A cambio de no hacer efectivas las órdenes de captura libradas contra Marcio Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai, cerebros de una operación de pago de coimas que le permitió a Odebrecht ganar los contratos de la ruta del sol, el fiscal Daniel Hernández habría aceptado la promesa de sus pares brasileños de recibir una nutrida cooperación judicial para que las responsabilidades escalaran lo más alto posible.
Hernández cumplió la parte del acuerdo, y aparentemente a espaldas de sus superiores, se abstuvo de registrar en el sistema las capturas y de reportarlas a la Policía Internacional (Interpol) cuando supo que los tres brasileños habían abandonado el país.
Su contraparte no lo hizo y se limitó a compartirle información a cuenta gotas que en realidad no resultó relevante para el proceso.
La situación dejó expuesto al fiscal Hernández a caer en el delito de prevaricato, definido en la ley colombiana como una decisión manifiestamente contraria a derecho. En su caso esa decisión consistió en no proceder a fondo contra procesados envueltos en un cerco de evidencias incontrovertibles.
La propia fiscalía acaba de pasarle cuenta de cobro a Hernández, uno de los funcionarios más cercanos al fiscal durante la administración de Néstor Humberto Martínez Neira. Ahora, sentado en el banquillo, será imputado por prevaricato y por otros delitos relacionados con el mal manejo a detenidos y a personas que le ofrecieron colaboración real. Entre ellos estaría el ex congresista Otto Bula, el primer capturado después de que estalló el escándalo de Odebrecht en 2017.
Este tipo de pactos de inmunidad gestionados por autoridades brasileñas no son una práctica extraña. Fiscales de Ecuador y Perú los rechazaron en su momento por considerar que acuerdos de eso tipo estaban gobernados por la impunidad y representaban una amenaza a la soberanía judicial de sus países.
Wilson Toainga, fiscal coordinador de las investigaciones en Ecuador, advirtió en su momento que su país rechazó la propuesta condicionante de Brasil y atribuyó a ese hecho parte de los buenos resultados obtenidos. Gracias a ello la justicia ecuatoriana logró probar que el brasileño José Conciensao Santos Filho, superintendente de Odebrecht en Quito, le pagó 7 millones de dólares al entonces contralor general, Carlos Polit Fagioni, a cambio de que le borrará sus antecedentes fiscales.
