niños sufren de diarrea, adultos fiebres, las fumigaciones realizadas por el estado, nos afecta en muchos campos como la salud, lo económico en todo de hecho”
Hay que señalar que los elementos químicos que contiene el Glifosato como agentes surfactantes (activos en superficie) como el cosmo flux o Roundup son herbicidas que en concentraciones mayores a las utilizadas para eliminar malezas (1%) son altamente reactivos, caso que en Colombia ha arrojado varias consecuencias científicamente estudiadas como las alteraciones al material genético en células humanas, enfermedades de la piel, malestares digestivos, vómitos, nauseas, diarreas, abortos espontáneos y sin una certeza sobre el tema posibles casos asociados al cáncer, producto de los elementos contenidos en el Glifosato. Consecuencias que alimentan el conflicto.
Cesar las fumigaciones en el 2015, implementar acuerdos entre los cocaleros y las instituciones, permitir la apertura de planes sostenibles que no sean quimeras, entender al cultivador como sujeto político y no como delincuente aportaría en gran medida a la construcción de una agenda de país en miras a un post-acuerdo, finalmente mientras no haya formas estables de acceso a los derechos fundamentales, bienes y servicios, en salud, educación, movilidad, comercio de productos agrícolas lícitos, la hoja de coca en muchos lugares del país será la única alternativa de sobrevivencia, sin dejar de lado que en la cadena productiva de las drogas ilícitas los eslabones mas débiles recaen en el productor y el consumidor.
