Cerca de mil campesinos acudieron al corregimiento Campo Dos de Tibú para participar en el tercer encuentro de familias que subsisten de la economía de la hoja de coca.
Este encuentro, que estuvo precedido por hostigamientos por parte de la Fuerza Pública y por un “inesperado” avance en labores de erradicación forzada, fue de gran importancia porque permitió escuchar al campesinado en el territorio con mayor presencia de cultivos de coca (previo a la instalación de la asamblea cocalera del Catatumbo) y reposicionar a la coordinadora nacional de cultivadores y cultivadoras de coca, amapola y marihuana (COCCAM) como una instancia de arraigo regional y con proyección nacional para incidir en la implementación de la Reforma Rural Integral y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Precisamente, una de las ideas sugeridas por los campesinos y que se podría configurar en una eventual “línea roja” de la COCCAM para la política de sustitución en la que viene trabajando el gobierno nacional, se encuentra en la propuesta de abandonar el esquema de erradicación total del PNIS y adoptar un modelo de gradualidad.
En plata blanca, esto implicaría permitir que la familia individualizada o en perspectiva de individualizar en el PNIS -o en cualquier otro programa de sustitución voluntaria- conserve una porción de los cultivos declarados ilícitos mientras el gobierno en cabeza de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras le garantiza las condiciones técnicas, económicas y logísticas suficientes para transitar de la coca hacia un proyecto productivo sostenible.
La discusión pinta interesante y polémica, pues le rompe el espinazo a la erradicación voluntaria de la primera fase del PNIS -en la cual la familia inscrita debe arrancar la totalidad de las matas del predio georreferenciado y garantizar la no resiembra- e implicaría crear un nuevo paradigma de sustitución, preferentemente más ajustado al avance en los proyectos productivos y a las exigencias de los cocaleros.
Esta propuesta también le metería presión al Congreso para la expedición de una ley sobre el tratamiento penal diferencial para cultivadores y cultivadoras de hoja de coca.
Sin duda, tiene sentido que los campesinos propongan un modelo de sustitución gradual y concertado, ya que, al basar su subsistencia en el cultivo de la hoja de coca, al arrancar la totalidad de los cultivos virtualmente están extinguiendo su única fuente de ingresos.
En la práctica, ese modelo de erradicación es un tipo de erradicación forzada, pues para que una familia acceda a la oferta del Plan de Acción Individual -subsidios y asistencia técnica- o al Plan de Acción Comunitario -desde los Planes Comunitarios Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo- debe sacrificar su única fuente de ingresos.
Asimismo, la gradualidad en la sustitución se torna más factible cuando se observa que a cinco años de su creación, el PNIS no ha cumplido con la meta de garantizarle a la totalidad de las familias inscritas un proyecto productivo que les permita acceder a una adecuada sustitución económica.
Sin embargo, la gradualidad también encierra puntos críticos que resultan bastante problemáticos. Me surgen tres preguntas:
1). ¿Cómo precisar los criterios temporales de equilibrio entre la sustitución y la asistencia técnica?,
2). ¿Cómo asegurar que la porción de hoja de coca conservada no será utilizada en el procesamiento de pasta base?
3). ¿Cómo se podrían formalizar esquemas productivos individuales o asociativos en predios con presencia georreferenciada de cultivos de coca?
La discusión apenas empieza y seguramente será intensa. Pero si la “guerra contra las drogas” implica cambiar el paradigma, ante el monumental fracaso del PNIS y el sistemático incumplimiento a las miles de familias que de buena fe creyeron en el Estado, el paradigma de la sustitución también podría cambiar.
Así la sustitución gradual convierta la hoja de coca en una nueva “moneda de cambio”.
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