El Gobierno ya tiene en su poder los contratos firmados por el gobierno de Iván Duque con los dueños de AIR-E y AFINIA y abusivamente protegidos con cláusulas de confidencialidad. Así lo confirmó el 20 de octubre el Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, en una reunión con líderes de los usuarios de servicios públicos en la Universidad Reformada de Barranquilla.
El mismo presidente Gustavo Petro afirmó dos días después en Barranquilla que se trataba de contratos leoninos relacionados con los problemas tarifarios del servicio eléctrico en esta región, pero afirmó a renglón seguido que él aún no los conocía. Tampoco le ha revelado el contenido a la ciudadanía, no se sabe por qué razón.
El telón de fondo de la polémica está relacionado con las impagables tarifas eléctricas que lesionan gravemente a más de once millones de costeños y al sector empresarial y que desencadenaron protestas masivas el 9 de noviembre en los siete departamentos de la Costa.
Hace un año, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República por lesión enorme a la Nación y a los habitantes de la Región Caribe. Según el artículo 1947 del Código Civil, “el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende”.
El daño se tipificó en la venta de los activos de Electricaribe en Atlántico, Magdalena y La Guajira por parte de los dueños de CaribeSol y/o AIR-E, que pagaron, según la página internet de Enerpereira –uno de los nuevos dueños– la irrisoria suma de $285.000 millones de pesos, cuando la CREG en la Resolución 078 de 2021 avaluó los mismos activos en $2,44 billones de pesos. Esta es ahora la base de la tarifa del servicio eléctrico en los tres departamentos, que se elevó en forma exorbitante.
La compra de los activos se hizo por el 11% del avalúo real, lo que pone en evidencia la lesión enorme.
Sobre esta denuncia, la Contraloría General de la República le respondió el 26 de octubre al coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa, Norman Alarcón, lo siguiente: “De acuerdo a los revisado en pronunciamientos de la Contraloría General de la República se aconseja sugerir una auditoría especial precedida de elementos de juicio de estirpes fiscales contables financieros [por lo de la confidencialidad siempre aducida de las directivas de Electricaribe S.A. en Liquidación] en las actividades auditorales ya que el ciudadano peticionario menciona la lesión enorme e involucra otros departamentos distintos al Atlántico en que se encuentra nuestra sede natural; por lo que bajo esta perspectiva y atendiendo la lógica más elemental, resulta absolutamente incontrovertible que para esta Agencia Fiscal constituye circunstancia de alto impacto una auditoría especial consecuente a los recursos involucrados por parte de la Nación y se recomienda tal realización”.
Más claro para dónde. El ente de control asume como de “alto impacto” esta presunta “lesión enorme” en la enajenación de los activos de Electricaribe llevada a cabo el 20 de marzo de 2020.
La Comisión V del Senado de la República hizo en el año 2020 importantes debates de control político sobre el problema tarifario y eléctrico en la Región Caribe, adelantados por los senadores Jorge Enrique Robledo y José David Name, quienes le solicitaron a la ministra de Minas y Energía de la época, María Fernanda Suárez, dar a conocer los contratos y el monto de la negociación. La funcionaria se negó, aduciendo que se trataba de un negocio entre privados y un secreto comercial.
¿Cómo puede ser un negocio entre privados si quedó estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955 de 2019, artículo 316?
No debe haber más dilación en la materia. Ya que el Gobierno del presidente Gustavo Petro reconoció que tiene en su poder los contratos firmados por el gobierno anterior con los dueños de AIR-E y AFINIA, la opinión pública, los entes de control y las fuerzas vivas de la Región Caribe son merecedores de conocer en toda su extensión dichos documentos, como también las cláusulas de confidencialidad.
Con ellos tendrían por fin claridad meridiana sobre el calibre de los presuntos negociados a fin de proponer los necesarios correctivos, por ejemplo, la derogatoria del régimen especial tarifario que proviene de dichos contratos y que tanto sufrimiento les ha ocasionado a millones de costeños.
